El que tiene la última palabra es el Congreso de la República del Perú.
El que tiene la última palabra es el Congreso de la República del Perú.
Marcial García

Socio de Impuestos de EY Perú

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Los analistas coinciden en que el foco del pedido de facultades legislativas del Ejecutivo en materia tributaria está en el lugar equivocado. En un país donde la gran mayoría de trabajadores y empresas operan en la informalidad, la prioridad debería ser incorporarlos a la formalidad para que quienes hoy no tributan comiencen a hacerlo. Sin embargo, la solicitud del MEF está orientada, principalmente, a exprimir con más fuerza a los pocos que ya contribuyen.

Las medidas planteadas van desde aumentar radicalmente los impuestos a los alquileres, dividendos y venta de inmuebles, a incrementar los tributos municipales y las tasas de los que más ganan, hasta cobrar IGV a los seguros de vida y los servicios de ‘streaming’ (como Netflix y HBO), pasando por la modificación de las reglas para la deducción de gastos y costos de las empresas.

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También se busca que las mineras paguen más, pese a que ya aportan cerca del 50% de sus ganancias, un porcentaje que está por encima del promedio mundial. Querer elevar aún más su carga fiscal en momentos en que atraer inversiones se pone cada vez más cuesta arriba es un contrasentido.

La principal crítica que ha recibido este paquete de reformas es que está dirigido a los mismos contribuyentes formales de siempre. Propuestas como estas son demasiado simplistas, no abordan el problema de fondo de la recaudación y denotan una motivación más ideológica que técnica, planteando soluciones lejanas a la realidad del país. No solo no apuntan a combatir la informalidad, sino que podrían exacerbarla. En una coyuntura donde la economía y el mercado laboral permanecen golpeados por la pandemia, lo último que se necesita son más costos.

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La evidencia demuestra que en contextos de estancamiento económico como el actual, lo más recomendable no es subir los impuestos sino bajarlos. De prosperar la iniciativa, las familias y empresas dispondrán de menos liquidez para adquirir bienes y servicios, deprimiendo la demanda interna. Ello, a su vez, podría agravar la precariedad económica en la que se encuentra el país.

Es enormemente paradójico que se esté planteando un aumento significativo de múltiples impuestos, mientras la SUNAT espera romper el récord histórico de recaudación, superando ampliamente el nivel pre-pandemia, debido al rebote de la actividad productiva y a los buenos precios de los minerales. En tanto, el Estado solo ha ejecutado la mitad de su presupuesto de inversión pública. Esto indica que no hay falta de recursos, sino incapacidad para gastar lo que ya se recauda.

Es innegable que el Gobierno ha perdido credibilidad al haberse equivocado tanto en el diagnóstico del problema como en la formula recetada para remediarlo. Una verdadera reforma tributaria debe poner mayor énfasis en ampliar la base de contribuyentes, para que cada vez sean más los que cumplen con las obligaciones que les corresponden. La solución debe ser fruto de un debate técnico serio, profundo, amplio y sin apresuramientos. El Congreso tiene la palabra.

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