Chavimochic III: ¿Cuáles son los pasos que faltan para el destrabe del proyecto?

El 19 de abril pasado ambas partes acordaron un plazo de 60 días hábiles para la elaboración de una adenda al contrato que permita al concesionario reiniciar las obras en la Presa de Palo Redondo, la primera etapa del proyecto. Este cronograma puede ampliarse por 30 días adicionales. Una vez aprobado el documento, la presa se terminaría de construir en 18 meses.

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Hoy, el comité técnico del Midagri se encuentra revisando el borrador de la adenda que presentó el Consorcio Chavimochic, así como una segunda propuesta presentada por la propia cartera.

Para Edilberto Ñique, gerente del Proyecto Especial Chavimochic (PECH), las negociaciones se encuentran encaminadas para que próximamente se pueda presentar un documento final.

“Aún no puedo revelar los detalles, pero los términos de la adenda se basan en la adecuación del contrato de concesión a la situación vigente. Por eso se tienen dos borradores, para que se tengan identificados todos los temas sobre los que tiene que regir la adenda. No es sencillo, pero se está trabajando"

Edilberto Ñique, gerente del Proyecto Especial Chavimochic (PECH) en entrevista con El Comercio.

Uno de los puntos a especificar es la manera en que el concesionario intervendrá la infraestructura que lleva cinco años paralizada. La empresa se comprometió a reiniciar y culminar las obras sin incurrir en gastos mayores a lo estipulado en el contrato.

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“Por experiencias pasadas, tener una infraestructura cinco años paralizada sí o sí generará un impacto en ella. Tanto el Gobierno y como el concesionario deberán analizar cuál es su estado actual y establecer los mecanismos contractuales que permitan la continuación de las obras y culminación del proyecto. La preocupación del Estado tiene que ser que se cuenten con estudios técnicos y financieros que demuestren que la infraestructura no tendrá problemas al ser intervenida nuevamente”, explicó Francisco Ibazeta, asociado principal del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.

Asimismo, este aditivo al contrato delimitará en qué etapas intervendrá el concesionario. Las negociaciones entre el Midagri y el Consorcio Chavimochic solo contemplan la finalización de la Presa de Palo Redondo, mas no de las siguientes etapas del proyecto. Estas son la construcción del canal madre que traslade el agua de regadío entre las tres provincias del proyecto, la instalación de la tercera línea de tuberías en Sifón y del sistema de control y automatización de aguas. Sumando todos estos puntos, Chavimochic III tiene una inversión total de US$715 millones, según indica el PECH.

Cabe recordar que el consorcio obtuvo la buena pro de la concesión en diciembre del 2013. Desde ese entonces hasta diciembre del 2016, se avanzó en aproximadamente el 70% de Palo Redondo. En ese mes el concesionario detuvo las obras aduciendo un incumplimiento de contrato del concedente, el Gobierno Regional de La Libertad. Según denunció la empresa, la entidad no le entregó terrenos correspondientes a las siguientes etapas del proyecto en los plazos estipulados.

En 2019, Odebrecht confirmó que hizo dos pagos por casi US$500 mil destinados al proyecto Chavimochic. Estos fueron entregados en marzo y mayo del 2014, meses después de la brasileña junto a Graña y Montero (hoy Aenza) se adjudicaran del proyecto. Las dos empresas se encuentran en un proceso de colaboración eficaz con la fiscalía por el pago de sobornos para obtener la buena pro en obras públicas.

Ambas partes deben de consensuar que la nueva intervención se dará únicamente para la finalización de la presa. Los siguientes pasos se acordarán después de la aprobación o negación de la adenda, indicó el Midagri al iniciar las negociaciones.

Laudo arbitral

Debido al presunto incumplimiento de contrato, el Consorcio Chavimochic presentó una solicitud de arbitraje contra el Estado ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI). El proceso inició en marzo del 2017 y la demanda está valorizada en más de US$124 millones.

Como parte de las negociaciones, ambos solicitaron a la entidad internacional que suspenda la lectura del laudo mientras se decide la aprobación -o no- de la adenda.

“El acuerdo firmado el día 19 de abril del 2022 es solo para la ampliación del plazo de la emisión del laudo arbitral. En ese lapso, se permite evaluar y analizar lo más conveniente y favorable para el Estado de las diversas posibilidades jurídicas y justificatorias para la continuidad de la obra”, señaló el Midagri en un comunicado enviado a este Diario en abril pasado.

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Según Ñique, los representantes del consorcio ya habrían indicado que si se llega a un acuerdo desistirían de sus pretensiones económicas solicitadas en el arbitraje.

