El 30 de septiembre del 2019, el presidente Martín Vizcarra tomó la decisión de disolver el Congreso de la República, convocando a elecciones extraordinarias. (Foto: Giancarlo Ávila)
El 30 de septiembre del 2019, el presidente Martín Vizcarra tomó la decisión de disolver el Congreso de la República, convocando a elecciones extraordinarias. (Foto: Giancarlo Ávila)
David Tuesta

La fugaz y finalizada campaña para elegir un Congreso se ha plasmado en una diversidad de propuestas como colores tiene el arco iris. Bajo una gama amplia de tonalidades, los peruanos hemos recibido un alud de mensajes muy desviados de lo que los nuevos parlamentarios estarán en capacidad de hacer realistamente en solo año y medio. Como si de justas presidenciales habláramos.

Pensemos por un momento que la intención de estas agrupaciones ha sido calentar motores para mostrar su visión de cara al 2021. Así, ha sido común encontrar propuestas para mejorar las condiciones laborales e incrementar sustancialmente el actual estado de la protección social. Otras buscan acrecentar el gasto público en seguridad ciudadana, educación y áreas donde el Estado luce su abandono. Y lo anterior es solo parte de una lista larga de promesas. Pero, cuando buscas sustento de cómo financiarlas sosteniblemente, el discurso termina convirtiéndose en simples alucinaciones teñidas de color político, cual sueños de opio en tecnicolor.

Si se desea abordar estos objetivos, no con este accidental Congreso sino a partir del 2021, se requieren ingentes recursos. Pero estos difícilmente podrán lograrse descansando únicamente en reestructuraciones de gasto y reformas tributarias, pues las ganancias relativas serían marginales para abarcarlos. Pensar en un Estado que pueda atender tamañas aspiraciones sociales requiere financiamiento basado en crecimiento económico con mayor productividad. Y es ahí donde le duele al Perú, pues sin productividad lograr cambios sociales sustanciales es un espejismo. Por ello da lástima ver su desinfle estrepitoso en la última década bajo la terrible irresponsabilidad de nuestros políticos.

Una agrupación política seria, que quiera sacarnos del actual hoyo, tendría que saber que la receta hacia la prosperidad pasa por incrementar el rendimiento de nuestros factores productivos. El actuar reciente de varios gobiernos ha transitado en un despliegue tímido de esfuerzos por acometer acciones en ámbitos institucionales, infraestructura y regulación. Pero en tiempos de transformaciones globales, donde el avance acelerado de la tecnología trastoca los mercados, nos hemos olvidado de la crítica importancia del gasto en investigación, desarrollo más innovación (I+D+i), vectores que cruzan transversalmente el camino al progreso. Solo basta apreciar nuestras famélicas cifras para escarapelarnos. Estimados para el Perú indican que nuestro gasto en I+D es de menos del 0,1% del PBI por año, mientras Colombia lo hace en 0,3%, Chile en 0,4% y Brasil en 1,2%. El promedio en Latinoamérica está en 0,8%; en tanto, líderes como Corea del Sur e Israel, ejemplos vívidos del salto emergente al desarrollo, ostentan ratios superiores al 4%.

Nuestro gasto en I+D es una muestra aterradora de nuestro rezago, que limita formarnos un anhelo realista para el futuro. Recomponernos es una tarea dura, pues solo aproximarnos, por ejemplo, a los niveles de Colombia, implicaría que este indicador crezca 10% anual durante una década. Viéndolo así, surge el convencimiento de que no hay más espacio para el letargo. Debemos dejar de fantasear con soluciones mágicas y actuar como es debido si queremos una sociedad próspera.

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