Medicamentos, ¿regular o no?, por Álvaro Gutiérrez

A raíz de la reciente adquisición de Quicorp, propietaria de la cadena de farmacias Mifarma, por parte de Intercorp, ha vuelto a surgir el debate respecto a la necesidad de controlar los precios de los medicamentos, para impedir que se eleven de manera desproporcionada y generen barreras de acceso.

La primera reacción política ha sido presentar un proyecto de ley que propone regular los precios máximos de los medicamentos básicos para enfermedades de mayor incidencia, gravedad y de alto costo.

Surge entonces la pregunta: ¿esta ley va a favorecer al acceso a los medicamentos?

Los últimos días hemos visto discusiones desde el punto de vista legal y económico, con posiciones a favor y en contra. Sin embargo, teniendo en cuenta que estamos frente a productos cuya comercialización requiere una aprobación previa del Estado (a través del registro sanitario), es decir, productos que ya cuentan con una regulación específica, es importante incluir en la discusión el análisis desde la perspectiva de la regulación sanitaria, para ver si una ley como la planteada permitirá que los consumidores puedan acceder en términos razonables a los medicamentos.

En el caso peruano, las normas de regulación sanitaria son muchas veces difíciles de entender y generan decisiones discrecionales. Una de las consecuencias es que los plazos para la concesión de los registros sanitarios exceden largamente lo establecido en los reglamentos.

Un ejemplo: el anterior reglamento de medicamentos permitía una aprobación del registro sanitario en siete días hábiles. Con la entrada en vigencia del nuevo reglamento (enero 2012), un medicamento puede tardar hasta cinco años en obtener el registro.

Enfrentando este panorama, ¿cuánto tiempo más tomará la nueva autoridad competente –que crearía el mencionado proyecto de ley– en decidir cuál es el precio máximo de un medicamento? ¿Qué requisitos exigirá la autoridad para determinar ese precio?

Sin perjuicio de los argumentos legales y económicos ya esgrimidos, desde la perspectiva sanitaria no consideramos justificada una nueva regulación a un sector que está en crisis desde hace varios años.

Creemos que resulta más eficiente definir políticas públicas orientadas a una reestructuración del sector de regulación sanitaria, simplificando sus normativas y fortaleciendo sus instituciones. Ello permitirá generar un ambiente favorable a la inversión farmacéutica, mejorar las condiciones de acceso al mercado de los medicamentos y garantizar que los consumidores tendrán una amplia oferta de estos productos.

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