MTPE colocará a 1.000 personas discapacitadas en el mercado - 1
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Jorge Luis Acevedo

Estamos a menos de un mes del inicio de la fiscalización por la autoridad administrativa laboral del cumplimiento de la cuota de contratación de personas con discapacidad equivalente a 3% de la planilla (en adelante, la cuota) y vemos con preocupación que el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), los empleadores y  los centros de salud (en adelante, los actores) aún no implementan el 100% de las obligaciones que tienen por delante.

En ese contexto, nos preguntamos si es legítimo que se inicie la fiscalización sobre discapacidad con carácter sancionador a partir de enero del 2016 o si no sería mejor que dicha fiscalización tenga primero un carácter preventivo y luego uno sancionador. ¿Qué nos anima a proponer ello? Varios hechos.

En primer lugar, si bien todos los actores conocían que a partir del 2015 se iniciaba la obligación de la cuota para los empleadores con más de 50 trabajadores, varios factores no permitieron un proceso adecuado de implementación:

(i) La norma del sector salud sobre la expedición de los certificados de discapacidad se dio en enero del 2015 y durante el primer semestre se realizaron labores de capacitación a los médicos. 

(ii) Las normas complementarias del sector trabajo que precisaron cómo se debía cumplir la cuota, definiendo parámetros importantes como la ponderación anual, la validez de certificados de discapacidad que reflejaran la fecha real de la discapacidad , las excepciones para la cuota, la bolsa especial de trabajo, entre otros, recién se expidieron en mayo del 2015.

(iii) En consecuencia, las reglas estuvieron más claras para los empleadores y los trabajadores recién a finales del primer semestre del presente año.

En segundo lugar, han sido pocos los empleadores que, luego de aprobadas las normas complementarias sectoriales, se han preocupado por tratar de cumplir la cuota, no existiendo en medios campañas de sensibilización o información sobre la finalidad de las normas sobre discapacidad y la cuota.

En tercer lugar, la respuesta de las autoridades administrativas no ha sido lo expeditiva y oportuna que se hubiera esperado, tanto en la bolsa especial de trabajo –sobre todo en las direcciones regionales de trabajo– como en los centros de salud, lo cual ha impedido un nivel aceptable de cumplimiento.

En este panorama, la Sunafil elabora su protocolo interno de fiscalización del cumplimiento de la cuota –lo cual está dentro de sus facultades– para aplicarlo en el 2016, lo que encontrará a muchos empleadores infractores.

Coincido plenamente con la acción afirmativa de la cuota –la cual es reconocida en el mundo– pero para fiscalizar su cumplimiento deben primero existir las condiciones que permitan a los trabajadores obtener en forma célere sus certificados de discapacidad en todos los centros de salud del Perú y reglas claras que permitan a los empleadores cumplir con esta importante obligación.

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