"Ley sí, pero con buenos incentivos", por José Luis Bonifaz

El 28 de diciembre del pasado año se promulgaron dos decretos legislativos claves para el sector saneamiento: la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (D.Leg. 1280), que busca corregir la situación de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento (EPS), y el D.Leg. 1284, que crea el Fondo de Inversión Agua Segura (FIAS), con la finalidad de financiar programas, proyectos o actividades orientados a cerrar brechas de cobertura. 

Los principales cambios tienen que ver con la ampliación al ámbito rural de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), en su condición de organismo regulador. Asimismo, la norma promueve la integración de las EPS, a nivel regional, en función a un tamaño eficiente que aprobaría la Sunass según los criterios que establezca el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). 

El FIAS, por su lado, manejará los dineros del MVCS, los créditos de la cooperación internacional y de la banca comercial, las inversiones de las AFP y todas las donaciones en general. La idea es que este fondo sirva para cubrir la brecha del sector, la elaboración de estudios de preinversión y servir como garante para los préstamos comerciales que puedan otorgarse a las EPS. Sin embargo, para ambas leyes se requieren sendos reglamentos que deberán ser emitidos en no más de 120 días. 

Se requiere que el reglamento establezca los incentivos técnicos y económicos para la integración de las EPS. En otras palabras, el FIAS debe convertirse en la política pública por excelencia del MVCS. Debe tener una regulación clara que lo faculte como ventanilla única para que el sector ordene y priorice las inversiones o subsidios a la oferta.

En otras palabras, el FIAS como organismo autónomo debe exigir ciertos requisitos a las EPS para acceder a financiamiento y el MVCS debe ser capaz de respetar esas reglas. No debe “sacarle la vuelta” dándoles financiamiento por la puerta falsa con fines políticos.

Asimismo, el reglamento debe alinear el comportamiento de las instituciones del sector. Por un lado, la Sunass debe hacer que sus reglamentos conversen con el FIAS. Por otro, se necesita dotar al Organismo Técnico para la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass), brazo ejecutor del MVCS, de presupuesto para obras de rápido impacto y financiar sueldos para directivos o personal clave en aquellas EPS declaradas en emergencia e incluidas en su régimen de admisión temporal (que hasta la fecha son 14).

Pero el mayor reto del reglamento es lograr la integración de las EPS. ¿Por qué hasta la fecha existen 51 EPS en el país? La respuesta es sencilla: no han existido incentivos para integrarse. Entonces apostemos por el método de la zanahoria y el garrote. Si una EPS se integra con otra, si tiene buenas prácticas de gobierno corporativo y si atrae inversión privada, entonces accede al FIAS. Si no es así, garrote con ella.