Al Estado le costaría S/350 millones anualmente si se aumenta la pensión mínima al nivel del salario mínimo. (Foto: El Comercio)
Al Estado le costaría S/350 millones anualmente si se aumenta la pensión mínima al nivel del salario mínimo. (Foto: El Comercio)
Redacción EC

En los países de y el Caribe el 38,6% de la población, equivalente a 241 millones de personas, no cuentan con ningún tipo de , mientras que el 61,2% restante con frecuencia accede a prestaciones cuya protección efectiva es muy baja, informó la .

En la presentación del Informe Mundial sobre Protección Social 2017-2019 de la OIT, se destacó que en estas circunstancias todavía son grandes los retos de América Latina y el Caribe para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial los relativos al combate a la pobreza y pobreza extrema.

Las limitaciones estructurales de las economías nacionales y la gran incidencia de la informalidad laboral, resulta en que trabajadores rurales, independientes, de las microempresas y trabajadoras domésticas estén excluidos de la protección social o tengan una cobertura efectiva muy baja, destacaron los especialistas en protección social de OIT, Helmut Schwarzer y Fabio Duran, durante su presentación.

El informe detalla que en esta región más de una tercera parte del total de niñas y niños de 0 a 14 años carece de cobertura (33,8%). En este rubro, solo se alcanzan tasas de cobertura efectiva superiores al 90% en Brasil y Chile.

En el otro extremo se encuentra la cobertura de las personas adultas mayores (alrededor de 70%): en 22 países de la región, al menos el 50% de los adultos mayores perciben efectivamente pensiones para el retiro por edad. Sin embargo, en México sólo 25,2% de dicha población recibe este beneficio, en el Perú menos de una quinta parte (19%) y en Haití solo 1 de cada 100 adultos mayores percibe una pensión.

mujeres trabajando
mujeres trabajando

De las mujeres que trabajan, 68% perciben prestaciones monetarias de maternidad, lo que coloca al continente americano por encima de la media mundial (41%). Sin embargo, los resultados por país latinoamericano son muy desiguales: mientras que en Uruguay 100% de las mujeres que trabajan están protegidas, más del 85% en Guatemala y Paraguay no perciben estas prestaciones.

La cobertura en protección social para las personas con discapacidad también varía considerablemente en cada país de la región. Mientras que en Brasil, Chile y Uruguay más del 90% de las personas con discapacidad grave perciben prestaciones por discapacidad, en Bolivia, Colombia, Guatemala y Perú menos del 6% de las personas con discapacidad perciben dichas prestaciones.

El nivel del gasto total en protección social, excluida la salud, se sitúa aproximadamente en el 16% del PBI en América Latina y el Caribe. Brasil y Cuba figuran entre los países que presentan mayores niveles de cobertura y de gasto en protección social. Sin embargo, algunos países de ingreso más alto y mediano, como Bahamas, Granada y Guatemala, dedican menos del 5% del PBI al gasto en protección social.

En la región, el gasto dedicado a la protección social de la infancia representa únicamente una décima parte de lo que se gasta en la protección social de adultos mayores, aunque las personas menores de edad representan 25% de la población total y los adultos mayores sólo el 7,55%.

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