Gobierno iniciará este mes discusión sobre aumento del sueldo mínimo: ¿cuál es su viabilidad y cómo debería abordarse?

Antonio Castillo, gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), consideró que no es el momento adecuado para plantear estos incrementos, pues la economía recién se está recomponiendo. Además, las micro y pequeñas empresas aún no han alcanzado sus niveles prepandemia y podrían no resistir un incremento.

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“Es saludable que el CNT se reúna y vean temas de fórmulas y condiciones, pero indudablemente, como incluso el ministro de Economía había señalado, no es momento para insistir en este incremento”, afirmó.

Germán Lora, socio del Estudio Damma, coincide en que el momento no es oportuno para el aumento de la RMV, pero considera que se trata de una decisión ya tomada por el Gobierno y que, lamentablemente, seguirá afectando los puestos de trabajo formales y hará mucho más difícil la formalización.

Sobre esto, el laborista Ricardo Herrera, socio principal del Estudio Muñiz, recordó que, de acuerdo con la Constitución, el tema debe discutirse y ser producto del consenso de los tres principales actores sociales: empleadores, trabajadores y Estado, que están representados en el CNT.

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Si bien considera que no es el momento oportuno para discutir el aumento, al darse el diálogo debería tenerse en cuenta las variables del costo de vida a nivel de regiones y la productividad de las empresas.

“En algunas regiones es necesario incrementar la RMV debido al incremento del costo de vida, pero en otras no. Es importante considerar un mínimo vital diferenciado por regiones porque no es lo mismo el costo de vida en Apurímac o en Amazonas que en Lima”, señaló.

El laboralista afirmó que, mediante Decreto Supremo, se puede regular esta remuneración diferenciada que también puede darse por razones de capacidad económica; así, existiría un mínimo vital para las pymes (pequeñas y medianas empresas) y otro para las que no están en esta categoría, por ejemplo.

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Sobre la productividad de las empresas, dice, el CNT llegó a perfilar la llamada cláusula gatillo que es una fórmula que mide la productividad para ver si la economía, sobre todo a nivel pyme, está en capacidad de absorber un incremento de la RMV.

“Un estudio del Banco Central de Reserva (BCR) de hace unos años estimaba que, por cada sol de aumento del mínimo vital, 910 trabajadores dejaban la planilla, seguían trabajando, pero ya no formalmente”, añadió Herrera.

Informalidad

La ministra anunció también que una de las metas de su cartera para este año es la generación de trabajo formal que permita a los trabajadores contar con Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), gratificaciones, entre otros beneficios, pero que aún el país se encuentra en una incapacidad económica que no permite garantizarlos.

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“El primer reto que tenemos es focalizar a los informales que vienen trabajando y a través de una reforma de carácter tributario, que se trabajaría con el Ministerio de Economía y Finanzas, incentivarlos a la formalidad”, señaló Chávez.

A entender de Lora, no ha quedado claro el cómo se va a combatir la informalidad y afirma que las medidas que están dando van en contra de ese propósito.

“Por un lado brindarán un incentivo económico a las empresas y por el otro están aumentando la remuneración mínima vital, entonces el incentivo quedaría neutro“, señaló.

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En posición contraria, Castillo calificó de atrayente la medida de brindar un incentivo para la contratación de los jóvenes.

“Ese es el camino. El tema no es incrementar la RMV, sino las oportunidades de empleo, sobre todo para los jóvenes que han sido los más afectados en la pandemia”, dijo.

Para Castillo, al tener un nivel de informalidad tan alto, que bordea casi el 80%, el reto está en cómo lograr que exista protección social para los trabajadores y buscar políticas de empleo y formalización.

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Herrera señala que el Estado debe adoptar medidas de promoción para la formalidad de las pymes, primero con medidas generales de fomento a la iniciativa privada, lo que implica generar confianza empresarial.

En materia laboral, sugiere implementar el ISO Laboral, a través del cual se exija a las pymes proveedoras del Estado tener acreditados a sus trabajadores en planilla.

“El 60% de las pymes tiene como único o principal cliente al Estado y el 40% de las compras públicas son con estas empresas. Entonces, esta exigencia fomentaría la inclusión de trabajadores en planilla para un sector muy informal”, anotó Herrera.

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