Operadoras:Tarifas de Internet cayeron un 90% en los últimos 4 años

Las tarifas cobradas por el acceso a Internet móvil han caído 90% en los últimos cuatro años como fruto de la intensidad competitiva, lo cual ha hecho más complicado lograr la rentabilidad de las operaciones, sostuvo Juan Rivadeneyra, director legal de Claro, durante su presentación en el foro Conecta Perú.

Esta caída, añadió, ha implicado una reducción del gasto promedio por usuario (ARPU) a US$6, el cual es ahora uno de los mas bajos de la región. El promedio está sobre US$12, en Estados Unidos es de US$24 y en Europa supera los US$30.

Benjamin Astete, gerente legal de Bitel, añadió que en el 2015 con un plan de S/30 se tenía acceso a 300 megas y ahora por el mismo valor se tienen tres gigas, es decir diez veces más.

"El valor del mega ha pasado de seis céntimos a medio centavo, lo cual impacta directamente en los ingresos de los operadores y su sostenibilidad", señaló.

Ambos coincidieron, junto con los representantes de Movistar y Entel, en la necesidad de que las autoridades se cuiden de dictar medidas regulatorias  en torno al espectro que afecten la predictibilidad de las inversiones y la rentabilidad de las operaciones. 

Las políticas publicas, dijeron, deben caminar como un apoyo al inversionista y no se deben cambiar las reglas esenciales ni dictar medidas populistas que hagan más complicado lograr la rentabilidad. Lo ideal es reducir la burocracia, simplificar y modernizar, pero no retroceder, afirmaron.

Ana Quintanilla, gerente de Gestión de Estrategia Regulatoria de Movistar, comentó que urge volver a revisar las normas de renovación de contratos de concesión, que fueron recientemente modificadas, y perfeccionarlas porque se afecta la predictibilidad de las inversiones a largo plazo.

Los especialistas concluyeron que es cierto que las normas no pueden atender a paradigmas del pasado, porque no solo el tráfico crece un 70% al año sino que hay nuevos competidores, pero esos diseños se deben hacer respetando el no afectar la estabilidad jurídica que requieren los inversionistas para continuar en el país.