Falta de estabilidad jurídica afecta el desarrollo de la minería

El evento contó con la participación de cuatro ex ministros de Energía y Minas: Cayetana Aljovín, Rafael Belaúnde, Gonzalo Tamayo y Jorge Merino, así como de Luis Carlos Rodrigo, socio de Rodrigo Elías & Medrano Abogados, y José Tam y Álvaro Barrenechea, presidente y vicepresidente de la Cámara de Comercio Peruano China, respectivamente.

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Los exministros coincidieron, entre otros puntos, en la gran importancia y aporte del sector minero a la economía del país. Según explicaron, se está en el mejor momento para aprovechar el súper ciclo de los precios internacionales de los metales.

Para Rafael Belaúnde, los buenos precios implican mayores utilidades y mayor recaudación de recursos para el Estado, por lo que hay que aprovechar el momento. Hoy el precio del cobre está sobre los US$4 por libra, lo que representa una gran oportunidad para el Perú respecto a poner en valor sus reservas de minerales. Sin embargo, si no se hace nada en exploración, “que es el corazón del sector”, en 20 años nuestro país podría producir 40% menos de cobre y no duplicar la producción, afirmó el exministro.

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“Se prevé que los buenos precios van a durar un tiempo más y esto es valioso. El Estado va a recaudar por renta minera cerca de S/ 87 millones en el último quinquenio y ningún gobierno de la historia ha gozado de una renta de esa magnitud”, señaló.

Jorge Merino, coincide en que el Perú debe aprovechar la oportunidad histórica de los precios del cobre, sumado al efecto de mayor volumen de su producción en el corto y mediano plazo.

“El Perú, como segundo productor de cobre en el mundo, genera una cartera de proyectos por US$ 56 mil millones y aún tiene más proyectos por explorar”, afirmó.

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Estabilidad jurídica

Los exministros también coincidieron y resaltaron la falta de estabilidad jurídica y acompañamiento del Estado para fomentar las inversiones en el sector.

Cayetana Aljovín hizo hincapié en que esta situación se dio a pesar de que el sector ha sido resiliente en la pandemia. No obstante, este ya no cuenta con los atributos que lo hacían una plaza atractiva.

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Agregó, que no es momento para una reforma tributaria y de imponer más impuestos al sector minero ya que alrededor del 50% de la utilidad operativa de las mineras va para el Estado.

Para Merino, se ha roto la confianza en la estabilidad jurídica en el país de las inversiones nacionales y extranjeras, porque existen mensajes contradictorios del Gobierno sobre la inversión privada.

“Debemos recuperar la confianza y grado de inversión. Es una tarea difícil que necesitará de un gran consenso político, pero se debe crear una corriente de opinión pública sobre la importancia minera en el Perú”, dijo.

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En tanto, Gonzalo Tamayo resaltó que la minería se ha convertido en un eje importante de movilización social, con una magnitud que no registra otro sector económico. Sin embargo, advirtió que, en los próximos cinco años, no se ven proyectos grandes, de clase mundial, entrando al país. Sí, por el contrario, varios medianos, aseveró.

Conflictividad

Sobre los conflictos sociales en las zonas de influencia minera, los expositores concordaron en que hay un Estado ausente que no sabe gestionarlos.

En opinión de Tamayo, existe una ausencia del Estado en términos de mantener un equilibrio entre la empresa privada, las comunidades y el aparato administrativo.

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“Tenemos activistas anti mineros en zonas donde la población tiene grandes necesidades. La Constitución garantiza el derecho a la protesta, pero también el libre tránsito y encontrar ese balance es difícil y, cuando la decisión política del Estado eleva uno de ellos frente al otro, automáticamente toma una posición y empodera a la agente”, señaló Tamayo.

Para Belaúnde, debido a la pasividad del Estado, nos encontramos en un momento político y social muy malo. “La principal amenaza es la conflictividad, que en el fondo utiliza las reivindicaciones medioambientales como arma de negociación para intereses subalternos”, dijo.

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Por su parte, Aljovín refiere que “tenemos una norma del 2017 para proteger activos estratégicos y el corredor minero del sur es uno de ellos. Además, contamos con una premier que se atribuye competencias para anunciar el cierre de minas. Sin embargo, se debe respetar las competencias de cada una de las entidades del Estado”, aseveró.

Gestión de los recursos

Finalmente, comentaron la falta de capacidad de gestión del Estado para ejecutar los recursos que aporta la minería. Asimismo, coincidieron en que se registra una fuerte corriente anti minera.

Aljovín refirió que no es un tema de falta de dinero sino de ineficiencia en la gestión, porque en los últimos diez años el sector generó S/ 40 mil millones en canon y regalías para las regiones. A pesar de ello, no se ve un mejoramiento en obras de agua y saneamiento, en salud o educación, afirmó.

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Belaúnde comentó que el Estado no sabe cómo gastar todo lo que recibe de la minería y deja de ejecutar más del 40% de los recursos del canon todos los años.

“Más impuestos desincentivarán el desarrollo y la exploración porque el dinero que podría ir a explorar diversas zonas con potencial minero, se irá a pagar impuestos y dar recursos al Estado que no va a ejecutar. Eso nos hace menos competitivos para captar inversión minera”, señaló.

Por ello, Merino afirma que hace falta una nueva visión de planificación y concertación en la distribución de los recursos.

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