Susana Villarán: las distintas caras de su accidentada vida política

Susana Villarán de la Puente, educadora y periodista, nació en Miraflores, en la provincia de Lima, el 16 de agosto de 1949. Tiene actualmente 69 años. Ha sido consultora de varias organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

Villarán fue ministra de la Mujer y Desarrollo Social, durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua, entre el 2000 y 2001; así como Defensora de la Policía del 2002 al 2003. Fue, además, candidata presidencial en el 2006 por la alianza Concertación Descentralista.

Luego en el 2010, postuló a la alcaldía de Lima por la agrupación Fuerza Social. Logró la victoria por sobre la experimentada Lourdes Flores Nano, candidata del Partido Popular Cristiano (PPC). Villarán fue alcaldesa de Lima para el periodo 2011-2014.

Uno de los momentos más difíciles de su gestión municipal ocurrió el 17 de marzo de 2013, cuando se realizó en la capital la consulta popular de revocatoria en su contra. Villarán fue ratificada en el cargo, pero un total de 22 regidores (20 de su entonces agrupación Fuerza Social y 2 de Solidaridad Nacional) tuvieron que dejar sus cargos por la decisión popular. Fue la primera alcaldesa de Lima en someterse a una revocatoria de vacancia.

En diciembre del 2013, Villarán tocó fondo al llegar al punto más bajo en su aceptación del público limeño. Según la encuesta de El Comercio, elaborada en Lima por Ipsos Perú, el 76% de los vecinos desaprobaba su gestión.

Pese a prometer durante el proceso de la revocatoria de marzo del 2013 que no intentaría la reelección municipal, en noviembre del 2014 postuló a la reelección para el periodo 2015-2018, por el movimiento Diálogo Vecinal. Susana Villarán terminó en el tercer lugar en dichas elecciones, con solo el 10% de votos.

La política le interesaba tanto como para integrar a inicios del 2016, la plancha del candidato presidencial del Partido Nacionalista, el ex general del Ejército, Daniel Urresti. A la vez, integró parte de la lista de candidatos al Congreso por ese partido. Sin embargo, debido a que Urresti no figuraba en las encuestas, los dirigentes del Partido Nacionalista decidieron retirar la candidatura del ex ministro del Interior del gobierno de Ollanta Humala. Y no solo la plancha presidencial sino también la lista completa al Parlamento. Villarán se quedó sin soga ni cabra.

Después llegaría el periodo de las denuncias contra la ex alcaldesa de Lima. El 15 de noviembre de 2016, la entonces ex alcaldesa Susana Villarán envió por escrito sus respuestas al pliego de preguntas que realizó la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República por el caso OAS y las presuntas irregularidades en la concesión del proyecto Línea Amarilla.

El 1 de abril de 2017, la Procuraduría ad hoc del Caso Odebrecht informó que el Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en delitos de corrupción de funcionarios acogió su pedido para reabrir una investigación preliminar -que había sido archivada anteriormente- contra la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

El asunto legal empezó a complicársele aún más a la ex alcaldesa de Lima. El 3 de mayo del 2017, Susana Villarán rechazó haber recibido algún tipo de coima de parte de Odebrecht, luego que se reportara que apareció un presunto registro de sobornos que ya estaba en manos de la fiscalía de Brasil y donde se reportaba un pago de US$291.700 vinculado a la empresa concesionaria Rutas de Lima.

Villarán se defendía, reiteraba su inocencia en cada oportunidad. El 28 de agosto de ese mismo año, tras una denuncia el día anterior en un programa de televisión, negó haber modificado con un acta de trato directo el contrato del proyecto Línea Amarilla para beneficiar a la empresa brasileña OAS reconociéndole una compensación de S/3.5 millones a través del incremento de peajes.

Y volvió a negarlo todo el 4 de setiembre del 2017 ante la comisión Lava Jato del Congreso. Allí rechazó haber recibido sobornos o pagos ilícitos de parte de empresas extranjeras o peruanas. A fines de noviembre del mismo año, su situación legal se complica aún más: el 23 de ese mes, el empresario brasileño Valdemir Garreta asegura haber recibido US$ 3 millones de constructoras Odebrecht y OAS como pago por la publicidad y asesorías brindadas en la campaña por el "No" a la revocatoria de Susana Villarán.

Al día siguiente, el 24, el Equipo Especial Anticorrupción del Caso Lava Jato, liderado por el fiscal Hamilton Castro, solicitó al Poder Judicial que se levante el secreto bancario y de las comunicaciones de la ex alcaldesa de Lima. Y el 27, el Poder Judicial aprueba además el pedido de la Fiscalía para impedirle la salida del país durante ocho meses, en tanto se investiga el origen del dinero con que apoyaron su campaña de No a la revocatoria en el 2013.

El 1 de marzo de 2018, Jorge Barata, ex representante de Odebrecht, aseguró al fiscal Castro haber entregado -a través de Valdemir Garreta- tres millones de dólares para financiar la campaña por el No a la revocatoria de Susana Villarán (2013).

El 5 de abril de ese año, el Ministerio Público realizó un allanamiento de los dos inmuebles vinculados a Villarán en Miraflores y Lurín. La diligencia más provechosa fue la realizada en playa Arica, en Lurín, donde se halló una agenda, recibos y discos con información financiera. Entre lo hallado, hubo un recibo de una transferencia interbancaria realizada el 23 de junio del 2016 desde una cuenta en dólares de José Miguel Castro Gutiérrez.

El 27 de abril del 2018, el Equipo Especial de la Fiscalía para el Caso Lava Jato allanó la casa de la ex alcaldesa Villarán y de su ex gerente municipal José Miguel Castro. Hallaron documentación sobre coordinaciones respecto a la campaña de la revocatoria.

Desde junio de 2018, Villarán ha pasado sus días visitando el despacho de la Fiscalía y respondiendo por los presuntos aportes a su campaña de revocatoria y reelección. Hoy tiene a la vista 18 meses de prisión preventiva.