JUAN SALDARRIAGA
El proceso penal por delito de insolvencia fraudulenta abierto hace dos años por Consorcio Minero (Cormin) al accionista controlador de Doe Run, el multimillonario Ira Rennert, y a Bruce Neil, ex gerente general de la empresa en nuestro país, podría tomar un giro decisivo en los próximos días.
Ayer por la mañana el abogado de la parte demandante, José Antonio Caro, reveló que el Ministerio Público tiene en su poder un expediente con evidencias que demuestran que la adquisición del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) por parte de Doe Run (1997) fue fraudulenta.
“En el expediente obran pruebas obtenidas ante la corte de Missouri, donde constan e-mails e informes internos de las múltiples empresas de Ira Rennert, dueño del consorcio, obtenidas lícitamente durante el proceso”, señaló el abogado durante una audiencia en la Corte Suprema.
Los archivos obtenidos por Cormin documentarían que Ira Rennert simuló efectuar un aporte de capital a Metaloroya, empresa que administraba el CMLO al momento de su privatización, solo para poder cumplir con las exigencias del Estado Peruano.
Para adquirir el CMLO, Doe Run se comprometió a pagar US$250 millones: US$121,45 millones por las acciones de Metaloroya y US$126,5 millones en inyección de capital social a esta.
Las pruebas reunidas por Cormin demostrarían que Doe Run Perú aportó a Metaloroya US$126,5 millones el 23 de octubre de 1997 y que retiró la mayor parte de dicho dinero, US$125 millones, ese mismo día. El retiro fue efectuado en calidad de “préstamo”, sin intereses , en favor de Doe Run Mining, otra empresa del grupo.
Pero no solo eso. Cinco meses después Ira Rennert volvió a endeudarse emitiendo bonos en EE.UU. por US$250 millones, de los cuales empleó US$125 millones para abrir un depósito ‘back to back’ en una entidad financiera, apropiándose de los restantes US$125 millones.
El resultado fue que Doe Run Perú terminó asumiendo los sucesivos endeudamientos de Ira Rennert y sus empresas.
Así, cuando Doe Run Perú absorbió por fusión a Doe Run Mining, en 2001, y el crédito de US$125 millones que tenía por cobrar se extinguió, quedó obligado frente a los bancos internacionales.
La crisis que esto generó al interior de Doe Run Perú resultó ser catastrófica. El Ministerio Público tendría en su poder correos enviados por los ejecutivos de la empresa en Lima explicando a sus superiores la insuperable situación de crisis financiera en que se hallaba esta como consecuencia del préstamo de US$125 millones efectuado en 1997.
PROCESO ENTRAMPADO Las pruebas recogidas por Cormin no han podido ser ventiladas en el proceso penal que esta empresa ha abierto contra Ira Rennert, debido a que sus defensores han dilatado el proceso con tecnicismos.
El último recurso presentado por la defensa fue una cuestión previa, que arguye que el fiscal encargado de hacer la denuncia presentó esta sin haber pedido al Indecopi el informe técnico respectivo.
Este argumento motivó que la Corte Superior de Justicia archive el caso en mayo último; pero Cormin apeló esta decisión ante la Corte Suprema de Justicia.
Lo que se vio ayer fue la primera audiencia celebrada en esta instancia. Si la Corte Suprema revierte la decisión de la Corte Superior, el proceso se reactivaría y las pruebas presentadas por Cormin se harían públicas.