Una red por desanudar: Azteca y el MTC siguen sin salir de su compleja encrucijada

La ley de banda ancha se diseñó en el 2012, según sus propios creadores, con el objetivo de reducir la brecha digital y llevar Internet a los menos favorecidos del interior del país. Hoy, seis años después, dichos pueblos siguen desconectados.

La propuesta fue tender la fibra óptica en dos partes: una primera, la Red Dorsal, que conectaba las capitales de provincias (por un valor de US$323 millones) y quedó a cargo de Azteca. La segunda parte está compuesta por 21 redes regionales que se conectan a la dorsal y llegan a los distritos del interior. Se han ido concursando de a pocos y Gilat es ahí el principal jugador (ganó seis redes por US$548 millones).

La Red Dorsal estuvo lista a tiempo (2016), pero no logró el tráfico esperado. Hoy apenas se usa en un 17%, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). En parte el problema es que no tiene el tráfico del sector público que debería venir por las regionales, pues estas, tras 83 adendas, se retrasaron y aun no operan. 

La Red Dorsal se esperaba que atendiera a cientos de operadores privados interesados en contratarlos para el tráfico de datos. Eso no pasó, pues se sumaron al mercado hasta cinco jugadores y se volvió muy competitivo. Los precios hoy siguen descendiendo por la competencia, pero Azteca no puede bajarlos al tener tarifas reguladas, explicó Iván Chumo, gerente de ON (Optical Network).

Si solo cambiar la tarifa (o la forma de fijarla) fuera la solución a los problemas de Azteca, la adenda que diseñó este año el MTC, en base a la sugerencia de Osiptel, habría sido aceptada por el operador. Sin embargo, le envió una carta exponiendo la necesidad de reformular todo el proyecto. Además redujo su oficina local y lleva un año diciéndole a sus inversionistas que está evaluando si continuará o no en el país.

CONFLICTOS AÑADIDOS

Azteca tiene varios problemas adicionales por resolver. Desde el MTC confirmaron que tiene con el operador de capitales mexicanos cuatro procesos de arbitraje. 

Dos de ellos todavía no tienen un laudo. Uno es sobre si deben o no compartir sus nodos (centrales) con las redes regionales. La negativa de Azteca, según el MTC, ha impedido que las regionales del primer grupo puedan poner sus equipos donde se planeó, lo que originó retrasos. Azteca estima que solo debe compartir tres nodos y si pierde pedirá una indemnización por US$18 millones.

El otro laudo pendiente es porque Azteca suscribió diversos contratos de arrendamiento en los terrenos donde puso sus nodos, mientras que el MTC estima que estos debieron ser adquiridos.

El tercer arbitraje ya fue fallado a favor de Azteca, pero el MTC acaba de pedir la nulidad. En este caso, la discusión es sobre el nivel de latencia permitido, es decir el tiempo de demora aceptable en la trasmisión de datos. 

Y en el cuarto lo ganó este año el MTC y Azteca deberá pagar S/4 millones, pues no cumplió con el plazo exacto de su cuarta entrega (2016). Azteca dice que fue por culpa de la empresa eléctrica ATN, que no le permitió acceso a sus torres.

Ese, sin embargo, no es el único problema legal con las empresas eléctricas. Como la fibra se monta sobre la red eléctrica, tienen contratos de interconexión con cada una de ellas. La complicación arrancó en agosto del 2017, cuando las eléctricas aseguran que Azteca les dejó de pagar. Posteriormente Osiptel ha emitido una serie de mandatos que les ordenan reducir sus tarifas. Protestaron, apelaron ante el Osiptel, pero el regulador no dio ha lugar. Las eléctricas estiman que el contrato no debió ser modificado unilateralmente y planean iniciar arbitrajes u otras medidas legales. Algunas, ante la falta de pago, ya le han cobrado las garantías. 

Gracias a estas medidas la mexicana ha reducido sus pérdidas. En su último reporte trimestral se evidencia que mantiene ingresos (incluido el subsidio del MTC por unos US$4 millones) pero perdió solo US$1,14 millones, la mitad que en el mismo período del 2017. Eso quiere decir que las eléctricas han dejado de recibir al menos US$1,1 millones. Aun así Azteca dice que no sabe si se quedará.

SOLUCIONES

En términos legales, los arbitrajes siguen su curso y se ejecutan tanto si el operador se queda o se va. No obstante, podrían sumarse procesos de mayor gravedad si cualesquiera de las partes -MTC o Azteca- incumple el contrato y “patea el tablero”. Los analistas estiman que eso se evitaría si, en base a una redefinición consensuada del modelo, se rediseña la dorsal. 

Carlos Huamán, director de DN Consultores, y Alejandro Jiménez, ex gerente de Osiptel, coinciden en considerar que es bueno que el MTC haya buscado la opinión del Banco Mundial sobre el tema y que se evalúe modificar la ley de banda ancha. Difieren, sin embargo, en cuál es la mejor solución.

Huamán considera que la parte de la dorsal que circula por zonas con competencia -en donde según Internexa se genera el 80% del tráfico- podría ser devuelta al Estado y vendida a un privado. La otra mitad de la red, que llega a zonas de bajo consumo y sin competencia, debería mantenerse bajo la modalidad de subsidio, pues para eso fue diseñada: ayudar a conectar al menos favorecido.

Otra opción, dijo Jiménez, sería dividir la red dorsal en tres/cuatro bloques, por regiones, las cuales se puede “apalancar directamente con los proyectos de transporte de las redes regionales” y manejar por diferentes empresas. 

Algunos competidores del mercado de transporte de datos, como la chilena GTD, consideran que sería conveniente vender toda la Red Dorsal sin dividirla. Aseguran que el negocio de transporte, sin las limitaciones de tarifas fijas que tiene Azteca, es rentable y no solo ellos, sino otros jugadores globales estarían interesados en adquirirla.

Internexa, rival directo de Azteca, dijo que evaluaría comprar algunos tramos, al igual que los operadores móviles. Y la lista de interesados cruza el Atlántico hasta la italiana Enel, entre otros. Eso sí, recalcó Jiménez, será necesario garantizar un entorno predicible, seguridad jurídica y voluntad para conservar a los inversionistas.

UNA BRECHA PROVINCIAL

En el Perú existen 3,9 millones de personas que, según lo planificado, debieron recibir la señal de Internet este año, pero lo harán entre el 2019 y el 2021 si no surgen más retrasos. De las 21 redes previstas para ello, 15 están en estado de ejecución y se espera que 6 se liciten en diciembre. 

Las razones para los retrasos, resumidas en 83 adendas por ahora, radican en problemas para interconectarse a la Red Dorsal o a las redes eléctricas, además de serios problemas para titular los terrenos rurales, en donde se deben ubicar las centrales o nodos de la red. 

En el caso de las regiones Amazonas e Ica hay un problema legal diferente que hace difícil determinar si las obras estarán listas a tiempo. La concesión fue ganada por el Consorcio GMC Conecta y debió firmarse el contrato el 15 de mayo, pero faltaba un documento y por eso Pro Inversión la otorgó al segundo lugar (Gilat), quien firmó en junio. 

GMC y sus socios iniciaron un proceso de amparo por este tema y señalan que ya hay una medida cautelar que ordena dejar todo proceso como antes del 15 de mayo. Pro Inversión sostiene que la medida no implica declarar nula la firma con Gilat en junio. El tema tendrá que resolverse por la vía judicial.