Indecopi consideró que la Universidad Privada Arzobispo Loayza infringió el deber de idoneidad exigido por el Código de Protección y Defensa del Consumidor (Artículo 9).
Indecopi consideró que la Universidad Privada Arzobispo Loayza infringió el deber de idoneidad exigido por el Código de Protección y Defensa del Consumidor (Artículo 9).
Redacción EC

Una de las funciones más importantes del es combatir prácticas –en las empresas o en el Estado– que limiten la competencia en diversos mercados. Es decir, su objetivo es asegurarse de que las compitan intensamente.

Este rol es quizá uno de los más importantes en manos del Estado. Es gracias a la competencia que tenemos a empresarios obsesionados con ofrecer productos con la mejor calidad y el menor precio posible, de modo que puedan ganar la preferencia de sus clientes. Sin competencia, por el contrario, el ingenio y el esfuerzo de los empresarios se destina a otros fines, que no mejoran el bienestar de los consumidores. 

El Indecopi busca esto con diversas intervenciones, entre las que destacan dos. Primero, están las acciones orientadas a identificar y sancionar empresas que forman un cartel; es decir, que en lugar de competir, coluden para cobrar precios más altos a los consumidores.

Para ello, una estrategia muy efectiva es dar incentivos a los miembros del cartel para que delaten pecados y pecadores. El balance costo-beneficio para la sociedad es muy positivo: el delator se libera de una sanción, pero a cambio millones de consumidores se liberan de pagar sobreprecios. Esta estrategia es recomendada por las mejores agencias del mundo. 

Por otro lado, están las acciones orientadas a eliminar , que no solo incrementan los costos de hacer negocios, sino que también suelen limitar la entrada de nuevos competidores, productos o innovaciones en mercados determinados. Para evitar estas barreras a la competencia, el Indecopi ha ganado más facultades y fortalecido su equipo, aunque ciertamente necesita más recursos para enfrentar un problema tan extendido. 

Hasta acá todo puede sonar abstracto, pero en realidad los beneficios que se generan para la población de estas acciones son bastante concretos y significativos. El resalta que alrededor del mundo se han identificado carteles en mercados que afectan desproporcionadamente más a las familias pobres, como por ejemplo en sectores de alimentos, combustibles y salud. 

Siguiendo un tipo de análisis empleado originalmente por el Banco Mundial, basta un ejercicio hipotético para magnificar la importancia de esto. Supongamos que en el Perú los mercados de arroz, pan, azúcar, leche y pollo no son del todo competitivos, ya sea por trabas burocráticas o por malas prácticas empresariales, y que eso genera un sobreprecio de 10%. Esto implicaría que las familias peruanas de menores recursos estarían pagando cerca de S/1.000 mlls. anuales de más (o 3,5% de sus gastos en alimentación).

Este caso permite magnificar el impacto potencial de políticas que buscan que la competencia sea intensa. Si el Indecopi lo logra, estaría transfiriendo indirectamente montos importantes de dinero a las familias de menores recursos –que pueden ser más grandes que las transferidas por el programa social Juntos–, pero sin generar costo fiscal.