La compañía afrontaba una investigación por deforestación ilegal en Loreto. (Foto: Tamshi)
La compañía afrontaba una investigación por deforestación ilegal en Loreto. (Foto: Tamshi)
Redacción EC

El Tribunal de Fiscalización Ambiental del (TFA) suspendió el procedimiento administrativo sancionador contra Tamshi, a través del cual la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos del OEFA (DFAI), impuso una sanción en noviembre pasado.

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Con esta decisión, el TFA deja sin efecto la multa confiscatoria y una paralización definitiva de las actividades de Tamshi, empresa que se dedica a la producción de cacao, y que fue investigada por deforestación ilegal en Loreto.

A través de su Resolución, el TFA reconoce que:

  • La DFAI estaba impedida de sancionar a TAMSHI.
  • La DFAI habría vulnerado garantías inherentes al debido proceso en exceso de sus competencias.
  • El PAMA de la empresa se encuentra en trámite.
  • Parte de la sanción impuesta vulneró el principio de legalidad, y fue declarada nula por el TFA.

“Fue un proceso sancionador abusivo e inconstitucional, que perjudicó a la empresa y sus trabajadores, poniendo en peligro los casi US$ 50 millones de inversión y más de 300 puestos de trabajo directo. Esta sanción ilegal e inconstitucional dañó la imagen y reputación de la empresa. Además fue dictada sin permitir que la empresa agote los mecanismos de defensa a nivel administrativo, y judicial”, indicó el abogado de la compañía, Luis E. Bustamante.

El Poder Judicial ya ha reconocido en dos ocasiones que la decisión de la DFAI era potencialmente arbitraria y que vulneraba diversos derechos constitucionales de la empresa. Tamshi ha sido absuelta en todas las instancias de las acusaciones e investigaciones de tala ilegal y deforestación.

Las resoluciones judiciales (2015, 2017 y 2020) ratifican que no hubo tala ilegal. Asimismo, que los predios ocupados por la empresa no han sido bosques primarios, por lo que no se puede hablar de deforestación. Finalmente, que las tierras son de uso y aptitud agrícola ya que fueron adjudicados como tales mediante el Decreto Legislativo N° 838, que reconoce a esos predios como agrícolas desde hace más de 25 años.


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