Ejecutivo busca reemplazar D.U. 003 con nueva ley

El Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para reemplazar el Decreto de Urgencia (D.U.) 003, cuya vigencia culmina este 13 de febrero. La propuesta establece, entre otras cosas, que las empresas que operaron en consorcio con compañías vinculadas a actos de corrupción como Odebrecht asuman parte de la reparación civil a favor del Estado.

Desde el Congreso, la ministra de Economía, Claudia Cooper, señaló que la iniciativa busca mejorar los alcances del DU 003. En ese sentido, dijo que se apunta a un mejor manejo de las retenciones para asegurar la reparación civil y se propone que un mayor número de empresas queden comprendidas en la norma.

En detalle, la propuesta plantea retener el 50% de las utilidades de los proyectos de aquellas empresas que han sido condenadas o que han confesado delitos de corrupción, como es el caso de Odebrecht. Además, no podrán realizar transferencias de capitales y dividendos al extranjero y se asegurará el pago de obligaciones tributarias futuras, creando un mecanismo de detracción en los pagos que realicen las entidades públicas.

También se establece que las compañías que se asociaron o formaron consorcios con empresas corruptas serán responsables de pagar la reparación civil. Para esto se plantea que un juez determine un monto que irá a un fideicomiso. Con esto, el Gobierno busca que no se afecte la cadena de pagos proyectos en manos de estas empresas.

Una figura similar se propone para las empresas bajo investigación en el marco del Caso Lava Jato, las cuales de manera voluntaria podrán aceptar o no retenciones de sus activos.

El proyecto, además, dispone que las empresas socias o bajo investigación implementen programas de 'compliance' para prevenir la futura comisión de delitos.

Por su parte, el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, dijo con el DU 003 vigente se pudo evitar la venta de activos de las empresas comprendidas en dicha norma, aunque las retenciones solo alcanzaron S/25 millones en fideicomisos.

También comentó que la propuesta busca incentivar los procesos de colaboración eficaz para las personas jurídicas. Justamente, la iniciativa establece que las compañías que deseen acogerse a este régimen tendrán que entregar información a la fiscalía, y con ello podrán ser excluidas total o parcialmente de la aplicación de la norma.

Para Claudia Tavara, del estudio Lazo, la propuesta del Ejecutivo resulta importante porque se enfoca en la continuidad de los proyectos brindando seguridad jurídica a los potenciales compradores de proyectos en manos de empresas corruptas y se crea un mecanismo más eficaz para asegurar el pago de la reparación civil.

Consideró que el Ejecutivo debe afinar bien para la aplicación de la norma, especialmente en las empresas que operaron como socias con otras vinculadas a casos de corrupción.

"Será importante saber cuál es el alcance de las retenciones para estas empresas debido a que aún no se ha determinado su culpabilidad de manera expresa", añadió.

CONSENSO POLÍTICO
Tanto la ministra Cooper como el titular de Justicia señalaron que se buscará consenso con las bancadas del Congreso para conseguir una rápida aprobación del proyecto de ley debido a la vigencia del DU 003.

Este Diario pudo conocer con fuentes del Congreso que la Comisión Permanente realizaría una sesión la próxima semana para evaluar y someter a votación la propuesta del Congreso. 

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