La calidad del servicio educativo a distancia que vienen recibiendo muchos alumnos, ha motivado el pedido casi unánime de los padres de familia: un reajuste de las pensiones que pagan en los colegios de sus hijos.
La calidad del servicio educativo a distancia que vienen recibiendo muchos alumnos, ha motivado el pedido casi unánime de los padres de familia: un reajuste de las pensiones que pagan en los colegios de sus hijos.
Elida Vega

Día 33 del estado de emergencia: “Si los colegios privados no ofrecen el mismo servicio, debería haber un ajuste en las pensiones”, María Antonieta Alva, ministra de Economía.

Día 35: “El Gobierno no puede intervenir en los precios de las pensiones”, Martín Benavides, ministro de Educación.

Día 36: “(Los colegios) deben hacer un ajuste en las pensiones, porque ya no es una participación presencial”, Martín Vizcarra, presidente de la República.

Entre idas y venidas de nuestras autoridades y la desazón de los padres de familia, que perciben que siguen sin ser escuchados por los colegios de sus hijos, en los últimos días la discusión sobre el reajuste de las pensiones educativas se ha centrado en la posibilidad de que el Gobierno intervenga y haga eco de las peticiones de los padres.

Según Pierino Stucchi, socio senior y director del área de competencia del Estudio Muñiz, una intervención por parte de nuestras autoridades no es conveniente ni positiva, porque ni el presidente ni los ministros deben pronunciarse sobre precios y relaciones entre privados.

“Aun cuando el Gobierno y las autoridades reconocen que no pueden intervenir en una relación entre privados, terminan interviniendo con sus declaraciones públicas y eso no es positivo, porque al decir que no pueden intervenir están alterando las percepciones de los padres de familia”, afirma.

Adicionalmente, el especialista sostiene que pese a que estamos frente a una situación de crisis extraordinaria, también estamos en una economía de mercado, en donde los contratos, incluidos los de los servicios educativos entre padres de familias y colegios privados, deben cumplirse.

PRESENCIAL VS. VIRTUAL

Sin embargo, Carolina Sáenz, asociada principal del área corporativa del Estudio Rubio, considera que amparándose en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, los padres de familia tienen todo el derecho de suspender el pago de las pensiones.

El Minedu, a través de Escale, solo cuenta con data del total de alumnos matriculados en educación básica regular y superior no universitaria, hasta el 2017, año en el que el número de estudiantes superaba largamente los ocho millones. Mientras que los docentes llegaban a cerca de 560.000 en todo el país. (INFOGRAFÍA: LUIS HUAITAN ROJAS)
El Minedu, a través de Escale, solo cuenta con data del total de alumnos matriculados en educación básica regular y superior no universitaria, hasta el 2017, año en el que el número de estudiantes superaba largamente los ocho millones. Mientras que los docentes llegaban a cerca de 560.000 en todo el país. (INFOGRAFÍA: LUIS HUAITAN ROJAS)

La abogada sustenta su afirmación en el hecho de que el servicio educativo prestado a los niños actualmente (bajo la modalidad virtual, remota o a distancia) no cumple con lo contratado por los padres a inicios de año porque –según afirma– las clases virtuales no sustituyen a las clases presenciales.

“(En el contrato) las clases eran presenciales, tenían una característica y objetivos de aprendizaje determinados y dada la crisis por la que estamos pasando, esas clases ya no se están dando así y, al no darse así, los padres están en todo su derecho de suspender el pago de las pensiones escolares”, asegura convencida de que las autoridades no deben intervenir en temas de precios.

DERECHO SUPREMO

Pero, en aras de no afectar la cadena de pagos, que repercutiría en la situación económica de los maestros, Christian Pardo, docente de la Escuela Nacional de Estudios Gubernamentales (ENEG) asegura que no se debe perder de vista que la educación en el Perú es catalogada –por nuestras propias leyes– como un derecho fundamental, mientras que el Tribunal Constitucional (TC) y la Ley General de Educación la reconocen como un servicio público esencial.

“Eso significa que la educación no puede dejar de funcionar, y el acuerdo entre las partes (colegios y padres) se supera porque el servicio responde a una necesidad mayor de la población y no puede dejar de brindarse”, remarca.

En ese sentido, como abogado y representante de la Unión de Padres de Familia de Colegios Particulares (Upafcopa) solicita que el Gobierno declare en emergencia la educación en el Perú, porque estamos frente a un problema que está afectando el derecho fundamental a la educación que tienen todos los menores en nuestro país.

