El ministro Benavides ha sido enfático en señalar que la norma de transparencia que alista su despacho debe ser cumplida por los colegios privados, de lo contrario correrán el riesgo de ser sancionados. (Foto: Piko Tamashiro)
El ministro Benavides ha sido enfático en señalar que la norma de transparencia que alista su despacho debe ser cumplida por los colegios privados, de lo contrario correrán el riesgo de ser sancionados. (Foto: Piko Tamashiro)
/ Piko Tamashiro
Elida Vega

Ni bien el Gobierno decretó la postergación y suspensión de las clases escolares, los reclamos de los padres de familia sobre el pago de las pensiones educativas han dejado de escucharse, y aunque por estos días son varios los colegios privados que han optado por responder con reajustes y descuentos, la discusión continúa. Día1 conversó con Martín Benavides, titular del Ministerio de Educación (Minedu), quien da cuenta de las acciones que han tomado para tratar de dar solución a este problema.

Si bien, la preocupación del Ministerio y del Gobierno por el lado pedagógico tras la pandemia ha sido notoria, la percepción de gran parte de los padres de familia es que no se tuvo la misma preocupación sobre las pensiones educativas, incluso el discurso en los miembros Ejecutivo no ha sido homogéneo, ¿por qué no hubo unificación considerando que desde el punto de vista constitucional, no podían intervenir?

Sobre las declaraciones de la ministra [de Economía María Antonieta] Alva no puedo pronunciarme porque no conozco las circunstancias en las que las planteó. En relación al Presidente sí está alineado con lo que dijimos. Nuestra primera posición era la de buscar una comunicación entre padres e instituciones educativas (IE) porque, finalmente, confiábamos en que al existir apuestas de largo plazo de parte de los padres por los colegios que escogieron, los colegios iban a entender la situación en la que estamos ahora.

Pero ese entendimiento no se estaba dando desde el inicio.

El Presidente dijo lo que dijo después que el último domingo (19 de abril) yo dijera un poco más enfáticamente que las IE tienen la obligación de comunicarse con los padres y explicarles muy en concreto porqué es que pueden o no pueden reducir sus pensiones. Eso lo dije en el programa Panorama el domingo.

Sí, pero ese mismo día usted también señaló que no podían intervenir porque se trataba de un acuerdo entre privados, lo que exacerbó los ánimos de los padres que tenían una esperanza en sus declaraciones.

Pero, el Presidente tampoco ha dicho que se va a fijar un precio, lo que ha hecho es exhortar a las IE a que busquen rebajar sus pensiones en la medida que el servicio ha cambiado.

Pero son dos discursos diferentes, porque una cosa es escuchar la exhortación del Presidente y otra cosa es escuchar un no me meto en un acuerdo entre padres y colegios.

En todo caso, no ha sido la idea darle la espalda a la problemática. Desde el primer momento nosotros hemos pensado actuar pero en el contexto general de los colegios privados, que es un universo muy heterogéneo. Y, por eso quiero recordar que cuando inicié mi gestión dije que quería empezar desarrollando un sistema de supervisión de las condiciones básicas de calidad (CBC) de los colegios privados, que venían teniendo problemas de calidad. Así lo dije y así inicié mi gestión.

¿En esa línea han venido los decretos como el que busca combatir la informalidad en los colegios privados?

Hay un montón de marcos normativos que van en esa línea, para generar un sistema de evaluación de las CBC, como lo hice en Sunedu. Y en este momento es importante saber que el 60% de los colegios privados pagan en promedio pensiones de S/150 y es bien difícil que puedan adecuarse a una lógica no presencial porque es casi un colegio de autosubsistencia.

¿Qué harán si no logran adecuarse?

Es bien difícil que estos colegios puedan hacer esta transformación y para sus alumnos estamos diseñando una alternativa en los colegios públicos porque nuestra finalidad es que ningún estudiante se vea impedido de acceder a la educación por la situación de emergencia. Sabemos que hay un problema social importante y queremos resolverlo tratando de absorber parte de la matrícula de aquellos colegios privados que no van a poder continuar ofertando su servicio.

Y, ¿con el resto de colegios?

Hay un grupo de colegios, el 30%, que tiene pensiones promedio de entre S/300 y S/500 y la diferencia está por encima de los S/1.000. En esos colegios, en donde probablemente haya mejores situaciones de calidad, nosotros esperábamos encontrar un poco más de convencimiento pero, lamentablemente, no lo hemos encontrado y por eso los padres están cuestionando que los colegios estén cobrando lo mismo sin tener la seguridad de que están ofreciendo todo el servicio que señalaban que iban a ofrecer.

¿Es por eso que ahora están preparando una norma sobre la transparencia?

El día miércoles (22 de abril) hemos presentado y dialogado con el Ejecutivo para proponer un decreto legislativo (DL) que fije una obligación de parte de las IE privadas para ser transparentes en la estructura de los costos vinculados a sus pensiones. Una vez que saquemos esa norma, los colegios tendrán hasta siete días para presentar a los padres esa información económica, pero debe ser veraz. Con esa información esperamos que quizá los padres encuentren de parte de las IE una reducción de las pensiones y, si no lo hacen, que estén convencidos de por qué no lo pueden hacer.

