Hay que buscar distintas fórmulas que promuevan la participación del sector privado en los proyectos de infraestructura, y así cerrar la brecha, apunta Cáceda.
Hay que buscar distintas fórmulas que promuevan la participación del sector privado en los proyectos de infraestructura, y así cerrar la brecha, apunta Cáceda.
Juan Carlos Cáceda

[Juan Carlos Cáceda es socio de BDO Consulting]

La , a pesar de que las entidades del Estado indican que invierten en obras de manera continua. Da la impresión de que parten de la premisa de que estas acciones son un avance sustantivo en la reducción de brechas.

Esta lógica no es correcta, si consideramos que la brecha de infraestructura y servicios públicos se viene incrementando progresivamente y con mayor énfasis en los casos donde no se invierte en mantenimiento, así como en asegurar la operación de la inversión.

Cuando se piensa en efectuar una inversión pública tradicional en el marco de la Ley de Contrataciones, suele pensarse –básicamente– en invertir en la infraestructura y el equipamiento, pero no necesariamente en considerar el mantenimiento y la operación.

La provisión de servicios públicos que se ofrece en el marco de la operación de un proyecto de inversión, suele ser brindada por el sector privado, siempre y cuando las reglas de su contrato sean claras, sostenibles y tengan bien definidos sus incentivos, para proveer con calidad el servicio público que la ciudadanía espera.

Sucede en los hospitales. Por ejemplo, por la Ley de Contrataciones se construyen grandes nosocomios, se adquieren los mejores equipos, se inaugura la obra y, a los meses, se observa que la calidad de los servicios públicos no necesariamente mejora.

Es común ver que algunos de los equipos recientemente adquiridos o de poco uso no funcionan, pues no se les realizó el mantenimiento preventivo oportuno. Asimismo, se observa que se forman grandes colas en los puntos de atención, pues no cuentan con el personal suficiente y preparado, lo cual es una deficiencia en la operación del servicio.

Es importante que el Estado se enfoque más en la calidad de la provisión de los servicios públicos que en indicadores de ejecución de inversión pública o inauguraciones de obras, cuando se pretende medir la efectividad o la calidad de la gestión del Gobierno.

En ese contexto, son importantes las asociaciones públicas y privadas (APP), pues se enfocan en mirar la sostenibilidad de un proyecto, no solo en la infraestructura inicial, sino en cuanto a definir la subsistencia y la operación del servicio que se brindará.

Dado que en las APP se establece desde el inicio el objetivo de la inversión de manera clara e integral y se evalúa quién es el más idóneo para ejecutarlo, si es público o privado, es de hecho un mecanismo más eficiente y con mayor probabilidad de éxito que conlleva a proveer mejores servicios públicos.

Considero que el Gobierno debe impulsar con mayor énfasis las APP, para promover una participación más activa del sector privado, ya que las mismas pueden resultar atractivas como negocio, en la medida en que se estructuren correctamente.