El Poder Ejecutivo publicó hoy el Decreto de Urgencia 006-2024, que aprueba medidas extraordinarias para la sostenibilidad fiscal, el equilibrio presupuestario y la eficiencia del gasto público. Estas se refieren principalmente a limitaciones al gasto de los presupuestos en áreas no críticas y a la dotación de recursos para proyectos.
En primer lugar, el decreto establece normas para limitar gastos no críticos y promover el uso eficiente de los recursos de las entidades y empresas del Estado. De esta manera, se dispone que el gasto devengado para el Año Fiscal 2024 no puede superar el monto devengado en el 2023, por toda fuente de financiamiento en las entidades del Gobierno Nacional incluidas en el Decreto de Urgencia.
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Entre estos recortes está la prohibición para que los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, Petro-Perú, Fonafe y las empresas bajo su ámbito, adquieran vehículos automotores, salvo los vehículos destinados a seguridad ciudadana, defensa nacional, servicios de salud, de limpieza, supervisión y fiscalización ambiental, gestión de residuos sólidos, gestión del riesgo de desastre y para la atención, cuidado y protección de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos. La adquisición de los vehículos automotores solo se podrá realizar con cargo a los recursos del presupuesto institucional de las entidades respectivas para el Año Fiscal 2024, por cualquier fuente de financiamiento y conforme a la normatividad vigente, y solo puede efectuarse previa autorización del titular del pliego.
Además, en el caso de Petro-Perú, Fonafe y las empresas bajo su ámbito, se aprueban medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público y de ingresos del personal que previamente estaban contempladas.
El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, ya había anunciado con anterioridad que el Ejecutivo buscaría implementar una norma para reducir el gasto público. “Según la regla fiscal, Perú debería tener este año 2% de déficit. Nosotros proyectamos, y de hecho ese va a ser nuestro esfuerzo, de llegar al 2% [...] Eso nos obliga evidentemente a hacer algunas cosas. Entre algunas cosas que hay que hacer, por ejemplo, es tratar de ser muy razonables con el nivel de gasto, sobre todo para no afectar a la población con la calidad del gasto. Es por eso que estoy pensando sacar en los próximos meses, con la autorización del premier y de la presidenta, una norma referida a la austeridad en el sector público”, señaló en febrero.
Otras medidas
Por otro lado, el decreto también establece medidas para reorientar recursos y asegurar la prestación de los servicios públicos que durante el año pasado han sido atendidos por personal que desarrolló labores en calidad de “locadores”. Por ello, las entidades deberán priorizar sus gastos y con estos ahorros asegurar las contrataciones, dando prioridad a aquellas actividades vinculadas a servicios de salud, educación, seguridad, entre los principales.
Además, faculta a las entidades del sector público a priorizar su cartera de inversión usando sus saldos no comprometidos para dar cobertura a proyectos en ejecución que requieran mayores recursos, incorporar nuevos proyectos, así como para desarrollar nuevos expedientes de inversión. Asimismo, reduce restricciones a los programas presupuestales para que los saldos proyectados se reorienten a otras acciones o proyectos que requieran financiamiento con carácter prioritario. También autoriza a los gobiernos regionales y locales a utilizar recursos del Foncor y Foncomun para compra de maquinarias.
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En tanto, la norma autoriza a Sedapal a utilizar los saldos de las transferencias efectuadas a dicha empresa para la ejecución de inversiones hasta por S/80 millones. Con ese dinero podrá distribuir gratuitamente agua potable mediante camiones cisterna a la población de su responsabilidad que no cuenta con acceso al servicio.
Asimismo, autoriza que durante el Año Fiscal 2024 el Gobierno Nacional realice modificaciones presupuestarias para habilitar gastos por la implementación de la negociación colectiva a nivel descentralizado por entidad pública. Los pliegos deben registrar las modificaciones y enviar los informes de viabilidad a la Dirección General de Presupuesto Público en un plazo de hasta 30 días hábiles posteriores a la emisión del decreto.
Por otro lado, el decreto autoriza una transferencia de partidas en el presupuesto por S/55,1 millones a favor de aquellos Gobiernos Locales considerados en función a los menores ingresos proyectados, que cuenten con una alta incidencia en pobreza y/o reducidos saldos de balance del año 2023, para financiar la continuidad de la ejecución de inversiones.
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