¿Amas a una inglesa? Esto debe ganar para llevarte a Inglaterra

El Tribunal Supremo británico avaló hoy una política del Gobierno que exige a los ciudadanos británicos un salario mínimo anual de 18.600 libras (US$23.172) para poder traer al Reino Unido a sus cónyuges extracomunitarios, informó la agencia Efe. 

La máxima instancia judicial reafirmó la validez de la normativa al analizar los recursos presentados inicialmente en 2014 por varias familias con situaciones similares, que alegaban que la exigencia de esos ingresos mínimos contravenía sus derechos, en particular a la vida familiar.

Los demandantes argumentaron que la regla, introducida en 2012 a fin de evitar que los esposos extranjeros se convirtieran en una carga fiscal para los contribuyentes del Reino Unido, vulnera la legislación de derechos humanos.

En la vista celebrada hoy, siete jueces concluyeron de forma unánime que las normas son legítimas "en principio", si bien admitieron que "fracasan" a la hora de valorar cómo afectan a los casos específicos en los que hay menores implicados y recomendaron que se mejore su aplicación.

Al exponer sus argumentos, el Supremo ha señalado que, en general, la normativa no es contraria a los Derechos Humanos pero las "reglas e instrucciones" requieren "enmiendas" y una aplicación individualizada cuando hay menores de por medio, lo que puede beneficiar a algunos demandantes en este caso.

Al tiempo que acordaron "mantener" vigente la legislación, los magistrados reconocieron que el umbral anual bruto fijado de 18.600 libras., que asciende a 22.400 libras  (US$27.920)  anuales o más si la pareja tiene un hijo o varios hijos sin nacionalidad británica, puede ocasionar a veces "dificultades".

Señalaron que la aplicación actual de la normativa no presta la debida atención al bienestar de los menores o a la existencia de posibles fuentes de ingresos alternativas o incluso al potencial laboral de la pareja que está en el extranjero.

Un portavoz del ministerio británico del Interior se congratuló por que el tribunal haya "avalado" el enfoque del Gobierno de fijar "un umbral mínimo de ingresos" que evite "cargas al contribuyente y asegure que las familias de inmigrantes se integran en las comunidades".

Esa misma fuente admitió al mismo tiempo que si bien "las reglas vigentes continúan operativas", se estudiará "cuidadosamente lo que ha dicho la Corte sobre los casos excepcionales donde el ingreso mínimo no se cumpla, particularmente si el caso afecta a un menor".