Amparándose en el hecho de ser una empresa privada, ¿los colegios pueden negarse a presentar esa información a pesar de lo que indique el DL que aprueben?

Ante ese decreto no se pueden negar porque lo que nosotros estamos haciendo es utilizar el Código Civil y el Código de Protección y Defensa del Consumidor, en donde el elemento central es la transparencia. Es cierto que no hay un marco normativo para regular los precios porque estamos en una economía social de mercado pero sí hay la obligación de ser transparentes y, vamos a generar la responsabilidad supervisable de que efectivamente se ponga en práctica.

Con esa información los colegios van a presentar, ante los padres, alternativas de rebajas de pensiones si es que, derivado de la estructura de costos, queda claro que hay servicios que no se van a prestar y que, por lo tanto, no se pueden cobrar.

¿Acudir al Tribunal Constitucional podría ser una salida de los colegios o tampoco ven peligro en una posible intervención del TC?

Mire, nosotros estamos planteando una alternativa ante una situación en la que los padres no encuentran respuesta de parte de los colegios.

Se lo pregunto porque cuando se empezó a hablar de la transparencia de costos, los colegios pidieron que los padres hagan lo mismo.

Bueno, nosotros vamos a sacar ese DL y va a quedar bien claro que los colegios tienen el deber de ser transparentes, y los padres van a tener la oportunidad de saber si, efectivamente, se pueden hacer rebajas o no. Evidentemente hay colegios que van a tener mucho más limitaciones para hacer alguna rebaja porque son más pequeños y toda su inversión están en planillas y esa no es la discusión, sino los otros servicios que no se están brindando.

Es cierto que se trata de un mercado bastante heterogéneo, pero sorprende que los colegios pequeños hayan respondido al pedido de los padres, cosa que no hemos visto en los colegios grandes, que dentro de la pensión cobran incluso por movilidad o alimentación.

Ese dato es bien interesante porque en el caso de los colegios chicos debemos mirar lo que están ofreciendo en el tema pedagógico, mientras que para los otros colegios con esta norma va quedar claro el deber de hacerlo porque la transparencia es el elemento fundamental. Los padres tienen el derecho de acceder a la información económica o no económica de las IE y las IE tienen la obligación de ser transparentes en relación a sus costos con los padres y presentar además de la información económica la información académica. Pero, tenemos que ir un poco más allá y poner por delante el interés superior del niño. Eso es algo que no se debe perder.

El pedido de los padres de familia se sustenta en el hecho de que la calidad del servicio brindado actualmente por los colegios no se asemeja a la que recibían sus hijos cuando acudían a las aulas de recibir de manera presencial el servicio, y por eso solicitan reajustes de hasta 50% en las pensiones.
El pedido de los padres de familia se sustenta en el hecho de que la calidad del servicio brindado actualmente por los colegios no se asemeja a la que recibían sus hijos cuando acudían a las aulas de recibir de manera presencial el servicio, y por eso solicitan reajustes de hasta 50% en las pensiones.

¿Qué tan avanzado está el DL y cuándo sería aprobado?

Lo más pronto posible porque implica varias cosas que tenemos que reglamentar y estamos haciendo lo posible para que salga muy pronto. Tiene que pasar por todos los filtros que hay en el Ejecutivo.

¿Este decreto tendrá un reglamento aparte o vendrá detallado para evitar más dilataciones?

Es por eso que nos estamos demorando porque hay varios temas por ver. Vamos a generar una obligatoriedad. [Los colegios] tienen que ser claros y si no lo han sido hasta ahora van a tener que serlo porque hay una obligación.

En el caso de las sanciones administrativas para quienes incumplan la norma, ¿se podría llegar a la revocación de la licencia de un colegio?

Esas son las cosas que estamos evaluando, para saber hasta dónde se puede llegar en el ámbito administrativo. Acá lo importante es la continuidad del servicio educativo y el interés superior del niño que no puede ser dejado de lado. Se hará una evaluación conjunta de todo y si los padres no están convencidos de la pensión planteada, tendrán el derecho trasladarse a otro colegio y debido a que surgirán preguntas sobre los pagos hechos para su inscripción, también son temas que estamos evaluando.

Pero también está pendiente la nueva norma sobre los planes de recuperación que ya no se medirán por horas pedagógicas sino por objetivos de aprendizaje, ¿en qué estado se encuentra ese tema?

Esa norma ya debe estar por salir, pero como ha habido cambios en la cuarentena hemos tenido que adecuarla a las nuevas situaciones.

Esta discusión sobre las pensiones no ha venido solo por el lado de la educación básica regular, también se ha trasladado a los institutos y universidades, ¿qué pasará en los otros niveles educativos?

Esta norma es solo para la educación básica. Con relación a las universidades, la Ley Universitaria en el artículo 11 ya plantea la obligación de la transparencia. La Sunedu tiene la responsabilidad de evaluar esa transparencia y lo está haciendo ahora. Y, en el caso de los institutos, está el artículo 42 que también habla de la transparencia. Algo similar no teníamos en la educación básica y por eso lo estamos reglamentando.

