Tía María: ¿Puede el Gobierno cancelar definitivamente el proyecto cuprífero?

Para ello, aseguran contar no solo con la promesa del presidente Pedro Castillo, sino también con un documento firmado por éste, donde se compromete a “cancelar Tía María”, según reportó el diario La República. ¿Puede el Gobierno proceder a la cancelación definitiva del proyecto?

MIRA: Verónika Mendoza suscribió compromiso para cancelar definitivamente el proyecto Tía María

LAS LICENCIAS DE TÍA MARÍA

Tía María se encuentra en suspenso desde mediados del 2019, cuando el gobierno de Martín Vizcarra decidió aprobar la licencia de construcción, pero supeditando su ejecución a la obtención de la licencia social, que Southern Copper debe recabar de la población.

“Desde un principio hemos dicho que el proyecto Tía María, si no tiene licencia social, no puede empezar”, dijo Vizcarra.

De acuerdo a Southern, ese trabajo se ha cumplido diligentemente en 2020 y 2021 mediante el despliegue de programas sociales y asistencia sanitaria para prevenir y lidiar con el COVID-19, incluyendo la donación “de pruebas, oxígeno, equipo de protección personal y productos alimenticios”.

“Esperamos que el gobierno peruano reconozca el significativo progreso que el proyecto ha hecho en el frente social y las importantes contribuciones que Tía María generará a la economía del Perú y, consecuentemente, tome las medidas necesarias para proveer a Southern Copper con el apoyo adecuado para iniciar la construcción”, expresó la minera mexicana el pasado 26 de julio.

Sin embargo, este pedido caería en saco roto. Como señalamos líneas arriba, el objetivo de la dirigencia del Valle del Tambo es cancelar definitivamente el proyecto minero, como ocurrió en su momento con Tambogrande (2002) y Santa Ana (2011), cuyas concesiones revertieron al Estado peruano.

¿Pero, que se necesita para lograr esto?

CAUSALES DE CANCELACIÓN

Xennia Forno, especialista del estudio Rubio Leguía Normand, anota que un proyecto minero sólo puede ser cancelado a través de la extinción de los títulos o concesiones mineras en los cuales se sustenta.

“En el caso de las concesiones mineras, la Ley General de Minería establece que el título de concesión minera es irrevocable, en tanto el titular cumpla con las obligaciones contenidas en la norma”, explica.

Estas son: pagar los derechos de vigencia y penalidad a tiempo, y poner el proyecto en producción en el plazo establecido, requisitos que Southern habría cumplido a cabalidad.

“La invocación de cualquier otra causal para anular Tía María sería ilegal y llevaría al Perú a un arbitraje internacional”, advierte Manuel Pulgar Vidal, exministro del Ambiente.

El ejemplo más flagrante de esto es el del proyecto minero Santa Ana, cuya anulación, en las postrimerías del gobierno de Alan García, condujo a un juicio internacional que costó US$30 millones al Estado peruano,

Pero Santa Ana era un proyecto de sólo US$60 millones. Tía María demandará una inversión de US$1.400 millones, cifra lo suficientemente elevada para disuadir cualquier intento de cancelación.

Sin embargo, un evento reciente podria dar a los opositores al proyecto el argumento legal que estaban esperando para invocar su anulación.

UNA CONCESIÓN LLAMADA VANIA

El martes pasado, el diario la República dio a conocer que Ingemmet había cancelado una de las concesiones del proyecto Tía María debido a que Southern incumplió con pagar la vigencia y penalidad correspondiente a los años 2017 y 2018.

Se trata de la concesión denominada Vania, de 200 hectáreas, sobre cuya superficie la minera mexicana preveía construir la planta de lixiviación para producir cátodos (láminas) de cobre.

La cancelación o caducidad de la concesión fue dictaminada por la presidencia de Ingemmet (febrero de 2019) y ratificada por el Consejo de Minería (diciembre del 2020), máxima entidad administrativa de sector minero a la cual Southern apeló el caso.

La evidencia es clara. “Si cualquier titular minero no acredita producción mínima por dos años consecutivos ante la Dirección General de Minería (DGM) o no paga el derecho de vigencia por dos años consecutivos, Ingemmet simplemente aplica la norma de caducidad”, refiere un funcionario del sector minero con el que Día1 conversó.

La pregunta que flota en el ambiente es si la cancelación de Vania obliga a reformular componentes clave del proyecto, como la licencia de la planta de beneficio (procesamiento) y el estudio de impacto ambiental (EIA).

De acuerdo a fuentes del sector minero, Southern puede continuar el litigio al Poder Judicial, siguiendo el ejemplo de Macusani Yellowcake, que consiguió dos medidas cautelares para 32 concesiones mineras (de litio) en litigio con Ingemmet.

Ni cortos ni perezosos, los dirigentes del valle del Tambo se han apresurado a exigir al Gobierno la revisión de la licencia de construcción de Tía María, en le esperanza de que el ‘incidente Vania’ conlleve a su anulación definitiva.

Puede leer la resolución del Consejo de Minería sobre la anulación de la concesión Vania, aquí.

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