Empresarios en política [Opinión]

Haber trabajado en una empresa, al parecer, descalificaría a Fernando Zavala para ser presidente del Consejo de Ministros, es lo que se deduce de las  declaraciones de parlamentarios de Fuerza Popular: “Me preocupa que se gobierne para los grupos transnacionales y no a favor del país”, dijo Cecilia Chacón, mientras que Héctor Becerril señaló: “Nos preocupa que se trabaje a favor de las grandes empresas y no a favor de las personas más humildes”.

El problema, posiblemente, para los parlamentarios es que Zavala haya trabajado para una empresa “grande” y “transnacional”; solo así se entiende el hecho de que no hayan opinado lo mismo de sus congresistas electos. Según sus hojas de vida, de los 73 congresistas de Fuerza Popular: 24 han trabajado en empresas privadas, hay desde empleados hasta gerentes generales y socios. ¿El resto? 1 es pastor y 48 que no consignan información. Lo mismo pasa en las otras bancadas.
Los parlamentarios electos centran su atención en el lugar equivocado. En lo que deberían concentrarse todos los partidos es en exigir la máxima transparencia en la gestión de todos los funcionarios públicos, más allá de dónde provengan, incluidos los parlamentarios. ¿O ya no recuerdan cómo el congresista Julio Gagó fue suspendido por 120 días después de que la Comisión de Ética concluyera que contrató con el Estado a través de una empresa suya? 
Como lo señalé en mi última columna, la ley de gestión profesional de intereses o ‘lobbying’ existe y fue dada para hacer transparentes las actividades de relacionamiento entre públicos y privados. Es decir, que los peruanos conozcamos con quiénes se reúnen estos dos sectores, qué temas abordan y cómo nos afectan a los ciudadanos. La ley no se cumple, pues, entre otros aspectos, los primeros (incluidos los parlamentarios) no cumplen con informar lo exigido.
Ojalá los congresistas empiecen siendo honestos por casa: ninguno debe formar parte de una comisión vinculada al sector al que su empresa o la empresa donde trabajó pertenece. La fiscalización debe ser para todos, desde el presidente hasta el último funcionario público, sin importar de dónde provienen.