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La entrega de bonos o subsidios para grupos impactados por la pandemia ha representado un importante componente del gasto social efectuado por el Gobierno. Desde el inicio de la gestión de Pedro Castillo, se han transferido más de S/6 mil millones hacia distintos ministerios para la entrega de estos recursos, casi todos con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
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Entre los más importantes figuran el bono Yanapay, destinado a las personas en pobreza, pobreza extrema o beneficiarios de programas sociales, y cuya entrega ha estado a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS); el Bono 210, destinado a trabajadores formales públicos o privados con ingresos mensuales menores a los S/2 mil, así como el bono Wanuchay y el bono Agrario, enfocados en la ayuda de los pequeños productores agrarios.
Yanapay fue el primer programa anunciado e implementado por el Ejecutivo y demandó una inversión de más de S/5 mil millones en la segunda mitad del 2021, cifra que representó el 39% del presupuesto del Midis para el mismo período. A la fecha es el programa de subsidios con más beneficiarios, ya que su público objetivo bordea las 13 millones de personas [ver cuadro].
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La entrega del bono 210 representa el primer programa orientado al sector perteneciente a la PEA ocupada y es el segundo con mayor cantidad de beneficiarios (3 millones), que principalmente radican en ciudades. Asimismo, también cuenta con un monto menos significativo en comparación con Yanapay (S/667 millones) que representa solo un 23% del presupuesto del sector trabajo, encargo de gestionar su entrega.
Los recursos para el bono Wanuchay fueron aprobados a mediados de diciembre y estarán dirigidos solo al sector rural. Según la norma que lo aprueba, este instrumento buscará reducir el impacto negativo en la economía de los pequeños productores que tengan menos de 2 hectáreas. Cabe señalar que esta medida está complementada por una subvención adicional para la compra de fertilizantes a través del Fondo AgroPerú, al cual se transfirieron S/251 millones.
Nuevos bonos anunciados
Los instrumentos de ayuda económica también continuarán en el 2022. Por ejemplo, a fines de enero el Ministerio de la Producción (Produce) anunció la entrega de S/1 mil los afectados por el derrame de crudo ocasionado por la empresa Repsol en el terminal de Boyas N°4 de la Refinería La Pampilla. Según información preliminar, se abonaría en los próximos tres meses y podría atender hasta 100 mil pescadores y trabajadores de otros rubros afectados por el desastre ambiental ocurrido el pasado 15 de enero.
Para Carolina Trivelli, extitular del Midis, hoy –pese a que la pandemia aún no termina– la situación de emergencia ya no es generalizada.
Apuntó que, en el 2019, el presupuesto inicial del Midis fue de S/4.500 millones y el presupuesto modificado fue de S/5.000 millones. Es decir, el presupuesto anual de todo un ministerio hace dos años es casi equivalente a lo que este gobierno destinó en seis meses. “Ahí te das cuenta de la desproporción de lo gastado. Los recursos disponibles para ayuda deben usarse con el fin de compensar situaciones complejas”, dijo Trivelli.
Coincidió con ello Manuel Barrón, docente de Economía de la Universidad del Pacífico. “El bono para los pescadores afectados tiene sentido. Ahora, la afectación del derrame tomará tiempo en recuperarse. Sin embargo, debe haber un empadronamiento previo”, explicó.
Tanto Trivelli como Barrón apuntaron que si se busca mantener una política de subvención, el camino es ampliar los programas Pensión 65 o Juntos.
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