Simplificación estatal ¿Se acabaron los problemas? [Opinión]

Por: Alejandro Falla, socio de Bullard Falla Ezcurra

“A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, queda eliminada la presentación de documentos que contengan información que la propia entidad que los solicita posea o deba poseer…”. Se equivoca. No estoy citando algunos de los decretos legislativos que acaba de aprobar el Ejecutivo hace algunas semanas con el objeto de facilitar la vida a los ciudadanos y empresas. La cita corresponde a la Ley 25035 –Ley de Simplificación Administrativa– que fue aprobada a mediados de 1989.

Dicha ley y su reglamento forzaban la eliminación de exigencias y formalidades “cuando los costos económicos que ellas impongan sobre la sociedad, excedan los beneficios que le reportan”. Incluso se hablaba de la necesidad de evaluar, como parte de un análisis del impacto de los anteproyectos de normas, el tiempo y dinero que los ciudadanos y/o las empresas deben destinar a cumplir con el trámite que se proyecta crear, en relación con otras alternativas. 

Recientemente el Ejecutivo, gracias a la delegación de facultades del Congreso, ha aprobado un paquete de medidas con el objetivo de atacar el mismo problema que se buscó atacar en los años 80, los sobrecostos generados por la regulación. 

Se ha limpiado el terreno de abundante mala hierba. Han sido eliminados trámites tan absurdos como la autorización para hacer una mudanza o la renovación de la autorización para el uso de lunas polarizadas en los automóviles. Se ha eliminado la obligación de sacar licencias de funcionamiento para nuevas actividades compatibles con el giro del negocio ya autorizado o de entregar copia de contratos al Ministerio de Trabajo.  

Paralelamente se ha reforzado el mecanismo para la eliminación de barreras burocráticas a cargo del Indecopi, permitiendo que sus decisiones sean de carácter general (antes solo beneficiaban a quien se quejaba); y limitando el cuestionamiento judicial a sus decisiones finales, lo que antes retrasaba la eliminación de la barrera.

Lo mejor de todo es que se ha creado al interior del Ejecutivo una suerte de “SNIP” regulatorio, un mecanismo para supervisar el impacto de los procesos que crean las entidades del Poder Ejecutivo. Lamentablemente, no aplica a gobiernos locales. Las regulaciones que crean procedimientos administrativos tienen ahora fecha de vencimiento: no más de tres años. Su renovación queda sujeta a un “trámite” en el que deberá acreditarse la eficacia y razonabilidad del procedimiento. Si no pasa el examen, el procedimiento se extingue. Ahora la traba burocrática queda del lado correcto. Antes la sufrían los ciudadanos y empresas, ahora la sufrirán quienes quieran limitar mediante trámites la libertad e inversión de los privados. 

Esto está muy bien. Pero no exageremos. Recuerdo haber leído con mucho entusiasmo la ley de simplificación aprobada a finales de los 80. Llegué a pensar que el futuro podía ser diferente. Pese al tiempo transcurrido, seguimos cargando con el mismo problema. Es cierto. Este último esfuerzo parece ser más orgánico que los anteriores. Tiene dientes para morder. Puede funcionar. Pero incluso con esto no se acaba el problema. Seguiremos en lo mismo si no encontramos la manera de controlar la producción regulatoria del Congreso y las municipalidades. El Ejecutivo ya hizo una parte. Ahora le toca al Congreso. ¿Lo hará?