Inversión de Estados extranjeros: ¿quién le pone el cascabel al gato?

Estamos de moda. No precisamente por el estreno de la película “Paddington en Perú” (un éxito en Reino Unido). Fuera del país se habla mucho del puerto de Chancay. Nos miran con admiración y envidia. Algunos con preocupación (“Interrogantes que abre Chancay”. El Mercurio, 14 de noviembre, Chile).  No es para menos. Se trata de una inversión cuyo impacto transciende al Perú. Las rutas y flujos comerciales desde y hacia la región se alteran. No es casualidad que la inauguración del puerto de Chancay haya coincidido no sólo con una ampliación del TLC firmado entre Perú y China, sino también con la firma de un convenio que permitirá a Brasil exportar varios productos a China. (The Economist: “China and Brasil. The Best of Friends”).

Pasados los festejos, conviene mirar los dilemas que trae este tipo de inversiones. Estamos frente a una inversión hecha por un Estado extranjero. No hay que asustarse. No es el primer caso de una inversión hecha por un Estado extranjero en el país ni la primera vez que se ha hecho en activos o servicios críticos.

Dejando de lado preocupaciones geopolíticas (ver columna previa “Inversión extranjera: La casa se reserva el derecho de admisión”), surgen dilemas respecto a la forma de regular las actividades de empresas de Estados extranjeros.

Estamos frente a empresas que actúan motivadas por incentivos diferentes a las no estatales. Mientras estas últimas actúan motivadas por lucro, las primeras buscan objetivos que podrían ser priorizados incluso a costa de utilidades (geopolíticos, por ejemplo). Mientras las no estatales pensarían dos veces antes de colocar precios por debajo de costos, dichas empresas no verían problema en hacerlo si eso les permite alcanzar sus objetivos. También hay diferencias en la forma de su financiamiento. Mientras que las no estatales se financian exclusivamente en los mercados, las otras utilizan el respaldo de sus Estados para acceder a financiamientos más cómodos. Esto les permite actuar con ventaja frente a las privadas, distorsionando la competencia.

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Para enfrentar esos problemas, a nivel de la Comunidad Europea se ha establecido un régimen vigente desde 2023 (Regulación de Subsidios Extranjeros) que busca controlar las ayudas de Estados extranjeros a empresas que operan en su mercado. El objetivo es evitar distorsiones en la competencia. Recientemente se ha limitado la participación de estas empresas en licitaciones públicas (trenes eléctricos y proyectos de energía solar) por sospechas de haber recibido subsidios de un Estado extranjero que les permitía actuar con ventaja frente a otros competidores.

Nosotros no contamos con un régimen parecido. Si ocurre un problema con las inversiones de empresas de Estados extranjeros, no tendremos como enfrentarlo. Como vienen los vientos, es probable que tengamos a futuro más inversiones de este tipo. Eso es positivo para el país. Deberíamos cuidar que no sea a costa de nuevas distorsiones en la competencia. Suficientes problemas tenemos con Petro-Perú como para sumar distorsiones a la competencia generadas por empresas de Estados extranjeros.  ¿Quién le pone el cascabel al gato?