Si bien este cambio hacia la educación a distancia se ha dado a raíz de la pandemia, ¿qué expectativas hay sobre la manera de educar del 2021 en adelante?

Desde el primer momento en que surgió la emergencia sanitaria, el Minedu se planteó el reto de garantizar la continuidad del servicio educativo y nos dimos cuenta que para garantizar esa continuidad teníamos que hacer una innovación importante en la forma cómo se da el servicio a nivel básico. Parte de esa innovación ha sido el diseño de Aprendo en casa y también la estamos tratando de orientar hacia la solución de la brecha digital. Pensamos que con esto podemos tratar de ver el 2021 con una herramienta digital como parte del servicio regular, utilizándola para complementar la enseñanza que se da de manera presencial.

Aunque los resultados de las nuevas formas de aprendizaje se verán recién a finales de año cuando se sepa si se cumplieron los objetivos que aún no se aprueban, ¿qué enseñanza puede rescatar de este nuevo escenario?

En realidad, no vamos a esperar a finales de año para saber qué es lo que están aprendiendo nuestros estudiantes, alrededor de junio vamos a evaluar cómo está la adquisición de determinadas competencias para rápidamente tener soluciones en donde haya menores niveles de aprendizaje. Pero el gran aprendizaje es que no debemos dejar nunca de innovar, el sistema educativo peruano dejó de innovar por mucho tiempo y nos hemos dado cuenta de la necesidad de estar conectados con lo último de la tecnología. Además, ha sido una oportunidad para que los padres se acerquen más a sus hijos en términos educativos. Teníamos un sistema en el que la responsabilidad de la educación se le dejó, claramente, a los colegios, y ahora hay vínculos que se están restableciendo, por más que hayan dificultades.

Aunque la nueva norma que obliga a presentar los nuevos planes de recuperación a los colegios particulares está pendiente de aprobación, el ministro Benavides sostiene que en junio se tendrá una primera evaluación del cumplimiento de los objetivos planteados por esta norma.
Aunque la nueva norma que obliga a presentar los nuevos planes de recuperación a los colegios particulares está pendiente de aprobación, el ministro Benavides sostiene que en junio se tendrá una primera evaluación del cumplimiento de los objetivos planteados por esta norma.

Pero en dos semanas, cuando se levante la cuarentena, los padres volverán a sus trabajos y los niños más pequeños ya no contarán con el apoyo que vienen teniendo hasta ahora, ¿cómo manejar ese tema?, ¿en qué está pensando el Minedu?

Ahí tenemos un tema que queremos pensarlo con detenimiento. Creemos que es importante, efectivamente, que los niños empiecen desde temprano a vincularse a la escuela bajo una estrategia pedagógica para lo que se necesita la presencia de un adulto y, en un contexto en el que los padres trabajan, habría que ver qué es lo que va a ocurrir con esos niños y desarrollar algún mensaje y aprendizaje.

En el caso de los niños de inicial, hay padres que están pensando en retirarlos de sus colegios, ¿podrán matricularlos el próximo año sin problemas?

La educación inicial en el país es obligatoria y está planteado en la Ley General de Educación, sin embargo esta obligatoriedad se tiene que establecer progresivamente porque tenemos edades en donde el objetivo de la universalización de la educación inicial no se ha dado, entonces no es una condición haber pasado la educación inicial para llegar a la primaria. Es un elemento importante sí y una aspiración, pero no es una obligación porque la promoción o el pase de inicial a la primaria son automáticos.

Una de las críticas a su gestión en el Minedu es que esta pandemia le ha dejado como lección que la educación a distancia no es de segunda categoría como usted creía cuando estaba en Sunedu, ¿esto es cierto?

No sé de donde vienen esas ideas pero lo que sí te puedo decir es que, lamentablemente, la educación a distancia acá era de muy mala calidad y muchas universidades, algunas ya denegadas por la Sunedu cuando he sido superintendente, utilizaban la educación virtual para generar ingresos. En ese sentido, nosotros no descalificamos la educación virtual, para nada, lo que no permitimos es que se utilice la educación a distancia para engañar a los jóvenes. Nosotros solo seguimos lo que la Ley Universitaria planteaba. He sido muy tajante en no dejar que engañen a los jóvenes y de las 45 universidades denegadas durante mi gestión buena parte fue porque no brindaban con calidad la educación virtual.

Otra de las cosas que se ha escuchado en los últimos días es que no se sintió su respaldo como ministro al tema de las pensiones porque usted está o ha estado vinculado al directorio de algunos colegios privados grandes, ¿es así?

He sido exalumno del Franco Peruano y puse a uno de mis hijos en ese colegio, pero como siempre he estado comprometido con la educación, postulé al Comité de Gestión que tiene este colegio, en donde participan padres elegidos por padres para representarlos. Pero, cuando mi hijo pidió trasladarse a otro colegio, renuncié a esa representación en el 2017 y estamos en el 2020. Más allá de eso, no tengo ningún tipo de relación con el colegio ni con la embajada.

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