Reforma a normas de tarifas es vista como ilegal e innecesaria

Óscar Sumar, director de la asociación civil Regulación Racional y  especialista en regulación económica en Sumar & Sánchez Abogados, considera que el actual nivel de competencia que vive el sector de telefonía móvil no justifica el diseño de propuestas que buscan mantener a usuarios antiguos con precios superiores al de las nuevas ofertas vigentes. La citada norma fue presentada a debate público el mes pasado y se encuentra actualmente en revisión con miras a publicarla antes de fin de año. 

 ¿Qué razones estima han originado esta propuesta de nuevo reglamento de tarifas?
La razón de fondo es que tenemos un regulador – Osiptel - que no se ha percatado de que el mercado de telecomunicaciones ahora es altamente competitivo. El regulador continúa una tendencia de expansión en contra de la evidencia en el sector. Mientras el mercado se hace más competitivo, el regulador crece más, habiendo aumentado en los últimos 10 años no solo el número de regulaciones desmesuradamente, sino también de fiscalizaciones y multas a las empresas.

¿No son entonces propuestas idóneas para el mercado? 
El regulador encuentra que existe una “discriminación injustificada” de precios en dicho mercado, que es otra forma de decir que existe una diferenciación de precios por productos similares, la misma que existe –sin problemas- en casi cualquier mercado que podamos nombrar. No solo eso, sino que la pretendida modificación del reglamento es ilegal. El regulador solo puede regular precios en un mercado sin competencia. Paradójicamente, el único momento en que no ha habido competencia fue cuando el propio Estado la prohibió mediante una ley que concedió un monopolio de 5 años a Telefónica. Luego de esos 5 años, la competencia no ha parado de aumentar.

¿Existiría algún efecto en costos o beneficio con la norma para los operadores?
Los costos o beneficios relevantes son los de la sociedad, no los de los operadores. A la sociedad esto no le trae beneficios, solo costos. El regulador parte de la premisa de que el mercado tiene fallas, pero su justificación es insuficiente. Lo que se aprecia en la realidad -fuera de discusiones teóricas-, es que cada vez las personas tenemos más y mejores opciones para acceder a Internet, telefonía u otros servicios. En este escenario, Osiptel busca desaparecer opciones, prohibiendo la diferenciación de precios, con la justificación de que “mucha información lleva a la desinformación”, cosa que no solo suena sino que es ridícula en el caso de este mercado. Salvo un caso excepcional que debería ser probado de una forma contundente, tener más opciones siempre es mejor que no tenerlas.

Algunos operadores, durante la audiencia pública, mencionaron que se podría afectar la venta de smartphones porque se desincentiva la subvención. ¿Es esto posible?
Lo que no toma en cuenta el regulador es que pueden haber infinitas razones para que una empresa cobre precios distintos por un mismo producto. El regulador –actuando de manera arbitraria y miope- ha elegido solo algunos atributos o características de los planes que son los comparables. Sin embargo, es imposible que el regulador se ponga en cada situación. Una de ellas, por ejemplo, es que la operadora cobre más por un plan porque está cobrando menos por el equipo. Si se prohíbe cobrar más en este caso, evidentemente se quitará esta opción.

Osiptel aseguró que existían ahorros de más de S/ 500 millones para los usuarios con la norma. ¿En qué medida esos ahorros se convertirían en trabas para bajar las tarifas? ¿Seguirán desapareciendo promociones y subiendo precios los operadores?
Es evidente que si los operadores no pueden cobrar tarifas diferenciadas pierden capacidad de maniobra y deberán o cobrar los precios más altos o por lo menos un promedio, [sin atender] la disposición a pagar o la información que tenga cada persona. Independientemente de los precios, lo que le resta al mercado es eficiencia, que al final del día es la variable que más nos debería de importar. “Asignar los bienes a sus usos más valiosos” es justamente lo que se consigue diferenciando precios.

