Debemos refundar el Sistema Privado de Pensiones [Opinión]

Hugo Ñopo, investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade)

La mayoría de peruanos vemos al Sistema Privado de Pensiones (SPP) como incómodo e inútil. Es tan incómodo que si es posible, tratamos de evitarlo. Siete de cada ocho miembros de la población económicamente activa no cotizan. A la vez, es tan inútil que los beneficios llegan a muy pocos. Hoy solo uno de cada 16 peruanos en edad de jubilación recibe una pensión del SPP. Esos pocos afortunados reciben pensiones tan bajas que en promedio apenas superan el sueldo mínimo. 

No resulta sorprendente que las recientes reformas al SPP gocen de alta aprobación popular. Añadiendo parches a un modelo que se importó enlatado, hemos conseguido un sistema que se distingue en el mundo, pero no por las razones que quisiéramos. El diseño actual es bipolar: confiscatorio para recaudar, pero flexible para utilizar los recursos. Es un sistema de pensiones que permite que sus afiliados pasen parte de su vejez sin pensiones. Esto es único en el mundo.

Es momento de asumir nuestra realidad. Tenemos un sistema fallido que necesitamos refundar. Existe una propuesta que es tan simple como audaz: financiar las pensiones (o de manera más amplia, la seguridad social) con impuestos generales en lugar de impuestos a la planilla. Esto es, en lugar de descontar un porcentaje del salario bruto, añadirle unos puntos porcentuales al Impuesto General a las Ventas (IGV). En cada compra, el consumidor final ahorra un poco para su vejez. No hay que cambiar las cuentas de capitalización individual. Sunat recauda y transfiere el dinero a la AFP. Para esto basta con conocer el RUC o DNI del consumidor en cada transacción.

Esta propuesta no es mía ni es nueva. La impulsa Santiago Levy, un líder del diseño de políticas públicas modernas (véase por ejemplo los programas de transferencias condicionadas). En el estudio “The End of Informality in Mexico? Fiscal Reform for Universal Social Insurance”, Levy y sus coautores presentan los detalles económicos, fiscales y de implementación que sustentan la propuesta.

Cambiar la fuente de financiamiento traería muchos beneficios. Primero, una efectiva reducción en los costos de contratación (ojo, sin reducir los beneficios). Esto incentivaría la formalidad y generaría enormes ganancias en productividad laboral gracias a la reducción de distorsiones en la asignación de recursos. La consecuencia sería una mejora general de los salarios, gracias a varios efectos que se suman. 

Segundo, el SPP finalmente podría alcanzar a los trabajadores independientes e informales. Incluso a los no asalariados, como las amas de casa. Así, nuestra sociedad podría acercarse más al ideal de garantizar pensiones para todos. Este enunciado es simple pero poderoso. Por ejemplo, ¿sabía usted que las mujeres actualmente están doblemente desprotegidas previsionalmente? Por un lado, al tener salarios más bajos que los de los hombres, cada mes aportan menos. Por el otro, tienen menos oportunidad para cotizar. Esta es solo una de las tantas inequidades que podrían desaparecer con la propuesta de Levy.

Tercero, un aumento en la recaudación tributaria. Los ciudadanos estarían más interesados en velar por que las transacciones comerciales paguen IGV, porque cada transacción destinaría fondos a la cuenta de capitalización individual del comprador. En un país con presión tributaria tan baja como el nuestro, este incentivo adicional podría ser bienvenido también por razones fiscales.

Esta propuesta ya ha pasado por el escrutinio de muchos investigadores. Es factible. No estaría mal que se genere una discusión para explorar su viabilidad en nuestro contexto.