En mayo de este año el Congreso de la República suspendió el cobro de peajes durante el Estado de Emergencia Nacional. (Foto: GEC)
En mayo de este año el Congreso de la República suspendió el cobro de peajes durante el Estado de Emergencia Nacional. (Foto: GEC)
/ Alessandro Currarino
Mario Reggiardo y Mayra Bryce

El Estado Peruano ha dictado diversas medidas para afrontar la pandemia del y la consecuente crisis económica. No hay duda de que varias han sido necesarias, pero otras son controversiales al considerarse que no fueron las idóneas, que incluso agravaron la crisis y que generaron serias afectaciones a las personas e instituciones. En el caso de las empresas controladas por capital extranjero, es posible que tengamos reclamos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones () u otras instancias para arbitrajes de inversión.

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Un elemento que analizan los tribunales en arbitrajes de inversión es si se cumple la defensa del Estado de necesidad como justificación. Ante una crisis que genera un peligro grave e inminente para la población, un Estado está facultado para, temporalmente, incumplir obligaciones internacionales. Sin embargo, no es un cheque en blanco. El Estado deberá demostrar que estas eran las únicas medidas disponibles para afrontar la crisis, que eran las más idóneas y no existía una medida alternativa menos lesiva. Deberá evidenciar también que no contribuyó a que se produzca la crisis por la que alega un estado de necesidad.

En mayo de este año el Congreso de la República suspendió el cobro de peajes durante el Estado de Emergencia Nacional, sin compensar por ello a las empresas concesionarias que dejaban de percibir este ingreso pese a seguir operando las carreteras en las condiciones que le exigen sus contratos. De acuerdo con dicha Ley, la intención era evitar el contacto y posible contagio entre quien cobra el peaje y el usuario. La finalidad es positiva, pero ¿era la única medida disponible para cumplir ese objetivo en las carreteras? ¿qué diferencia existe entre aquel contacto y el contacto entre los trabajadores de los supermercados o los bancos con sus usuarios? Además, varias concesionarias cuentan con peaje electrónico.

Otro cuestionamiento ha sido el retiro facultativo del 25 % del total de los fondos de las . La afectación económica que ha desatado la pandemia en muchas personas es evidente, pero hay quienes sostienen que esa medida pone en riesgo la viabilidad del sistema de pensiones, lo cual sería una prueba ácida para la medida adoptada por el Estado. ¿Hubiese sido mejor tomar otras medidas? ¿Por otro lado, era indispensable paralizar prácticamente todas las industrias y comercios por largo tiempo aun cuando solo podía ser necesario contar con exigentes protocolos de sanidad?

Algunas de las recientes políticas erráticas son consecuencia de un Congreso de la República impulsivo, nada técnico y con una agenda que solo genera réditos de corto plazo a los congresistas. Muchos proyectos de ley son una bomba de tiempo. Lo confirma la unánime sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la ley que suspendía el cobro de peajes.

Todos somos generales después de la guerra. Pero si se prueba que el Estado pudo ser más acertado en sus medidas, esta vez, esos errores podrían costarles a todos los peruanos, quienes terminaríamos pagando las condenas en los arbitrajes de inversión.

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