(Foto: Archivo)
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Juan Carlos Odar Zagaceta

Cuando una crece por debajo de su ritmo potencial, la aplicación de políticas económicas expansivas ayuda a reactivarla. En el caso de la política fiscal, bajos niveles de déficit y de deuda pública facilitan adoptar medidas de impulso a la actividad económica, las cuales pueden tomar la forma de mayores gastos o de menores ingresos públicos (es decir, una reducción de ).


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La economía peruana está creciendo este año por debajo de su ritmo potencial de 3,7% (cerró el 2018 en 4%, pero a julio la expansión anualizada ha retrocedido hasta 2,7%) y la posición fiscal del país da margen para estimular la economía. Aunque sería de esperarse que la política fiscal sea notablemente expansiva, ese no parece ser el caso actual.

Los ingresos han crecido como porcentaje del PBI. La recaudación tributaria acumulada en 12 meses pasó de 14,5% a 14,7% del PBI entre diciembre y agosto. Ello se debe principalmente a mayores montos logrados por IGV de origen interno, impuesto a la renta a personas naturales e ISC a productos diferentes de los combustibles; mientras cayeron los ingresos por regularización de impuesto a la renta e IGV a las importaciones.

Por su parte, los ingresos no tributarios subieron en el mismo período de 4,8% a 5% del PBI. Mientras el aumento se debió sobre todo a recursos propios y transferencias, así como a contribuciones sociales, los ingresos por canon y regalías retrocedieron. Cabe destacar que casi una cuarta parte del aumento por este concepto se debió a la mayor recaudación obtenida por los gobiernos locales.

En cuanto a los gastos fiscales, estos hasta han retrocedido ligeramente, de 20,2% a 20,1% del PBI. Más aun, mientras los corrientes se han mantenido en 15,3% del PBI, los de capital han pasado de 4,9% a 4,8% del PBI. Eso sí, mientras el gobierno nacional ha incrementado su inversión, de 1,5% a 1,6% del PBI, ha retrocedido tanto la formación bruta de capital de los gobiernos regionales como la de los gobiernos locales.

Lo que viene pasando pone de manifiesto dos problemas generados por el proceso de descentralización iniciado en los primeros años de este siglo: por un lado, la reducción de la capacidad de realizar políticas contracíclicas; por otro, se descentralizó el gasto, pero las fuentes de ingresos no. Como resultado, tenemos decisiones de gasto público atomizadas que hasta pueden ir en contra de la postura que busque el gobierno nacional. La solución no es evidente (ya se avanza con transferencias condicionadas), pero es otro tema para tener en cuenta en la discusión futura sobre la reforma del Estado.