El pedido de la Upafcopa pasa por una declaratoria de emergencia de la educación, que -según su abogado y representante Christian Pardo- es un derecho consagrado que en tiempos como los actuales exige la intervención del gobierno. (GEC/Anthony Niño de Guzmán)
El pedido de la Upafcopa pasa por una declaratoria de emergencia de la educación, que -según su abogado y representante Christian Pardo- es un derecho consagrado que en tiempos como los actuales exige la intervención del gobierno. (GEC/Anthony Niño de Guzmán)

“Los padres estamos pagando por un derecho que no se está desarrollando de la manera como se ofreció, es decir, presencial, y por el uso y disfrute de la infraestructura que ofrecía el colegio. Desde el punto de vista legal, tiene que haber transparencia y como el Estado es el que garantiza la educación, esa es su responsabilidad. Esa base legal le permite a una autoridad política intervenir”, añade, tras aclarar que la solicitud de los padres no pasa por fijar precios sino por reajustarlos de acuerdo a las condiciones actuales.

PROYECTOS DISCUTIBLES

Pero, tomando en cuenta que desde el Congreso se han empezado gestar proyectos que coquetean con la fijación de precios, tanto Pierino Stucchi como Carolina Sáenz y Christian Pardo muestran su disconformidad frente a ese tipo de propuestas.

Una de las más recientes tiene como autora a la congresista del Partido Morado Zenaida Solís (PL 5009/2020-CR) y busca imponer un descuento del 20% en las pensiones de colegios, institutos y universidades.

Desde Somos Perú, en cambio, pretenden congelar el pago de pensiones de universidades, institutos y colegios privados, mientras dure el estado de emergencia.

“Entiendo la situación crítica que estamos viviendo, pero no se puede aprovechar políticamente”, señala Pierino Stucchi. Por su parte, Carolina Sáenz remarca que el Indecopi no debe intervenir en el tema de precios, porque “escapa completamente de sus funciones y atribuciones”.

¿SOLUCIÓN A LA VISTA?

Frente a posturas evidentemente dispares sobre un problema que tiene argumentos a favor de padres de familia y colegios, casi al finalizar la semana que acaba de pasar, la discusión pareciera estar encaminándose hacia un punto de encuentro.

¿La razón? Después del llamado al “ajuste” del presidente Vizcarra, el ministro Martín Benavides ha anunciado que su despacho viene alistando un decreto legislativo (DL) –en el marco de las facultades otorgadas por el Congreso– para “obligar” a los colegios privados a transparentar sus costos ante los padres de familia.

El descontento de los padres de familia ante la calidad educativa que vienen recibiendo sus hijos, sea de manera virtual, remota o a distancia, ha quedado reflejado en la última encuesta realizada por Anapef: más del 92% considera que se trata de clases de refuerzo y apoyo. (INFOGRAFÍA: LUIS HUAITAN ROJAS)
El descontento de los padres de familia ante la calidad educativa que vienen recibiendo sus hijos, sea de manera virtual, remota o a distancia, ha quedado reflejado en la última encuesta realizada por Anapef: más del 92% considera que se trata de clases de refuerzo y apoyo. (INFOGRAFÍA: LUIS HUAITAN ROJAS)

Según ha explicado el titular de Educación a Día1, en amparo a lo que señalará la normativa una vez en vigencia, las IE tendrán hasta siete días para presentar a los padres la información sobre la estructura de costos vinculados a sus pensiones.

“Con ese DL va a quedar bien claro que los colegios tienen el deber de ser transparentes, y los padres van a tener la oportunidad de, efectivamente, saber si se pueden hacer rebajas en las pensiones o no. Vamos a generar una obligación en las IE para presentar la información económica de todos los costos que tienen, pero esa información debe ser veraz”, afirma.

Y en caso los colegios no acaten lo dictaminado por la norma –que debe pasar por varios filtros en el Ejecutivo– recibirán sanciones administrativas (aún en evaluación); aunque más allá de los posibles castigos, el ministro Benavides insiste en que “lo importante es garantizar la continuidad del servicio educativo”.

Así las cosas, solo queda esperar para que, tras la aprobación del DL, padres de familia y colegios privados reanuden el diálogo y, en aras de la transparencia –como coinciden todos los entrevistados– lleguen a un consenso que tenga como prioridad el interés superior de los niños y adolescentes, que deben seguir recibiendo educación de calidad, sea presencial, virtual, remota o a distancia.

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¿Qué es la covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.