¿Por qué existen tantos planes antiguos con tarifas más altas que las nuevas, y cuáles son las mejores formas de darles de baja sin intervenir el mercado?
El regulador cita que existen 1.300 planes aproximados, pero esto es falso. Puede ser que existan formalmente porque el regulador obliga a las empresas a registrarlos, pero eso no quiere decir que si yo entro a una tienda de un operador voy a tener la opción de escoger 400 planes… Considero que no existe la necesidad de regular esto. Si hay saturación de información, los principales interesados en llegar de forma adecuada a los consumidores son justamente las operadoras y ellas son las que tienen sensibilidad a sus demandas. El regulador justamente pretende actuar como un planificador, sin información y sin incentivos para llegar a la respuesta correcta.

¿Por qué dicen los operadores que se afectaría la disposición de ofertas en provincias si la norma proponía mantener los criterios de asimetría geográfica?
Para empezar, las excepciones no resultan claras. La redacción del proyecto en general no solo es errada desde el punto de vista técnico (económico y regulatorio), sino que incluso su lenguaje es difícil de comprender. Por ejemplo, habla de “planes dominados” en lugar de usar un lenguaje más llano. Por otro lado, las operadoras están en mejor posición para saber cómo se afectará, por ejemplo, su capacidad para hacer subsidios cruzados o diferenciar precios de tal forma que su cobertura sea mayor. Incluso para alguien como yo que sigue de cerca el sector, es complicado ponerme en todas las situaciones posibles. 

¿Han habido otros cambios regulatorios en el sector que hayan contribuido con las alzas en tarifas experimentadas este año? ¿Cuáles serían estos?
De por sí, el gran acervo regulatorio en el sector disminuye la competencia y eso impacta en los precios. Tenemos más de 20 años de acumulación de normas sobre normas. Por ejemplo, toda la burocracia relacionada al cambio de planes sin duda hace que el sector sea menos dinámico de lo que podría ser. 

A su entender, ¿qué es lo que necesita el sector en términos regulatorios y cómo podría lograrse?
Lo que se necesita es que el regulador entienda que ahora le toca retroceder. Existe la tentación de aumentar el poder, lo que en la práctica significa aumentar el ámbito de influencia del regulador a través de normas. Sin embargo, Osiptel debe combatir esa tentación y más bien ir desregulando, tal como han hecho países como Australia y Dinamarca. Los consumidores no quedarán desprotegidos, ya que siguen siendo aplicables normas que se dictaron al privatizar los servicios públicos, tales como las normas de protección al consumidor que establecen un marco general y principios aplicables.

¿Cuál es la prioridad en términos de cambios de la propuesta normativa del Osiptel?
En realidad, toda la propuesta debería ser revisada o descartada de plano. Es una norma innecesaria, criticada casi de manera unánime y que no debería prosperar. En la audiencia pública para debatir la propuesta, de 15 personas que tomamos la palabra, 14 estábamos en desacuerdo y más o menos en base a los mismos argumentos. Eso dice algo sobre la calidad del proyecto.

¿Estima que saldrán más normas con efectos negativos como el de la propuesta debatida?
En estos últimos meses, los reguladores están desatados. Se quieren regular los estacionamientos, las apps de transporte privado, establecerse el control de fusiones, se han prohibido los call centers, etc. Algunas de estas normas supuestamente protegen a los consumidores, pero en realidad solo le quitan dinamismo al mercado, reemplazando decisiones empresariales por decisiones estatales. En Perú, estamos convencidos de que el libre mercado es mejor que la planificación estatal, pero paradójicamente parecemos apoyar cada iniciativa que –poco a poco- nos lleva en la dirección equivocada.

¿Qué le sugiere al regulador?
Le sugiero que antes de pensar en los supuestos sesgos de los consumidores –que según ellos nos hacen irracionales al comparar planes- piensen en sus propios sesgos. Por ejemplo, en el sesgo conocido como “visión de túnel” según el cual cada regulador cree que su oficina hace el trabajo más importante del mundo, pero no ve la gran pantalla, que en este caso es hacia donde se mueve el mercado –cada vez más competencia- y a donde se mueve el país –cada vez más regulado.