El sector minero ha sido uno de los más afectados por otorgar exoneraciones y devoluciones de impuestos debido a las protestas. (Foto: USI)
El sector minero ha sido uno de los más afectados por otorgar exoneraciones y devoluciones de impuestos debido a las protestas. (Foto: USI)
David Tuesta

Los estimados oficiales de crecimiento para el cierre del 2019 se van sincerando en línea con las dificultades que familias y empresas han enfrentado durante estos 12 meses. Zozobra política, expectativas menguantes, débil demanda interna, problemas de oferta y mayores dificultades para conseguir empleo han sido la constante. Así, las proyecciones iniciales de crecimiento del PBI, que eran superiores al 4%, hoy se aproximan al 2%. Y es muy probable que similar cifra se repita el 2020 y el 2021.

Siempre podríamos ser optimistas y suponer que los problemas de oferta se revertirán. O que habrá un próspero entorno internacional; o que el impulso fiscal nos sacará del embrollo. Si bien todo lo anterior tiene alguna probabilidad de ocurrencia, hay circunstancias que limitarían su impacto. Asumir que los sectores primarios se recuperen robustamente es más un deseo que una certeza. Si bien la amenaza de una guerra comercial se ha reducido, el entorno global está estructuralmente debilitado, sin espacio para mejoras sustanciales en los términos de intercambio. Y, en referencia al gasto público, a estas alturas tenemos evidencia estadística –y anecdótica– de la inoperancia ejecutora del Estado.

Ha destacado más que nunca la indolencia respecto a implementar reformas que mejoren nuestro crecimiento potencial, hoy estimado en casi la mitad del observado una década atrás. Peor aún, terminar este año creciendo a ritmo de 2% solo refleja la mezquindad de la política económica. Lo lamentable es que este escenario mediocre tiene síntomas de continuidad. El período 2020-2021 estará caracterizado por un escenario electoral extendido que limitará las acciones en lo económico. No creo equivocarme que esto es lo que mejor le calza a un gobierno que se ha caracterizado por rehuirle a las reformas; y, por tanto, continuará con más anuncios efectistas que, aunque sin sustancia, le ayudará a mantener su capital político. Con ello, la incertidumbre de los agentes económicos se ahondará, dejando en espera decisiones relevantes.

Y quién duda de que en los próximos dos años veamos acentuarse, con alta probabilidad, la manifiesta debilidad gubernamental de ceder ante la mínima presión. No hay que hacer esfuerzo para listar un prontuario de situaciones en las que contemplamos cómo esta actitud obstaculizó la inversión privada en sectores clave como el minero, o cómo se cayó en el fácil desprendimiento para otorgar exoneraciones y devoluciones de impuestos sin más razón que la amenaza de protestas. Los últimos decretos de urgencia dan una clara señal de que se proseguirá por tal derrotero, lo que mellará aún más las expectativas y cualquier plan de inversiones. Más importante aún, cualquier esperanza por ver mejoras en los indicadores sociales serán vanas si el crecimiento es débil. Dicho esto, haciendo finalmente balance entre los probables factores positivos y negativos que determinarán el crecimiento 2020-2021, priman sin duda los últimos. Y así, entre discursos y anuncios siempre convenientes, nos regalarán otros dos años creciendo en torno al 2%. Decepcionante legado de cara al bicentenario.

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