Dúos y Tríos: ¿la pandemia será el detonante para regular las tarifas que aplican las operadoras?

El alza impuesta, según el regulador [Informe N° 00020-GPRC/2020] afectaba a 1,7 millones de clientes, de los cuales 53,9% eran tríos y 38,1% dúos. El regulador verificó que alrededor del 99% de los recibos enviados con el anuncio del alza fueron recibidos, pero el 95% no leyó el SMS y el 67,7% no revisó el correo electrónico.

Jaime Delgado, excongresista, recuerda que el regulador advirtió entonces que Movistar había hecho hasta diez incrementos en dos años, lo cual era una muestra del excesivo poder de mercado que ostentaba [70%].

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El operador respondió asegurando que sí habían cumplido la norma y, por tanto, la decisión de Osiptel era antitécnica e iba contra los principios básicos de libre mercado. Su proceder, dijeron, afectaba la libre competencia y generaba un control de precios.

Movistar devolvió el dinero del alza cobrada a sus clientes, pero ahí no acabó la historia. Surgieron dos debates en el sector: uno era si Osiptel debía regular dichas tarifas, como dijeron que evaluarían hacer, y el otro era si podían obligar a Movistar a revender sus contenidos exclusivos de TV.

En medio de dicha discusión, el 16 de marzo, todo se detuvo. Con el aislamiento social se suspendieron las ventas y se ordenó no cortar el servicio a quienes tenían recibos pendientes de pago.

Internet, de golpe, se volvió indispensable para trabajar, estudiar, comprar y comunicarse. Mario Zúñiga, líder de Competencia y Mercados de EY Law, considera que si bien esta nueva realidad lo sitúa como un “derecho humano”, el camino para que lo sea no es regularlo más o darle control estatal, sino promover la oferta y el cuidado de la calidad.

La obligación legal de no cortar el servicio, incluso si el usuario no ha pagado, afecta la capacidad de inversión en mejorar la infraestructura (antenas y fibra), de la cual ya tenemos un déficit, y afecta la calidad y expansión del servicio, destaca Zúñiga.

Delgado coincide en la necesidad de urgir por el pago del consumo, pero discrepa sobre aplicar el corte. “Estamos viviendo en una situación de guerra, una situación absolutamente extraordinaria. Las reglas que tenemos son para situaciones normales”, dice.

Advierte que esos cientos de miles de personas que se han quedado sin empleo no tienen ingresos y se les hará un daño irreversible si se les desconecta sin darles el máximo de facilidades.

Sin embargo, no solo los usuarios se perjudican. En los más de 80 días sin suspensión de servicio la morosidad se ha elevado hasta el 60% y los ingresos caído casi 35%, según los operadores, lo cual afecta la sostenibilidad del negocio.

La industria, destacan desde Afin (Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional), viene arrastrando los últimos años un problema de rentabilidad y bajas utilidades que se ha agravado con la pandemia. “Si no se toman acciones hoy, ponemos en riesgo el futuro de las telecomunicaciones en el país”, aseguran.

El economista Humberto Campodónico también aboga por la no suspensión y propone como alternativa una reprogramación del pago, pero dando a las empresas operadoras las garantías y facilidades necesarias para resistir. El MTC podría intervenir dando ese apoyo al operador, dice, pero además es importante que Osiptel recupere capacidades reguladoras y se analice la legislación vigente.

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¿Más o menos control?

Carlos Huamán, director de DN Consultores, advierte que la penetración de todos los servicios telecom (TV paga, Internet, telefonía) cayó en el 2019 y si bien la intensidad competitiva aumentó, la brecha con los no conectados se mantuvo como el gran pendiente. Mientras en la zona urbana se alcanza el umbral, en el ámbito rural hay cinco millones que no tienen Internet, destaca.

El camino es la simplificación regulatoria, no el control de tarifas, opina. En el contexto actual de esta nueva realidad, se requiere un cambio de paradigma normativo hacia la desregulación para evitar que esa brecha se agrande, coincide Alejandro Jiménez, ex gerente del Osiptel.

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El control de precios debe descartarse pues el mercado ha probado que es dinámico y, por ejemplo, el costo del Giga en los móviles se ha reducido más de 90% en los últimos 5 años, dice Jiménez. Y en el fijo los precios han bajado más de más de 40% entre el 2011 y el 2017, añade Zúñiga.

Si hablamos de Lima y de las grandes ciudades, en teoría, el incentivo a la mayor competencia puede funcionar, pero es difícil cuando Movistar tiene el 70% del mercado, advierte Campodónico. Y si miramos el Internet en provincias, sobre todo en distritos rurales, la competencia no va a funcionar porque el escaso poder adquisitivo no ofrece rentabilidad. Allí es donde el Estado debe ofrecer lo que no brinda el privado, recalca.

Es cierto que el mercado de Internet fijo residencial tiene baja penetración [solo 7 de cada 100 lo poseen] y es menos dinámico y más concentrado que el universo móvil por las barreras que generan los altos costos de montar infraestructura y las dificultades geográficas, acepta Gonzalo Ruiz Díaz, ex presidente del Osiptel.

Pero los incentivos para dinamizarlo van por potenciar el control posterior y brindar la mayor información al consumidor y no por aplicar barreras o topes previos, sostiene.

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Osiptel acepta que está evaluando, en última instancia, la regulación tarifaria del mercado de Internet y TV paga si es que comprueba que no presentan características de competencia.

En el caso de la TV paga tampoco se justifica el control tarifario, añade Huamán. Ahí no solo hay intensidad competitiva, sino que al principal rival, la informalidad en el 45% de las conexiones, se añaden los proveedores de streaming (Netflix, HBO Go, etc.) que ya son consumidos por el 33% de los hogares peruanos, recalcan desde Movistar.

La variable de competencia en TV paga son los contenidos propios, resalta Movistar, y lo que falta es dar a todos los competidores nuevos reglas similares, no mayores controles como parte de los productos empaquetados.

26% es la penetración de Internet en zonas rurales. En Lima es de 79%, sobre todo usando el móvil [67% de hogares]. Hay cinco millones sin Internet, cita Carlos Huamán.

Campodónico, en cambio, considera que ahora sí es necesario dar normas especiales para frenar aumentos excesivos y saluda la reciente norma dictada por Osiptel con el fin de informar mejor con anticipación a cualquier alza de tarifas.

Desde Bitdefender también respaldan esa norma y consideran muy grave si es que se llegan a subir tarifas sin informar bien al usuario, más aún en medio de una pandemia.

En el contexto actual, difiere Zúñiga, no se justifica fijar tarifas específicas ni dictar obligaciones de transparencia adicionales a las ya existentes porque se puede terminar reduciendo la oferta. Además, aclara Huamán, la crisis económica que estamos viviendo genera clientes con menor capacidad de pago, lo cual deja poco espacio para pensar en lanzar alzas tarifarias.

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