"En su último día en el cargo, la exministra María Antonieta Alva hizo público un listado con las 532 obras que el Parlamento quiere incluir en el presupuesto del próximo año con un costo superior a los S/5.000 millones", señala Brcic. (Ilustración: Giovanni Tazza)
"En su último día en el cargo, la exministra María Antonieta Alva hizo público un listado con las 532 obras que el Parlamento quiere incluir en el presupuesto del próximo año con un costo superior a los S/5.000 millones", señala Brcic. (Ilustración: Giovanni Tazza)
Alek Brcic Bello
Alek Brcic Bello

La semana pasada fue una de las más desastrosas en la historia política del Perú. El lunes el Legislativo vacó a como jefe del Ejecutivo, el martes se estrenó como mandatario, el miércoles hubo nuevo primer ministro y el jueves Gabinete. Para la noche del sábado, todo ese Gobierno caía mientras Ántero Flores-Aráoz –quien unos días antes había jurado como presidente del Consejo de Ministros– no tenía la menor idea de lo que pasaba y le pedía a Merino que le conteste el WhatsApp en una entrevista radial.

Con ese tristísimo espectáculo, entonces, el Parlamento más irresponsable del que se tiene memoria se superó a sí mismo cuando uno se preguntaba qué más podía hacer para dañar al país. El costo: al menos dos fallecidos por heridas con armas de fuego debido a la represión policial y una inestabilidad económica mayor que la que el COVID-19 ya había generado.

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Recoger los platos rotos que deja este desastre tomará bastante tiempo. No obstante, una lección que deja lo ocurrido (y los miles de personas que salimos a marchar pese a los riesgos propios de la pandemia) es la importancia de tener una ciudadanía vigilante contra cualquier político que siga creyendo que en el Perú puede hacer lo que quiera.

En esa línea, este mes llega una nueva oportunidad para fiscalizar las acciones de un Congreso copado de intereses subalternos. Y es que, entre las tantas cosas que quedaron pendientes con la crisis, al Parlamento le quedan apenas dos semanas para aprobar la Ley de Presupuesto del próximo año (es decir, la norma que define en qué se gastará el dinero del sector público en el 2021).

Si se toma en cuenta que solo en ocho meses el Poder Legislativo suspendió unilateralmente el cobro de peajes en todas las rutas a nivel nacional (medida frenada por el Tribunal Constitucional), aprobó el ascenso automático del personal de salud (con un costo de S/2.400 millones para las arcas públicas) y buscó la reincorporación de 14.000 docentes que no habían aprobado las evaluaciones del Ministerio de Educación (dando finalmente un paso atrás debido a los reclamos ciudadanos), uno creería que no está a la altura del reto. Menos aún si se considera la obstinación parlamentaria por ‘devolver’ dinero que no existe a los aportantes y exaportantes a la ONP (con un costo de más de S/15.000 millones).

Pero esto no se trata de que los congresistas quieran ignorar la Constitución para destinar cerca de 8% del presupuesto público del 2021 a pagarle a los afiliados activos e inactivos de la ONP. Incluso si quisieran hacerlo no podrían. Se trata más bien de cuidar que no se excedan en aquellas cosas que sí hacen cada vez que revisan la propuesta de ley de presupuesto.

Todos los años, la discusión de esta norma trae consigo una negociación nada transparente en la que los congresistas (que no tienen capacidad de gasto) buscan incorporar proyectos de inversión a la propuesta del Ejecutivo. En este tira y afloja, solo entre el 2016 y 2019 se incluyeron 974 proyectos por más de S/2.000 millones a las respectivas leyes.

Esta vez, sin embargo, existe una herramienta para fiscalizar los cambios que se hagan. En su último día en el cargo, la exministra María Antonieta Alva hizo público un listado con las 532 obras que el Parlamento quiere incluir en el presupuesto del próximo año con un costo superior a los S/5.000 millones.

La lista incluye iniciativas que van desde asfaltado de calles a remodelaciones de plazas de armas. Por ejemplo, según un informe publicado por este Diario, el costo total de las 116 obras solicitadas en Lambayeque (S/954 millones) es mayor que todo lo que pudo ejecutar esa región en proyectos en el 2019 (S/657,7 millones).

Esto no quiere decir que todas terminarán incluidas en la norma. Existen limitaciones institucionales que ponen barreras para que ciertos proyectos se ejecuten. Para empezar, 62 de ellos no cumplen siquiera con los criterios técnicos para ser aprobados.

Lo que sí muestra el listado son los intereses particulares que tienen los congresistas respecto a las inversiones en cada región. Y por eso es fundamental estar atentos a qué tanto alteran la propuesta inicial.

Ahora que el Parlamento quiso dinamitar las paredes que protegían la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, es nuestra responsabilidad cuidar que no se meta en propiedad ajena más allá de lo que ya lo hizo. Las marchas de la semana pasada fueron un buen ejemplo de cómo hacerlo. La revisión de la Ley de Presupuesto 2021 será una nueva oportunidad para ello.

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