Marcial García

Socio de Impuestos de EY Perú

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El enrarecido clima económico y político contrasta marcadamente con el remozado dinamismo de los ingresos tributarios. Así, en lo que va del año, la recaudación fiscal ha tenido un desempeño que superó las expectativas, habiendo aumentado en 46,7% respecto a similar periodo del 2020 y en 16,8% en comparación con lo reportado en el 2019, año previo a la pandemia.

A pesar de que la presión tributaria como porcentaje del PBI permanece en niveles relativamente bajos, de acuerdo con estimados de la SUNAT, este año se alcanzarían poco más de S/. 126.700 millones en ingresos tributarios del Gobierno Central, resultado mayor en 36% a lo obtenido en el 2020. De cumplirse esta proyección, se trataría del monto más alto de la historia del país.

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Este es el resultado de una mezcla de factores. Uno de los más relevantes es la racha alcista de las cotizaciones internacionales de los metales, en especial del cobre. Entre enero y agosto de este año, el pago de tributos de las empresas mineras aumentó en 239% y en 140% con relación a igual periodo del 2020 y del 2019, respectivamente, superando ampliamente el nivel pre-pandemia.

Dada la alta correlación entre los precios de los minerales y las utilidades de las mineras, todo apunta a que en el 2021 también se romperá el récord histórico de ingresos fiscales provenientes de esta actividad. Ello posicionaría al sector como el principal contribuyente del país, con un aporte cercano al 16% del total de la recaudación, el porcentaje más alto de los últimos diez años.

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Esta tendencia demuestra que el régimen tributario minero vigente ya permite capturar una mayor proporción de las utilidades de la minería en los ciclos de precios altos, habiéndose encontrado un equilibrio adecuado entre el objetivo recaudatorio y la competitividad del sector.

Así, pues, resulta difícil de entender la obstinación del gobierno por elevar aún más la carga tributaria a las empresas mineras, una iniciativa que pone en riesgo la estabilidad jurídica y está ahuyentando nuevas inversiones cuando el país más las necesita para revertir la crisis económica que hoy afronta y crear empleo. La narrativa tejida para justificar la medida no es muy distinta de cuando las expectativas empresariales eran radicalmente diferentes, y eso es preocupante.

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Para dejar de depender de los vaivenes de los precios de los minerales, la apuesta tiene que ser por el crecimiento económico basado en inversión privada y empleo formal como condiciones esenciales para incrementar la recaudación fiscal. El reto está en que la administración del presidente Pedro Castillo sea capaz de darse cuenta de que, sin inversión privada, no hay ganancias; y sin ellas no habrá tributos suficientes para cubrir el creciente gasto público.

La buena noticia es que la clave para que la inversión privada vuelva a apostar por el Perú no es ningún misterio: este gobierno y su renovado gabinete deben disipar la incertidumbre, dar estabilidad y confianza. Y para eso, claro, no pueden seguir insistiendo en una asamblea constituyente.

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