Elsa Galarza

Hace poco más de una semana se presentó el Informe de Competitividad 2022, elaborado por el Consejo Privado de Competitividad, lo que permitió desarrollar una serie de reflexiones sobre las acciones que el Estado debe emprender para lograr un mayor crecimiento, más empleo formal y bienestar general de la población. A pesar de que el país se encuentra sumido en una profunda inestabilidad política e institucional, es difícil. Debemos mirar más allá de la coyuntura y prepararnos para retomar el camino de políticas que promuevan el desarrollo del país.

Una de las fortalezas que ha tenido nuestra economía y nos ha permitido enfrentar la pandemia y otras crisis previas ha sido la estabilidad macroeconómica. El informe destaca la disciplina fiscal y el buen manejo monetario junto con una independencia institucional del BCR y del Consejo Fiscal, que permiten tomar decisiones con base técnica y no política. Ello significó que el Perú haya sido más resiliente que otras economías de la región y que haya podido crecer por más de dos décadas, hasta la llegada del COVID-19.

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La actual crisis política está debilitando significativamente esta fortaleza macroeconómica, necesaria para tener bases sólidas para promover el crecimiento y la competitividad. En una situación de crisis, se tienen que tomar acciones que permitan aminorar los impactos adversos, pero al parecer el “control de daños” no está funcionando. La estabilidad macroeconómica se está viendo afectada en dos sentidos: por las medidas adoptadas recientemente por el Ejecutivo y por el Legislativo; y por la falta de una clara dirección de los objetivos y metas que se persiguen a mediano plazo.

Si bien es cierto que la coyuntura mundial nos ha puesto frente a una situación complicada por el incremento del precio del petróleo y el alto precio de los fletes marítimos de carga (estos últimos empiezan a estabilizarse), lo cual ha llevado al incremento de la inflación en todos los países; también se observa un incremento significativo del precio de los metales, entre ellos el cobre, además de una mayor demanda de este, lo cual tendría un efecto positivo en nuestra economía si lo sabemos aprovechar.

Medidas para atenuar los efectos del alza de los precios en la población más vulnerable se hacen necesarias. Sin embargo, las medidas tienen que evaluarse técnicamente para que no generen efectos adversos que pongan en riesgo el crecimiento futuro. La eliminación temporal del IGV en algunos bienes de consumo masivo, por ejemplo, puede no ser necesariamente una medida que llegue al público objetivo. Es decir, se pudo pensar en una medida más focalizada que atienda directamente las necesidades, con un menor costo fiscal. Medidas como la eliminación parcial de la tercerización laboral también resultan discutibles debido a que se generan mayores costos de producción que en una situación como la actual sería contraproducente. Una fiscalización más activa de las entidades competentes podría haber sido también una medida complementaria. Estos son solo algunos ejemplos.

Debemos ser muy cuidadosos con el manejo fiscal y mantener el análisis técnico de las medidas que se están tomando, de lo contrario estaremos hipotecando el futuro crecimiento del país y el bienestar de los peruanos.

Elsa Galarza es directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico