(Foto: El Comercio)
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Daniel Macera

Cada año, los accidentes viales en el Perú dejan costos por daños que ascienden aproximadamente a US$1.000 millones, es decir, entre 1,5% y 2% del , según una proyección de la .

En este contexto, y a raíz del accidente de Pasamayo, son 16 contratos de concesión de carreteras a escala nacional –vigentes y equivalentes a US$4.836 millones– los que serán revisados por el para revaluar sus medidas de seguridad vial, según lo anunciado por el ministro Giuffra el viernes ante el Congreso.

“Revisaremos la totalidad de contratos de concesiones para validar que no existan vacíos en cuanto a las exigencias de seguridad vial e identificar oportunidad de mejora [...]. Eso tomará tiempo”, informó el ministro.

Hoy solo el 8,27% del total de la red vial en territorio nacional (6.866 km) se encuentra en condición de concesionada, según el MTC. Por ello, el MTC indicó a El Comercio que reforzará las coordinaciones para que se ejecuten las medidas necesarias de seguridad vial en no concesionadas, que se encuentran bajo administración de Provías.

Sobre los impactos que la revisión de todos los contratos podría tener en las negociaciones con los concesionarios, los expertos consultados coincidieron en que estos van a depender de la transparencia y eficiencia con que actúe el MTC para identificar y financiar los cambios en seguridad vial.

Dijeron que cualquier modificación debería motivar una adenda y no la paralización del tramo, tal como ocurre actualmente con el serpentín de Pasamayo.

“Las negociaciones no deberían tomar más de un mes, siempre y cuando el MTC actúe con un calendario en mano y sea honesto sobre la forma y eficiencia en la financiación. La complejidad de cualquier cambio no será una excusa para proponer un nuevo estudio de factibilidad”, comentó José Luis Guasch, ex jefe de Expertos Globales en Asociaciones Público-Privadas del Banco Mundial.

Por su parte, el MTC dijo a este Diario que la revisión de las concesiones no significa necesariamente demoras, sino un análisis legal, económico y técnico de las medidas de seguridad vial a ser implementadas.

La entidad argumentó que de existir costos adicionales a cargo del Estado, “debido a que legalmente se debe respetar el equilibrio económico de los contratos”, estos deberán ser evaluados y sustentados caso por caso.

“La revisión de los contratos de concesión vigentes es un proceso normado en el que participan el Ministerio de Economía, Ositrán y la contraloría. En este proceso se ha puesto énfasis en la transparencia”, sostuvo.

Sin embargo, Patricia Benavente, ex presidenta de Ositrán, cuestionó la efectividad de las medidas del MTC con respecto a la seguridad vial.
Afirmó que para el caso específico de la concesión de Norvial (a cargo del tramo de Pasamayo), en el 2016 el MTC recibió US$3,5 millones por concepto de retribución, que debían asignarse al Fondo Vial (ligado a temas de seguridad), y a pesar de esto, la vía tuvo problemas de señalización.

“Los montos del Fondo Vial debieron usarse en la problemática del serpentín de Pasamayo, que es de larga data, justamente por los accidentes”, señaló Benavente.

De igual manera, Alonso Segura, ex ministro de Economía y Finanzas (MEF), argumentó que la propuesta de Giuffra podría generar retrasos en las negociaciones con concesionarios tras la inclusión de Pro Inversión en las negociaciones con proveedores, como exige la actual legislación.

“El que tendría que liderar la negociación sería el MTC, con la participación del Ministerio de Economía y Finanzas y Ositrán. Agregando un jugador más, como Pro Inversión, el retraso en las conversaciones con los concesionarios sí podría ser notorio”, expuso Segura.

NEGOCIACIONES

Según el MTC, son 14 proyectos los que se tienen en la cartera de potenciales nuevas obras viales para los próximos años. Entre estos se encuentran el anillo vial periférico para Lima y Callao (US$2.000 millones) y el mejoramiento de la Longitudinal de la Sierra Tramo 4 (US$338 millones), ambos pensados para licitarse este año. Estos tendrían ya incorporadas las medidas de seguridad designadas por el MTC correspondientes a cada caso, lo cual implicaría un costo extra.

“Si bien los proyectos no deberían encarecerse mucho, esto va a depender del estándar de calidad que quiera el MTC. No obstante, creo que actualmente la entidad no tiene claro qué es lo que quieren exactamente, por lo que es difícil determinar el monto y el tiempo estimado de negociación”, apuntó Segura.

En este contexto, Benavente comentó que las negociaciones no deberían verse retrasadas por la incorporación de cláusulas de seguridad, ya que se trata de un tema ‘quirúrgico’ dentro de un contrato. Pero por otro lado argumentó que un factor de riesgo de atraso de estas obras tendría que ver con la actual coyuntura política.
“No existe la misma confianza que hace un año y medio entre los empresarios, lo que nos puede pasar factura cuando haya que firmar contratos con empresas”, puntualizó.

En complemento, Elmer Cuba, socio de Macroconsult, concluyó que el MTC debería seguir adelante con estos contratos que “son requeridos por la población desde hace tiempo y dejar que el ruido político transite por una vía alterna”.

EVALUACIÓN

Los proyectos futuros tendrían ya incorporados las medidas de seguridad designadas por el MTC correspondientes a cada caso. “Se ha creado un precedente donde se pone a la seguridad vial como un elemento esencial en los contratos, vigentes o futuros”, comentó Guasch.

De acuerdo a Jose Luis Bonifaz, director de la Escuela de gestión pública de la Universidad del Pacífico, la manera de evaluar la eficiencia de los contratos debería incorporar no solo el valor monetario, sino también la pérdida de vidas humanas.

“Muchos de las carreteras vigentes pasaron por el SNIP, que calculaba los beneficios medidos en tráfico, pero no ponen en consideración otros beneficios indirectos, dentro de los cuales están contemplados la pérdida de vidas humanas. Si los costos monetarios son bajos, los costos humanos van a subir”, apuntó.

Bonifaz argumentó que invertir en seguridad es vital para poder garantizar la calidad de una obra vial y, además, es lo que exigen los estándares internacionales. 

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