El origen de las reformas, por Juan Carlos Odar

Recientemente he leído una idea de la cual no me resulta fácil desprenderme: las mayores reformas económicas del Perú a lo largo de su historia se han dado durante gobiernos autoritarios (aunque este concepto es complejo, lo entenderemos principalmente como aquellos que se centralizan en un líder y en los que las decisiones que se toman dependen, fundamentalmente, de las convicciones personales de quien ejerce ese liderazgo, el cual usualmente es parte de o está cercano a las Fuerzas Armadas).

Consideremos, por ejemplo, el caso de la seguridad social. Desde la promulgación, durante el primer gobierno de Leguía, de la ley sobre accidentes de trabajo de 1911, que responsabilizaba a las empresas de los accidentes que ocurrieran a sus trabajadores en ejercicio de sus labores o como consecuencia de ellas, hasta la reforma del sistema de pensiones hacia su esquema actual (Fujimori), los cambios más trascendentes en este campo se dieron cuando en el gobierno estaban líderes de estilo autoritario.

Por otro lado, la creación del Banco Central data de la época del oncenio de Leguía y su ley orgánica vigente rige desde el 1 de enero de 1993, pocos días después de su dación, durante el primer gobierno de Fujimori. Más aun, durante dichos gobiernos se emprendieron también sendas reformas tributarias. Aunque, por supuesto, no cualquier reforma establecida durante un gobierno autoritario ha resultado positiva para el país, y tenemos varios ejemplos de ello.

A la luz de la evidencia presentada, la premisa resulta válida: las mayores reformas económicas del Perú se hicieron durante gobiernos autoritarios. Incluso, hasta podría pensarse que se trata de una cuestión meramente estadística, y que la mayor parte del tiempo tuvimos gobiernos de ese estilo.

Pero, a diferencia del militarismo que caracterizó al siglo XIX, tengamos en cuenta más bien que desde 1900 (o, si se prefiere, desde 1908, cuando se inició el primer gobierno de Leguía) hasta la actualidad, hemos vivido mucho menos de la mitad de esos años con gobiernos autoritarios y que estos, de hecho, están ausentes en nuestro país en lo que va del siglo XXI. Dado lo anterior y lo que ello implica, ¿estamos entonces destinados a mantener el statu quo?

Quiero creer que nos cuesta darnos cuenta de que, a puertas del bicentenario, estamos en lo que es ahora la situación normal y que en lo sucesivo las reformas institucionales que necesitamos (en todo orden de cosas, y no solamente en lo económico) se darán en el marco de la democracia que ya empieza a ser habitual en el país. Pero lo que sí resulta clave, paradójicamente, es que se inicien a partir de convicciones personales.