Gobiernos regionales y municipios no ejecutaron S/371 millones de su presupuesto para evitar desastres naturales

20/02/2023 17H46

La actual temporada de lluvias viene causando estragos en la sierra central y sur del país. El deslizamiento ocurrido el 7 de febrero en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel (Arequipa) dejó 18 fallecidos, 20 heridos y 496 viviendas destruidas, según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Sin embargo, el saldo de pérdidas podría aumentar en las próximas semanas. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Gestión de Riesgo de Desastres (Cenepred) estima que hasta fines de marzo unos 3,8 millones de peruanos que viven en 20 regiones estaban en riesgo “alto” o “muy alto” ante ambos fenómenos.

La velocidad de gasto de los recursos para evitar desastres naturales no ha sido óptima. Durante el 2022, los gobiernos regionales y locales –considerados actores de primer orden en la prevención de riesgos– invirtieron conjuntamente S/909,7 millones de los S/1.280,7 millones disponibles; es decir, no lograron ejecutar S/371 millones de sus fondos destinados para este fin, cifra que equivale al 29% del total.

Dichos fondos pertenecen al programa presupuestal 068 del MEF, que permite planificar acciones preventivas ante emergencias o catástrofes naturales. El gobierno Central, por su parte, invirtió S/818 millones de los S/903 millones que tuvo a su cargo, con una ejecución del 90%.

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La ejecución presupuestal fue menor en jurisdicciones altamente vulnerables o que antes fueron afectadas por El Niño costero. En Arequipa, una de las regiones más golpeadas en las últimas semanas, el gobierno regional y los municipios ocuparon los últimos puestos en ejecución del pliego 068 e invirtieron solo dos tercios de los recursos asignados. La ineficiencia de ambos niveles de gobierno también se observa en Piura, Ica y Áncash. En esta última región, el 20% de su población está en riesgo “muy alto” de sufrir el embate de las lluvias.

Los distritos de Lima Metropolitana gastaron en promedio S/8 de cada S/10, pero las zonas más vulnerables tienen bajos montos por persona asignados para prevención. En Comas, Carabayllo, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo se invierte menos de S/1 per cápita.

Tarea pendiente

¿Qué acciones deben tomar las nuevas autoridades para reducir el impacto de las lluvias? Mary Mollo, profesora de ESAN Graduate School of Business y especialista en gestión de riesgo de desastres, considera necesario enfocar el gasto en proyectos que garanticen soluciones integrales al manejo de cuencas, y que exista más fiscalización para que alcaldes y gobernadores cumplan sus funciones.

“En las competencias de regiones y municipios está dirigir el sistema de riesgo de desastres. Es responsabilidad de estos últimos tener un plan de desarrollo urbano que debe determinar los usos del suelo para dar licencias de construcción y establecer zonas de riesgo no mitigable que no puedan ser habitadas”, explica.

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Mollo añade que las nuevas gestiones ediles podrían modificar el pliego 068 en función de las necesidades territoriales y de la población. “La descolmatación [de ríos] es solo un parche. Necesitamos tratamientos integrales de las quebradas y reubicar a la población. En atender emergencias gastamos siete veces más por cada sol que invertimos en prevención”, opina.