¿Qué tan viable es llevar el gas natural a los hogares de la sierra y la selva?

Diez meses después del discurso presidencial en la ciudad de Huamanga (noviembre de 2021), en el que Pedro Castillo proclamó el “inicio de la masificación del gas natural para todos los peruanos”, es muy poco lo que se ha avanzado en este aspecto.

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De hecho, el proyecto de ley elaborado por el Ejecutivo (P.L. 679) para impulsar este proceso sigue detenido en el Legislativo a la espera de correcciones motivadas por la polémica inclusión (en el Pleno) de dos disposiciones que acotan el alcance de la norma y “la hacen inservible”, apunta Renato Lazo, director de Energía ConTacto.

No obstante esto, el viceministro de hidrocarburos, Juan Sánchez Izquierdo, dio a conocer la semana antepasada que el Minem ha presupuestado S/150 millones para iniciar la masificación del gas natural en Ucayali, Ayacucho, Junín, Huancavelica, Arequipa, Cusco y Puno, a partir de este año.

¿Significa esto que dichas siete regiones están a punto de recibir este ansiado combustible?

REDES PARA EL GAS

Los entendidos en el negocio del gas natural advierten que para llevar este energético a los hogares de la sierra central se necesita construir redes de transporte y distribución e implementar una ‘demanda ancla’ (industria o industrias) que pague esta inversión y la haga rentable para el concesionario.

“Para lograr esto, se requiere una industria muy grande que utilice el gas natural para su proceso productivo. Si no se implementa una y solo se va a masificar el gas para los domicilios, entonces, se requerirá el subsidio del Estado”, apunta José Mansen, experto en seguridad de hidrocarburos.

Y eso es, precisamente, lo que planea hacer el Gobierno, dada la inexistencia de grandes industrias en la sierra centro-sur.

Víctor Murillo, exviceministro de Hidrocarburos, explica que para financiar la construcción de redes el Gobierno está apostando a activar el Sise (Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos) y ampliar el Fise (Fondo de Inclusión Social Energético) a fin de que “puedan recibir otras contribuciones [como canon y regalías]”.

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Tal es lo que el P.L. 679, actualmente paralizado en el Legislativo, dispone.

Murillo asegura, sin embargo, que este escollo no es óbice para iniciar la construcción de redes con cargo al Fise, porque este fondo tiene “un poco de dinero para avanzar algunas obras”.

Por ejemplo, en Pucallpa (Ucayali) y Huamanga (Ayacucho), donde la construcción de redes de distribución de gas podría iniciarse “desde este año”, aprovechando que ambas ciudades cuentan con fuentes de gas cercanas.

“Esto se puede hacer porque la normativa actual permite trabajar al Fise con un presupuesto pequeño”, agrega.

Muestra de ello son los 220 kilómetros de redes construidos en Ventanilla y Carabayllo con este esquema en 2021, aplicación novedosa, a fin de cuentas, pues hasta hace poco se utilizaba solamente para financiar las conexiones domiciliarias.

“La construcción de redes con recursos del Estado [a costo hundido] es de vital importancia para acelerar la masificación del gas natural en todas las regiones. Recordemos que sin redes no hay masificación”, apunta Erick García, exdirector de general de hidrocarburos del Minem.

Lo que no se sabe es que empresa del Estado se va a hacer cargo de gestionar el desarrollo de estas redes en la sierra y en Ucayali.

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PETRO-PERÚ Y LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS

Una luz sobre eso la dio el viceministro de hidrocarburos la semana antepasada.

Durante su presentación en la Comisión de Energía y Minas del Congreso el funcionario reveló que Petro-Perú se ha comprometido “por escrito” a encargarse de la masificación del gas natural en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad (Ucayali).

En lo que respecta a las otras seis concesiones, indicó que estas podían ser asumidas por Petro-Perú o por las empresas eléctricas del Estado.

Día1 supo, en efecto, que tanto la petrolera pública como las distribuidoras de energía estatales han sido convocadas para “conversar sobre el tema y ver las alternativas que se pueden trabajar”.

En esa línea, trascendió que algunas empresas de distribución eléctricas no se consideran calificadas para distribuir el gas natural “en las condiciones actuales”, porque “no cumplen varios requisitos que exigen las normas de hidrocarburos” y porque su especialidad son “los sistemas aéreos y no los subterráneos”.

“Lo que podemos informar es que se va a preparar una evaluación porque recién nos ha llegado el requerimiento. Esa evaluación es necesaria para ver cuál es la mejor alternativa y cómo podemos ayudar”, indicó a Día1 un funcionario de una eléctrica estatal.

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Murillo considera, empero, que las distribuidoras eléctricas no tienen de qué preocuparse porque no se les pedirá que construyan las redes y las conexiones domiciliarias, sino que administren ambas actividades, las cuales serán ejecutadas por contratistas especializados.

“Es más, el Fise se encargaría de contratar a los expertos en gas natural, quienes se cobijarían en la empresa eléctrica y administrarían desde allí la concesión. En Lima hay varias empresas que quieren ir”, señala.

Precisa que ese fue el planteamiento que se iba a aplicar en Puno tres años atrás para llevar el gas natural de Bolivia a la localidad de Desaguadero, proyecto que se frustró por la renuncia de Evo Morales a la presidencia (en 2019).

RESTOS ARQUEOLÓGICOS

Pero allí no se acaban los desafíos operativos del proyecto Siete Regiones. Queda por resolver también el delicado asunto de qué hacer con los innumerables restos arqueológicos en locaciones como Huamanga y el Cusco, donde la construcción de redes subterráneas podría ocasionar daños irreparables al patrimonio cultural y evidentes demoras en el desarrollo de los proyectos.

“Los diseños de redes de gas son asuntos muy complejos y delicados. Sólo Cálidda ha encontrado en Lima cientos de restos arqueológicos. ¿Qué será en Cusco y Ayacucho?”, se pregunta José Mansen.

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Hace solo unos días en sus obras de desarrollo de redes en Carabayllo, los arqueólogos y contratistas de Cálidda encontraron “diez entierros humanos pertenecientes tanto a la cultura Chancay como a la cultura Huaura” con una antigüedad de casi mil años.

“[Retirar los restos arqueológicos] puede llevarnos dos, tres días, puede llevarnos una semana, como nos ha llevado meses y la obra civil espera ese tiempo para recuperar este importante legado”, explicó Cecilia Camargo, coordinadora de Patrimonio Cultural de Cálidda.

A la fecha, Cálidda ha encontrado más de mil restos arqueológicos en la capital.

La preservación del patrimonio cultural en la sierra centro-sur será una labor que el Minem, Osinergmin y las empresas especializadas en construcción de redes deberán realizar con sumo cuidado y, posiblemente, con financiamiento adicional.