Minería. (Foto: Jorge Muñoz/ GEC)
Minería. (Foto: Jorge Muñoz/ GEC)
Marcial García
Marcial García

El candidato a la presidencia Yonhy Lescano, quien encabeza las encuestas, ha planteado cambiar la Constitución para que los recursos minerales sigan siendo de propiedad del Estado incluso después de ser extraídos y que las empresas mineras actúen como meras “operadoras”.

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También se mostró en contra de continuar con Tía María y Las Bambas (ya en operaciones) y ha dicho que, de ganar las elecciones, renegociará los contratos de grandes proyectos, “como en Bolivia”. Aunque el acciopopulista luego intentó poner paños fríos asegurando que “no va a patear el tablero” ni estatizar las minas, las señales que está dando a los inversionistas no pueden ser peores.

En su afán por justificar sus propuestas, el excongresista acusa a las mineras de pagar pocos impuestos. En una entrevista sostuvo que “nos dejan un sol y se llevan siete soles”, mientras que días después afirmó que “se llevan el 70% y 80% de utilidades, y nos dejan el 20% o 30%” sin explicar de dónde saca esas cifras. Lo que si aclaró fue que para él la fórmula debe ser “50/50”.

Así, ha vuelto a aparecer en el debate nacional el fantasma de la nacionalización de las industrias extractivas y ya se escucha hablar de la necesidad de revisar el marco tributario del sector, como solución milagrosa para reconstruir las cuentas fiscales fuertemente golpeadas por la pandemia.

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Planteamientos como estos tienen ribetes más populistas e ideológicos que técnicos y no abordan el problema de fondo de la recaudación. Es evidente que la principal traba que enfrenta el Perú en el campo impositivo no es la cantidad que desembolsan las mineras a la SUNAT, sino la enorme informalidad de la economía. Si lo que se quiere es aumentar los ingresos fiscales, los esfuerzos debieran estar orientados a procurar que más peruanos operen en el sector formal.

La minería ya es la actividad económica que más tributa en el Perú. Entre el 42% y 52% de sus utilidades se destinan al pago de impuestos, regalías y otros aportes. Es decir, contrariamente a lo que señala Lescano, las mineras no dejan “migajas”, sino cerca de la mitad de lo que ganan, tal como él quiere. Resulta alarmante que una persona que busca liderar la nación muestre tan poco entendimiento de la materia y proponga soluciones lejanas a la realidad del país.

El postulante de Acción Popular también pasa por alto que el modelo estatista de Evo Morales, que quiere copiar, ha sido un fracaso. Esto es lo que refleja el ranking del Instituto Fraser, que sitúa a Bolivia entre los países menos atractivos del mundo para la inversión minera (ocupa el puesto 72 de 77 jurisdicciones evaluadas). De hecho, ya casi no hay inversión privada en el sector y la principal causa se atribuye a la desmesurada carga impositiva. Ese, pues, no debe ser el modelo a seguir.

Pero Lescano no es el único con un discurso antiminero. No son pocos los aspirantes al sillón presidencial que han tratado de capitalizar electoralmente el rechazo que despierta la minería en algunos grupos, aun a costa de ahuyentar a la inversión y de las consecuencias dañinas para el país en su conjunto a mediano o largo plazo. Nada como encontrar un chivo expiatorio para ganar votos.

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Si quien llegue al gobierno quiere posicionar al Perú como un país atractivo para la inversión minera, que puede y debe servir de palanca para la recuperación económica, lo mínimo que se le puede pedir es que respete la estabilidad jurídica -que otorga predictibilidad a los agentes económicos- y los acuerdos firmados. Ojalá que los electores lo tomen en cuenta este 11 de abril.

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