La guerra por el gas se extiende al sur y norte del país

Los conflictos en torno a la masificación del uso del gas se multiplican. Primero fueron las contiendas surgidas en Ica y Piura por el control del sector industrial, y ahora le toca el turno a los departamentos del sur y norte del país, donde Fenosa (concesionario para el sur) y Promigas (concesionario para el norte) se ven enfrentados a los comercializadores de gas.

¿El motivo? El mismo que en los dos casos anteriores: la captación de las industrias, que financian la anhelada masificación del gas (distribución por redes de ductos al sector residencial).

LUCHA POR LAS INDUSTRIAS

El conflicto suscitado en las zonas norte y sur es, sin embargo, más complejo. Y es que las industrias de estas jurisdicciones ya son abastecidas de gas por media docena de comercializadores desde hace siete años (Clean Energy, Energigas, Neogas, EGP, Gascop, etcétera).

Ello, al amparo del D.S. Nº 057-2008-EM, que permitía la comercialización de gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuado (GNL), en tanto “no existan sistemas de distribución que aseguren el suministro a todos los consumidores”.

Pero esos sistemas ya están por arribar. Agosto y setiembre son los meses programados por Fenosa y Promigas para llevar el gas de Camisea a las industrias y viviendas del sur y norte.

El dilema, empero, es que ambos concesionarios no tendrán muchas industrias a las cuales conectar, debido a que estas ya son servidas por los comercializadores de gas.

“Cuando nos fue otorgada la concesión (en el 2013), podíamos proveer gas a diez industrias con los volúmenes adjudicados. Hoy, esas diez empresas no existen, debido a la labor de los comercializadores”, refiere Alberto Polifroni, gerente general de Gases del Pacífico (subsidiaria de Promigas).

Para evitar que la masificación fracase por ausencia de clientes industriales, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha optado por una decisión dura y difícil: eliminar a los comercializadores del área de influencia de los concesionarios.

DRÁSTICA NORMA

El 19 de mayo pasado el MEM prepublicó la RM-185-2017-EM/DM, que modificaría el DS 057-2008-EM, introduciendo dos novedosas exigencias: la implementación de un peaje de cerca de US$4/millón de BTU por el derecho a operar en ambas concesiones, y la aplicación de este régimen por un período de 12 años.

Walter Cornejo, gerente general de Clean Energy (empresa interesada en poner una planta de GNL en el norte) refiere que la norma matará a los comercializadores y sus proyectos.

“Gravarnos con una penalidad, equivalente al 35% del precio que tenemos ofertado a nuestros clientes, hará que nos volvamos más caros y nos eliminará como competencia. Resultado: los concesionarios se quedarán solos, con precios caros que no ayudan a masificar el gas”, apunta.

Polifroni remarca, sin embargo, que no se busca golpear a ninguna empresa en particular, sino salvar el modelo de masificación del gas.

“Viendo las cosas en un contexto amplio, es un dilema que contrapone la masificación del gas versus los casos puntuales de algunas compañías comercializadoras. Yo creo que el tema definitivo es tomar decisiones por el bien común”, arguye.

Día1 se comunicó con el MEM para conocer el estado en que se encuentra la RM-185-2017, pero no obtuvo respuesta. Se sabe que la propuesta está en revisión antes de su promulgación.

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