“El concesionario indicó las medidas que tomará para el reinicio de las obras, como renunciar a sus exigencias económicas del arbitraje de US$124 millones, así como el cobro de algunos sobrecostos que se pudieron generar en los últimos cinco años”, aseguró.

“Todo desistimiento es por voluntad de la parte, por tanto, la empresa evaluará y tomará su decisión”, señaló el Midagri en el referido comunicado.

Este Diario pudo corroborar con otra fuente con conocimiento de las negociaciones, que OEC como cabeza de la concesión ya habría aceptado desistir del arbitraje en caso se suscriba el documento.

“En ese sentido el concesionario está apoyando bastante para llegar a un acuerdo final en el corto plazo”, remarcó Ñique.

Cuestión de plazos

Desde el 19 de abril pasado inició la carrera contra el reloj: ambas partes tienen como máximo 90 días hábiles para elaborar la adenda y recibir la aprobación de Proinversión, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la Contraloría.

En el proceso pueden ocurrir dos situaciones: que la adenda pase por todos los filtros y sea aprobada o que ambas partes desistan de las negociaciones y el proyecto vuelva a estar paralizado. En este segundo caso también se podría dar una resolución del contrato.

De momento, la opción más factible es la primera, aunque dependerá de la voluntad de los funcionarios que encabezan las gestiones. “En el Perú la voluntad política es un tema muy importante. En las últimas semanas o en el último mes hubo avances tanto por la voluntad del [actor] público como del privado y ellos mismos acordaron este plazo de hasta 90 días para negociar”, resaltó Giuseppe Galluccio, gerente senior de EY Law.

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“Las entidades deben de planificar para tener todo listo dentro de los 60 días hábiles. Dudo que digan que próximamente estará la adenda si no fuera así”, indicó María Andrea Hernández, economista del Consejo Privado de Competitividad.

Más allá de esta voluntad de las partes, cumplir con el proceso no será sencillo, pues los tiempos de análisis, subsanación de observaciones y aprobación por estas instancias puede llegar a expandirse en más de un mes.

“[La opinión de Contraloría] es un riesgo transversal en todos los proyectos de inversión, pero ese es su trabajo. Si hay algo en detrimento del Estado que corregir, tiene que advertirlo y ambas partes tienen que alinear el contrato. Pero si hay una voluntad de Contraloría de fiscalizar rápidamente no habría problema”, añadió Galluccio.

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Asimismo, los especialistas advirtieron que un eventual cambio de las cabezas en los ministerios involucrados sería un riesgo, porque los nuevos funcionarios podrían retrasar los procesos.

“Para que se apruebe y suscriba la adenda en 90 días hábiles tendrá que existir definitivamente un involucramiento y buena voluntad de todas las partes. [...] Lo anterior, sin considerar que en ese plazo se produzcan cambios en el gabinete o en el Midagri que generen más retrasos en el proyecto”, afirmó Ibazeta.

El Comercio buscó la versión de OEC, pero el área de prensa de la empresa indicó que no darían declaraciones.

Empleos e inversión

El proyecto agrario Chavimochic III tendrá una serie de efectos inmediatos tanto en la dinamización de la inversión pública como en la cantidad de empleos generados. Solo las obras de la Presa de Palo Redondo demandarían más de US$100 millones que serían ejecutados en los 18 meses posteriores desde su reanudación. También generaría 50 mil empleos, según el PECH.

Según Hernández, una vez se culminen las otras etapas, se podría atraer inversiones por hasta US$2.200 millones.

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“Lo más importante es que comenzarán a generarse beneficios que hoy se están dejando de recibir por todos estos años en los que la obra está paralizada. Por ejemplo, las inversiones privadas podrían ascender a US$2.200 millones. Además, se generaría S/1.000 millones en producción anual de alimentos”, afirma.

Asimismo, añade que una vez culminado el proyecto se generarían otros 66 mil empleos formales nuevos.

De momento no se conoce cómo se realizarán las obras posteriores a Palo Redondo. El Midagri indicó una vez iniciado el proceso que se “analizaría” cuáles serían los pasos a seguir con las etapas restantes de la concesión.

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Para Hernández, el Consorcio Chavimochic debería ser la primera opción para continuar con las obras debido a que cuenta con el mayor conocimiento del estado de las mismas.

“Existe un mayor acercamiento entre el Midagri y el concesionario. También ellos tienen el ‘know how’ y la información más detallada del proyecto y de su situación actual”, resalta.