Un reciente estudio indagó en cinco países de la región cuáles son los aspectos que más le preocupan a los usuarios sobre sus smartphones. (Foto: Percy Ramírez / El Comercio)
Un reciente estudio indagó en cinco países de la región cuáles son los aspectos que más le preocupan a los usuarios sobre sus smartphones. (Foto: Percy Ramírez / El Comercio)
Marcela Mendoza Riofrío

Periodista

marcela.mendoza@comercio.com.pe

Alejandro Jimenez, ex gerente de y consultor especialista en el sector brinda en esta entrevistas sus perspectivas sobre las propuestas en torno a la nueva Ley de

- ¿Cuáles estima que deben ser los principales objetivos de la nueva ley telecom del Perú?
Lo primero que hay que preguntarnos es si es necesaria una nueva para generar políticas con incentivos adecuados para impulsar las redes que requiere el país o si ello puede lograrse a través de una actualización del Reglamento de la Ley vigente.

En un momento de cambio tecnológico como el que se va a producir para 5G y para la masificación de fibra al hogar, la predictibilidad y seguridad jurídica resultan fundamentales para promover la inversión de las empresas privadas.



¿Qué necesitamos?
Es necesario que el MTC y el Osiptel tomen conciencia que es necesario desregular y dar condiciones de competencia recogiendo las opiniones de diferentes actores involucrados. Hoy el Estado, como interesado en el desarrollo de las telecomunicaciones, debe buscar el mayor acercamiento a la industria para alcanzar el objetivo país, darles la posibilidad de innovar.

Si tuviera que plantear un nuevo marco para las TIC, es importante una norma con visión de futuro, que se soporte principalmente en principios

¿Esto está siendo recogido en el texto que ha elaborado el Congreso?
Creo que el texto publicado [en la web del Congreso], al igual que sucede en otros países de la región, debe ser ampliamente debatido a través de diversos foros que involucren a la academia, expertos nacionales e internacionales, los operadores, usuarios y desde luego el sector.

¿Sería perjudicial para la industria – en términos de impacto del negocio – que se incluya la función del Estado como operador del servicio y no solo como ente rector? 
En este tema, los principales perjudicados de la intervención del Estado como operador no son las operadoras, sino el bienestar social y al final los consumidores.

Los recursos del Estado deben ser utilizados de manera eficiente y su gestión debe tener como foco atender necesidades sociales como es el caso de la educación, salud, seguridad, etc.  No es eficiente que los recursos y esfuerzos del Estado se usen para intervenir en una actividad en que ya está el privado y existe competencia entre los actores, cuando hay muchas necesidades sociales aun no cubiertas.

¿Cuál sería el impacto en el mercado?
El Estado empresario en una actividad en que ya participa el sector privado y en la que ya existe amplia competencia no solo no generará un incremento en el bienestar social, sino que generará distorsiones a la competencia, generando desincentivos a la inversión.

En cambio, sí resulta muy útil que el Estado, a través del MTC y del Osiptel, defina políticas para promover la inversión privada.

Como por ejemplo, Estados Unidos a través de la FCC ha aprobado un plan denominado 5G Fast Plan que contiene medidas para impulsar las inversiones necesarias para brindar oportunidades digitales a todos los americanos. Otro ejemplo es la Agencia Nacional del Espectro y la Comisión de Regulación de las Comunicaciones de Colombia que es equivalente al Osiptel, que pre publican y socializan las medidas para lograr el objetivo que se han trazado como país, conectar y digitalizar a todos los colombianos acelerando la 5G.

¿Quedan estructuras donde se utilice el modelo estatal en la región? 
Sí, Bolivia y Uruguay son ejemplos de ello. La empresa estatal tiene una lógica distinta que la empresa privada y ello genera distorsiones en el mercado. La primera finalmente es cubierta por los tributos de los contribuyentes, por lo que no existen necesariamente incentivos para ser eficientes.

No tenemos que mirar afuera para cuestionar el modelo, recordemos cómo operaba CPT y Entel en la década de los 80s, antes de la privatización o que pasa hoy con Sedapal.

En el caso del PRONATE,L se definió la función del Estado como operador temporal para casos en que no había privados. ¿Considera que en esas circunstancias no afecta al libre mercado? ¿Qué pasará con la Red Dorsal?
En teoría, la Ley establecía que el operador de la Red Dorsal debería operar en los casos en que no había privados, pero lo cierto es que parte de la red se desarrolló en lugares donde ya los privados operaban.

Ello generó una situación muy compleja, porque finalmente esa red se construyó con recursos del Estado, de todos los peruanos y se “invirtió mal”. Para nada alcanzó sus objetivos, se malgastó el dinero de los peruanos y el MTC tiene un problema del cual hasta ahora no puede salir, incluso buscando recetas en organismos internacionales.

Competir en lugares en que está el privado genera distorsiones a la competencia, porque el costo que asume el privado es mayor al de una red subvencionada.

Si se llegara a aprobar esta ley tal cual define la función estatal, ¿impactaría en la forma en que se resuelve el problema de Azteca y otras redes regionales atascadas?
No creo que la solución del problema de Azteca y las redes regionales se encuentra en una mayor intervención estatal, cuando justamente esa fue parte fundamental de los errores iniciales que han generado un problema mayor. Si se aprueba como está, tendríamos mayores problemas a los actuales.

¿Se habría logrado la expansión del servicio que tenemos hoy si siguiéramos con el modelo de antes de la privatización? ¿Tiene una forma de calcular cómo sería esto de distinto?
Definitivamente no. No podemos hacer un cálculo de cómo serían los indicadores, pero lo que podemos comparar es el evolutivo de precios de un servicio público con intervención estatal como Sedapal de uno en el que está el sector privado. Mientras las tarifas de telefonía local se redujeron a la mitad desde el 2010, las de agua se incrementaron en 14%.