Por: Silvia Mendoza

Mientras la Contraloría General de la República no da luces sobre cuándo saldría el informe que prepara sobre la concesión de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Taboada, los trascendidos sobre lo que retrasa la firma del contrato con la ganadora de la buena pro, la española ACS, crecen exponencialmente.

Si bien el miércoles el ministro de Vivienda y Construcción, Francis Allison, desmintió un presunto intento de soborno por parte de ACS (denunciado por la revista “Poder”), El Comercio intentó averiguar qué fue lo que pasó en el Consejo de Ministros del pasado 1 de julio. Con este propósito, buscamos a algunos de los miembros del Gabinete que estuvieron presentes ese día.

Con el ministro del Ambiente, Antonio Brack, fue imposible la comunicación, ya que se encuentra de descanso en Villa Rica (Pasco). La ex ministra de Justicia Rosario Fernández respondió que no daría declaraciones pues sus funciones públicas ya concluyeron.

La que sí respondió a nuestras llamadas fue la ministra de la Producción, Mercedes Aráoz, quien refirió que no conoce el tema ni a Ricardo Uceda, autor del reportaje que incrementó la polémica sobre Taboada. La ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Nidia Vílchez, dijo que estuvo en aquella sesión y que respalda las palabras del ministro Allison con relación al desmentido.

POCAS LUCES También intentamos conversar con el aludido por el informe periodístico, el abogado Domingo Orezzoli, socio del estudio Rodrigo, Elías Medrano (RE), pero este se encuentra de vacaciones en el norte del país y no responde llamadas.

Al cierre de esta edición, la revista “Poder” actualizó su página web con una nota en la que dice que un cuarto miembro del Gabinete confirmó la versión de que Allison sí comentó el intento de soborno en el seno del Consejo de Ministros. La nota también alude a la relación del estudio de abogados (RE) con la empresa que perdió el concurso de Taboada: Odebrecht. Sin embargo, esta vez la publicación expresa sus dudas sobre el propósito del presunto acto ilegal. “Entonces, si se dio el intento de soborno, ¿era para que el gobierno decidiese firmar el contrato o para que no lo hiciese?”, se pregunta.

La confirmación de la relación entre RE y Odebrecht es automática, ya que la web del estudio señala que este participó en la asesoría para el financiamiento del proyecto hidroenergético y de irrigación Olmos, que lleva a cabo la constructora brasileña. Si bien “Poder” afirma que RE asesoró a Odebrecht durante el concurso por Taboada, fuentes del sector señalaron que la relación se extendió hasta el proceso de impugnación que inició la compañía luego de perder la buena pro a manos de ACS.

Cabe precisar sobre este punto que dos fuentes afirmaron a El Comercio que Orezolli no estuvo involucrado en la asesoría que RE brindó a Odebrecht, ya que su especialidad es la penal.

A estas alturas, lo único que queda claro es que mientras más demore la contraloría en emitir su informe, más se enrarecerá este proceso.

EN PUNTOS 1. El 26 de febrero Pro Inversión abrió las propuestas económicas de los tres postores precalificados en el concurso de la PTAR Taboada: ACS, Consorcio Taboada (Odebrecht y Keppel) y Consorcio Agessbio.

2. El ganador fue ACS, pero días después el Consorcio Taboada presentó una impugnación que retiró antes de que Pro Inversión se pronuncie.

3. El 14 de mayo Pro Inversión determinó que la fecha de cierre del proceso, es decir la firma del contrato, sería el 18 de mayo.

4. Sin embargo, ese día llegó y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (a cargo entonces de Nidia Vílchez) informó que la formalización del contrato era inminente, mas no puso una fecha para ello.

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