Según el BID la economía colaborativa a nivel mundial crecerá desde US$14 mil millones en el 2014 a US$335 mil millones en 2025.
Según el BID la economía colaborativa a nivel mundial crecerá desde US$14 mil millones en el 2014 a US$335 mil millones en 2025.
Jorge Medina Méndez

El Perú vive en estos momentos su peor crisis social y moral, evidenciada por el grave deterioro de sus instituciones más importantes. Y la verdad sea dicha: todos –en mayor o menor medida– somos responsables de ello, sea por acción u omisión. Sobre esto último, es necesario decir que, nunca como hoy, ha sido tan necesaria una real participación ciudadana que ayude a resolver los enormes desafíos que enfrentamos como nación.

Este elemento (participación ciudadana mediante organizaciones de la sociedad civil) –que algunos pudieran considerar como algo teórico, cuando no idealista– es probablemente el factor más relevante que se necesita para ejercer tensión saludable en los hacedores de políticas públicas, así como en la clase dirigente del país, para que se tomen las medidas necesarias y se hagan las reformas pendientes.

Pero no hay nada nuevo bajo el sol al enfatizar la necesidad de una verdadera participación ciudadana, pues si analizamos el grado de desarrollo y bienestar de los países que han progresado más en el mundo, veremos que estos cuentan con una sociedad civil empoderada que ejerce influencia importante en sus gobiernos e instituciones para mejorar sus sistemas políticos y democráticos.

Es, pues, por el mejor interés de nuestro país que fomentemos tal participación a través de mecanismos eficientes, para que la población organizada pueda acceder a los diferentes niveles de gobierno, de manera independiente, y aporte en aquellos asuntos de importancia común como salud, educación, seguridad, transparencia e integridad, democracia, participación política y otros temas.

Ello, además de contrarrestar la enorme cultura de desconfianza que tanto daño nos hace, alentaría a la ciudadanía –especialmente, a la juventud– a participar permanentemente en nuestros imperativos políticos, sociales y económicos.

El Perú tiene hoy la gran oportunidad de que su sociedad civil, debidamente organizada, cumpla una función vital, tanto en propuestas de políticas públicas cuanto en medidas de control y fiscalización. De hecho, la vigilancia ciudadana sería una suerte de vacuna contra la falta de transparencia que, junto a otros factores, origina la enorme corrupción política, judicial y económica que ha sido destapada últimamente.

Naturalmente, el concepto de sociedad civil nos incluye a todos los ciudadanos, independientemente del sector al que pertenezcamos: empresa privada, trabajadores, universidad, academia, intelectuales, medios de comunicación, ONG, etc. Todos, sin excepción, tenemos un importante rol que jugar. Sea que se trate de avanzar en cualesquiera de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas o en algún otro imperativo de nuestro país –combate a la corrupción, inseguridad, regionalización, reforma política o reconstrucción–, es evidente que una activa participación ciudadana ayudaría a resolverlos eficaz y eficientemente.

La sociedad civil –es decir, nosotros– no tenemos cómo eludir nuestra responsabilidad en la solución de estos temas, salvo que queramos hipotecar el futuro del país. Además, somos nosotros –las personas– quienes, como ciudadanos, consumidores, trabajadores, inversionistas, etc., constituimos el factor más importante de incidencia, transformación y desarrollo en la vida de nuestra nación. No hay, pues, manera de autoexcluirnos, menos ahora que somos más interdependientes y que cada vez estamos más interconectados, lo cual hace que todo lo que ocurre a nuestro alrededor –sea por acción u omisión– nos afecte.

Por eso, si como país queremos resolver nuestros desafíos políticos, sociales y económicos, debemos considerar los puntos de vista de quienes somos los directamente afectados, lo cual requiere participar.

Y aquí quisiera hacer una reflexión para un sector clave de la sociedad: la empresa privada. En algún momento se instauró la idea de que los negocios son una manera exclusiva para ganar dinero. Sin embargo, cuando uno revisa el objetivo inicial de la gran mayoría de emprendimientos que han generado enorme progreso y bienestar a la humanidad, uno comprueba que nacieron con un propósito trascendental que subyacía a la mera rentabilidad: resolver problemas sociales y satisfacer necesidades humanas. Lamentablemente, con el paso del tiempo, en varios casos, tal propósito se pierde, especialmente cuando prima la miopía del corto plazo.

Pero, cuando el líder empresarial concibe a la compañía como una organización eminentemente humana y comprende a cabalidad lo que significa hacer empresa, logra un nivel de conciencia que le permite tener presente que el negocio debe generar valor no solo a sus accionistas e inversionistas, sino a sus trabajadores y familias, a sus clientes y proveedores, al medio ambiente y, en general, a las comunidades en las que opera, logrando así hacer realidad su propósito superior.

Tal propósito, no obstante, estará incompleto si la empresa no asume su responsabilidad de participar en la cosa pública y en aquello que tiene que ver con el bien común, pues es parte importante de la sociedad civil.

Ciertamente, un asunto fundamental es determinar cómo participar activamente. Al respecto, resulta particularmente oportuna la realización del XIV Encuentro Iberoamericano de la Sociedad Civil (https://encuentroiberoamericanolima2018.org) que tendrá lugar en Lima el próximo mes y en donde se tratarán temas muy importantes, como el rol de la sociedad civil en el desarrollo sostenible y su impacto en la Agenda 2030; el nuevo liderazgo del Estado para la sociedad civil; la cultura de transparencia, confianza y gobernabilidad democrática; y la contribución de las empresas sociales a la sostenibilidad, entre otros temas.

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