(Foto: El Comercio)
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Iván Álvarez Arredondo

El último jueves se inició un nuevo capítulo de la controversia entre el Estado y . Ese día, el consorcio presentó una solicitud ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) para empezar un proceso de arbitraje por el contrato de concesión del proyecto del .

El consorcio ya había anunciado en febrero pasado que recurriría a un arbitraje internacional para resolver las diferencias contractuales.

Según explicó , ex presidenta de Ositrán, el Ciadi deberá definir si tiene competencia en la controversia. Esto puede demorar entre tres y seis meses, y luego empezaría el arbitraje si se acepta la solicitud. 

En este contexto, ¿cuáles son los argumentos que tiene el Estado para enfrentar un arbitraje por Chinchero? El Comercio buscó la posición del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), pero la entidad evitó pronunciarse debido a que –según dijo– aún desconoce los sustentos que ha presentado Kuntur Wasi ante el Ciadi.

Para el ex ministro de Economía , será fundamental emprender una defensa basada en los incumplimientos del consorcio previo a la firma de la adenda debido a que, en su opinión, el contrato original del proyecto cautela los intereses del Estado. 

"Si el Estado quiere tener una defensa sólida, debe recordar los incumplimientos que se dieron previo a la firma de la adenda. Por ejemplo, las propuestas y documentos vinculados al financiamiento del proyecto para que los árbitros internacionales lean que hubo mala fe por parte del concesionario. Entonces, será importante remontarse a todos los antecedentes para poner en evidencia las ofertas temerarias que presentó Kuntur Wasi", comentó Segura.

"Se trata de establecer credibilidad y reputación", añadió.

A su turno, Benavente dijo que será complicado que el Estado pueda demostrar que resolvió el contrato de concesión por una causal de interés público. Esto debido a que se firmó el contrato de concesión y luego avaló una adenda, la misma que modificó la estructura de pago y el esquema de riesgo del contrato.

"Kuntur Wasi dice que demanda al Estado por incumplimiento debido a que firmó un contrato de concesión, luego una adenda y después decidió resolver el contrato unilateralmente. El escenario es muy complicado para el Estado", sostuvo Benavente.

Cabe recordar que Benavente renunció a Ositrán luego de oponerse a la firma de la adenda en una votación en el consejo directivo del regulador, que perdió por dos votos contra el suyo.

Y ante una eventual pérdida en el proceso de arbitraje en el , Benavente dijo que debería pagar una indemnización de poco más de US$40 millones por los gastos que realizó el consorcio en el proyecto (daño emergente), entre 30 y 35 millones de dólares según ha informado la propia compañía, y la garantía de US$8 millones por la resolución del contrato.

"Kuntur Wasi no tiene derecho a pedir un pago por lucro cesante porque el contrato expresa textualmente que si se resuelve antes de operaciones, no corresponde, mas sí daño emergente. El contrato es claro", acotó.