(Foto: Archivo El Comercio)
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Marcial García

Socio de Impuestos de EY Perú

Cuando el presidente Martín Vizcarra asumió su mandato el 23 de marzo de 2018, ante la dimisión de Pedro Pablo Zuczynski, recibió un país que, aunque menos que antes, crecía lo suficiente para continuar reduciendo la pobreza –que para fines de ese año bajaría hasta el 20,5% de la población– y generando clase media.

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Sin embargo, quien gobierne durante el periodo 2021-2026 enfrentará una situación muy distinta. Por primera vez desde 1998, el Perú atraviesa por una recesión económica, la más severa de su historia, por el mal manejo de la crisis del COVID-19. Por tanto, por primera vez en largo tiempo vemos crecer el desempleo y la pobreza. Estimados preliminares apuntan a que la caída del PBI ronde el 12%, la desocupación alcance niveles no observados en más de dos décadas y que la pobreza se dispare de manera dramática a 30% al cierre del 2020. Esto último implica que más de 3 millones de peruanos se volverían pobres.

Este retroceso es, en parte, responsabilidad del propio gobierno por mucho que este se niegue a reconocerlo. Los errores frente a la emergencia son evidentes. No es casualidad que el Perú sea el país con la mayor tasa de mortalidad por millón de habitantes y que nuestro PBI sea uno de los más afectados del mundo.

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El hoyo económico en el que nos encontramos sería menos profundo si proyectos como Tía María (una inversión de US$1.400 millones, con capacidad para crear unos 3.600 empleos directos en la etapa de construcción y otros 5.000 indirectos) hubieran podido prosperar y si no se hubiesen frenado tantas iniciativas bajo esta administración por las trabas burocráticas e inoportuno planteamiento de una nueva ley de minería.

Es lamentable que pese a tener una enorme cartera de proyectos a lo largo de todo el territorio nacional, no existan grandes inversiones mineras en ejecución además de Quellaveco y Mina Justa. Las señales políticas dadas a los inversionistas en varios momentos del gobierno no pudieron ser peores. Y para complicar más el panorama, los conflictos sociales siguen amenazando con paralizar minas en producción. No por nada el Perú cayó diez puestos, del 14 al 24, en el último ranking de competitividad minera del Instituto Fraser, un traspié considerable si tomamos en cuenta nuestro inmenso potencial geológico.

También hubiera ayudado mucho si el Ejecutivo no hubiera forzado a las mineras a suspender sus operaciones durante la cuarentena, hundiendo la producción minera un 37% en el segundo trimestre del año, mientras que en otros países -como Australia, Canadá y Chile- esta actividad fue declarada esencial y no se detuvo.

En un contexto de depresión económica de proporciones nunca vistas en el país, no se puede seguir tomando tan a la ligera una industria que representa alrededor del 9% del PBI, explica el 60% del valor de nuestras exportaciones, emplea de manera directa a más de 200 mil trabajadores y significa para el Estado cerca del 9% del total de la recaudación. El papel de la minería en la reactivación económica deberá ser parte del debate en las elecciones del 2021 y una buena forma de empezar la campaña sería planteando que los candidatos presidenciales expliquen qué piensan hacer para resolver los principales problemas del sector.