El lobby y el gobierno de PPK, por Jimena de la Quintana
El lobby y el gobierno de PPK, por Jimena de la Quintana

Los escándalos desatados por la relaciones entre funcionarios públicos y privados son conocidos: Lava Jato en Brasil y los Petroaudios en el Perú son solo un par de ejemplos. Estas relaciones, donde las líneas son muy delgadas, deben ser transparentes, favorecer la democracia y alejarse de toda duda de malas prácticas, tráfico de influencias y corrupción. Los ciudadanos debemos conocer quiénes son los interlocutores, los temas que se abordan y, por lo tanto, cómo nos afectan. 


Así, en el año 2003, la gestión profesional de intereses o lobbying, se incorpora a nuestra legislación con la Ley 28024. ¿El espíritu de la norma?: hacer transparente esta actividad de relacionamiento que ha existido  siempre en el Perú y el mundo. ¿Un ejemplo?: el Perú contrató a firmas estadounidenses para hacer en el Congreso de ese país en el marco de las negociaciones del TLC. Con la Ley 28024, el Estado Peruano regula el derecho de los ciudadanos a proteger nuestros intereses (la Constitución lo contempla como el derecho de petición; los ciudadanos podemos dirigirnos a los poderes públicos,  fundamental en una democracia).

La ley también señala que los gestores pueden ser: los que gestionan sus propios intereses y los profesionales, que lo hacen en representación de terceros. Estos últimos (aunque pocos) están registrados ante la Sunarp, reportan sus actividades e identifican a los funcionarios públicos con los que se reúnen.

El gran problema es que la norma no regula la gestión de intereses propios. Así, una persona puede acudir en representación de su empresa o su gremio sin que se le exija  reportar las conversaciones o solicitudes hechas a funcionarios públicos ante la Sunarp. La ley tampoco les exige estar acreditados como los gestores profesionales, ni entregar los nombres de aquellas personas con las que se reunieron.

Los ciudadanos no tenemos información de los temas o intereses  en juego. Por su parte, los funcionarios públicos no cumplen con informar a Sunarp con quiénes se reúnen y qué temas tocan, esto último, la ley sí lo exige.

A poco días del inicio de un nuevo gobierno, debería ser Pedro Pablo Kuczynski el más interesado en promover la máxima transparencia durante su gestión, considerado que “lobista”, ha sido una de las acusaciones más frecuentes desde el lado político que lo enfrentaba.

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