"Es muy importante que el gobierno busque el camino adecuado para evitar el quiebre institucional de un marco regulatorio que ha funcionado bien", señala Tuesta. (Foto: Diana Chávez/GEC)
"Es muy importante que el gobierno busque el camino adecuado para evitar el quiebre institucional de un marco regulatorio que ha funcionado bien", señala Tuesta. (Foto: Diana Chávez/GEC)
David Tuesta

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La teoría moderna de la organización industrial brinda un espacio central al rent seeking que es –como se le conoce en inglés– la “captura de rentas” que realizan las firmas con gran poder de mercado en perjuicio del resto de la sociedad. Estas ganancias extras se logran gracias al despliegue de una activa labor de persuasión sobre gobiernos, reguladores, congresistas, Poder Judicial, y el uso masivo de los medios de prensa para manipular a la opinión pública.

Así, en años recientes, el Perú ha sido testigo de algunos eventos en el que serían dignos de “caso de estudio” en las mejores universidades del mundo. Por ejemplo, no ha dejado a nadie indiferente que hace poco se permitiera la integración vertical en el sector, saltándose con garrocha el marco institucional vigente. Las mayores barreras de entrada al mercado, así como la manipulación de precios, llevará a que las tarifas de electricidad de los usuarios se incrementen, lo que terminaremos pagando todos.

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Pero aquel quiebre regulatorio, que irá teniendo impacto sobre los bolsillos de todos los peruanos, puede ser todavía más fuerte al empujarse a la a ir en contra de la institucionalidad del sector eléctrico y la teoría económica. Así con la decisión de esta instancia de eliminar el mecanismo de declaración del precio del gas de las generadoras termoeléctricas, se permite que firmas con alto poder de mercado se refuercen aún más y sigan capturando rentas. Y, lamentablemente, esto promete golpear con mayor dureza a todas las familias peruanas, así como a la mediana y pequeña empresa.

Dada esta sentencia judicial, tocaría al ente competente del gobierno sentar con claridad las bases regulatorias para evitar un definitivo quiebre de nuestras instituciones que dejaría a la regulación eléctrica capturada por aquella que ejerció amplia persuasión sobre los tomadores de decisión.

Es interesante observar que en el 2019 el gobierno buscó realizar un proceso institucionalizado de reforma con la Comisión para la Reforma del Sub Sector Electricidad (CRSE), donde se empezó a abordar los necesarios ajustes que toda regulación debe emprender con predictibilidad para sus actores. Esa comisión hizo público, por ejemplo, un informe donde se planteaba una forma técnica y transparente de regular los precios en el sector de generación. Sin embargo, ello no fue del gusto de los que buscan la captura de rentas, y al final, se logró interrumpir este proceso con la decisión de la Corte. Una decisión que favorece abruptamente a unos pocos, pero a costa de la pérdida de bienestar de la sociedad.

Lo que no se puede perder de vista en toda esta discusión es que el precio de la ha caído fundamentalmente por la sobre oferta eléctrica. Como consecuencia de ello, las empresas con contratos libres han sido los primeros en beneficiarse, logrando reducciones importantes en sus precios al dejar los contratos anteriores que eran caros.

Las familias, sin embargo, que dependen de tarifas reguladas, construidas sobre contratos a largo plazo negociados a precios más altos, no han podido todavía beneficiarse de ello, aunque lo harán sin duda cuando se liciten nuevos contratos. Claro, ello en tanto no prosperen las presiones de los que quieren capturar el sector eléctrico.

Así, si se aplicara una regulación caprichosa, que implique elevar artificialmente los costes de las generadoras termoeléctricas –como podría desprenderse de la sentencia de la Corte Suprema– se terminaría empujando subidas en las tarifas de electricidad que superarán el 40%. ¿Qué economía puede resistir una tremenda subida tarifaria? Más aún, ¿cómo podría darse la recuperación económica post-pandemia y la mejora de las condiciones familiares con decisiones regulatorias antojadizas que buscan subir artificialmente el coste de la energía en beneficio de pocos? La recuperación y el bienestar económicos de los peruanos sufrirían sin lugar a duda.

A pesar de que es bastante claro el efecto negativo para el país de aplicarse la sentencia de la Corte Suprema sin un correcto desarrollo regulatorio, se siguen desplegando esfuerzos persuasivos para confundir a la opinión pública. Por ejemplo, se habla de manipulación de costes a la baja en la generación de la energía cuando es claro que esto es consecuencia de la sobreoferta eléctrica. Se menciona que las tarifas que pagan las familias se han visto perjudicadas respecto a las empresas, cuando no hay perjuicio de por medio, y las familias pronto se verán beneficiadas con mejores precios. Y, se quiere confundir señalando que el mayor pago de la Prima RER se debe a la declaratoria del precio del gas, cuando el problema de fondo es el cambio estructural en las condiciones del mercado que dependen de la oferta y demanda.

Un mensaje aún más antojado es el que afirma que las pensiones de los afiliados y jubilados de la ONP peligran por las pérdidas de Electroperú, pues esta forma parte de los activos gestionados por el Fondo Consolidado de Reserva (FCR). ¿Ignorancia o manipulación? Dejémoslo claro. El FCR, que asciende a más de S/ 19 mil millones en el tercer trimestre del año, tiene como función servir de respaldo para atender las reservas técnicas de la ONP que ascienden a S/ 140 mil millones. Pero el FCR no tiene absolutamente nada que ver con el flujo de pensiones que debe pagarse de acuerdo con los derechos adquiridos por Ley. Es más, el FCR en los últimos cinco años viene obteniendo una rentabilidad promedio anual de 7,2%, y en el 2020, la rentabilidad ha superado el promedio histórico, alcanzando casi el 8%. Es decir, más allá que el pago de pensiones está asegurado y que no depende del FCR, este se encuentra más sano que nunca.

Con todo ello, es muy importante que el gobierno busque el camino adecuado para evitar el quiebre institucional de un marco regulatorio que ha funcionado bien y que ha sido el soporte de varias décadas de expansión económica. No se puede caer, bajo ningún motivo, ante el poder prepotente de aquellos que quieren cambiar la regulación cuando no han sabido gestionarse con eficiencia. Si se desea avanzar en un camino institucional se debería retomar el trabajo de la Comisión de Reforma de forma tal de dar la seguridad jurídica a las inversiones que el Perú necesita y que aseguren las bases para la recuperación económica. No se puede legislar para la ganancia ineficiente de unos pocos que termine siendo pagada por toda la sociedad.

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