Tamayo del MEM: El oleoducto lo está rompiendo la población

Llueve sobre mojado en la selva. El Oleoducto Norperuano continúa detenido y sin fecha de reanudación, pero se sigue fracturando. Tres derrames consecutivos en los últimos treinta días han sellado la suerte de esta vital infraestructura, con tal contundencia que nadie en la industria petrolera confía en que se reactive antes de un año. 

Pero, ¿qué ha originado estos últimos derrames? ¿Fue acaso que Petro-Perú insistió en bombear petróleo sin autorización de Osinergmin (como ocurrió con el derrame del 24 de junio)? ¿O es que el ducto se cae a pedazos de puro viejo? 

incentivos perversos
La respuesta es delicada. La estatal petrolera ha denunciado que las roturas “fueron provocadas por acción de terceros que cortaron la tubería con herramientas”, una afirmación refrendada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) y por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto-Nauta. 

Pero ese no sería el único agravante. Gonzalo Tamayo, ministro de Energía y Minas (MEM), apunta que la responsabilidad de los últimos tres derrames recae en dos actores: la población, que mora en el trayecto del oleoducto, y la misma Petro-Perú. 

“[Los recientes derrames] han sido ocasionados por intervención de la población, cortando el ducto, porque se ha generado un esquema de incentivos perversos a fin de atraer la atención de Petro-Perú para atender sus programas de remediación, como un modo de vida. Y eso lo vamos a combatir”, señaló en una reciente reunión de empresarios petroleros, refiriéndose a la estatal. 

Fuentes de la disuelta Comisión de Transferencia del MEM detallaron que dichos “incentivos perversos” fueron suscitados por la petrolera estatal cuando esta empezó a  incrementar de forma excesiva el jornal para las labores de remediación. 

Ello, como una forma de aquietar los ánimos de las comunidades nativas, impactadas por los continuos derrames.

El jornal de la discordia
En efecto, documentos a los que ha podido acceder Día1 muestran que Petro-Perú triplicó el jornal para labores de remediación, de S/50 a S/150, después del tercer derrame ocurrido en junio. Tal habría sido el detonante de las tres últimas roturas (agosto), como lo sostiene el ministro Tamayo. 

Información recabada por la Comisión de Transferencia sugiere que la petrolera estatal habría pagado más de S/40 millones por concepto de labores de remediación ejecutadas este año.

“Se hace necesaria una auditoría sobre los pagos efectuados a los jornaleros [que limpian los derrames] y los mecanismos de control interno usados para tal fin, pues se comenta que la gerencia de contabilidad de Petro-Perú ha perdido el rastro de dicho monto”, acota Carlos Gonzales, consultor en hidrocarburos.

Modernización urgente
Tamayo es claro en afirmar que la raíz del problema es que la petrolera estatal no ha cimentado una buena relación con las comunidades, de tal manera que pueda incorporar a estas en el cuidado del oleoducto. 

“Petro-Perú tenía un programa de modernización concentrado en la refinería de Talara. Pero las dificultades que estamos encontrando en el oleoducto, sumadas a la ausencia de un buen departamento de relaciones comunitarias en la empresa, nos obligan a profundizar su modernización”, asevera.

Detalla que esta es la razón de las facultades solicitadas al Congreso para reorganizar a Petro-Perú, pues “lo hecho hasta la fecha no ha sido suficiente”. 

El ministro advirtió, finalmente, que el gobierno no va a tolerar más atentados contra el oleoducto y que, a ese efecto, está  evaluando una serie de modificaciones al Código Penal para que todo acto de vandalismo sea tipificado como delito y tratado como tal.
Petro-Perú habría pagado más de S/40 millones a los nativos de varios centros poblados para incorporarlos a las labores de remediación.

“Descartamos privatizar Petro-Perú. En vez de ello vamos a profundizar su modernización, porque lo hecho hasta ahora ha sido insuficiente”, dice Gonzalo Tamayo, ministro de Energía y Minas.la ruta de los derrames en el 2016.