"Urge implementar medidas que incentiven la contratación de empleo formal y permitan enfrentar las distorsiones", indica Jaramillo. (GEC/Agencias)
"Urge implementar medidas que incentiven la contratación de empleo formal y permitan enfrentar las distorsiones", indica Jaramillo. (GEC/Agencias)
Miguel Jaramillo

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El COVID-19 ha generado una crisis sin precedentes en la y el ; esta tuvo su peor fase en el segundo trimestre del 2020, cuando se registró una caída de -30% del PBI real y una reducción en el empleo de Lima Metropolitana de -55%, comparado con el 2019. Frente a ello, se implementaron políticas para apoyar a las y el empleo. No obstante, todavía se evidencia una lenta recuperación, sobre todo del empleo formal, y la cuarentena de febrero ha generado más incertidumbre.

Antes de la crisis ocasionada por el virus, el Perú ya partía de condiciones iniciales –asociadas a distorsiones en el mercado laboral– que no eran propicias para la formalización. Los principales problemas se relacionaban con (i) la poca institucionalidad y predictibilidad en las actualizaciones de la Remuneración Mínima Vital (R MV), (ii) los altos costos laborales no salariales, (iii) la coexistencia entre el Seguro Integral de Salud (SIS) y Essalud, (iv) el desincentivo al crecimiento de las empresas por la multiplicidad de regímenes tributarios, y (v) la política de reposición del Tribunal Constitucional ante el despido arbitrario.

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Por estas razones y ante la coyuntura actual, urge implementar medidas que incentiven la contratación de empleo formal y permitan enfrentar las distorsiones mencionadas.

LAS MEDIDAS

Una medida importante para mantener los puestos de trabajo e incentivar empleos formales sería el planteamiento de un régimen laboral temporal que brinde facilidades de liquidez y contratación a las empresas. Este régimen duraría 24 meses (o hasta diciembre del 2022) y solo aplicaría a las empresas más afectadas por el COVID-19.

Respecto al componente de liquidez, sería necesario reducir el costo laboral no salarial para las nuevas contrataciones durante la vigencia del régimen. Para ello, las empresas medianas y grandes tendrían acceso a las prestaciones del régimen especial de la pequeña empresa, lo que genera una reducción de 28 puntos porcentuales en los costos laborales. Esto posicionaría al Perú, temporalmente, cerca del promedio de los costos de la región.

Sobre las facilidades de contratación, se debe calificar de manera transitoria como causa de contratación temporal de nuevos trabajadores a la reactivación o adaptación de las empresas, producto de la crisis. Asimismo, deben darse reglas claras de contratación, para que el régimen solo sea aplicable a incrementos de planilla (nuevas contrataciones), y se evite el abuso del mismo.

Las empresas que se adhieran estarían sujetas a una serie de condiciones, como el no reparto de dividendos, no incremento de remuneraciones a la alta gerencia, entre otros. De igual forma, la salida del régimen temporal hacia el general debe llevarse progresivamente, con el fin de prevenir desvinculaciones de trabajadores a futuro.

Otra medida es promover la clase media de empresas. Para ello, es necesario potenciar a la pequeña empresa, la cual parte de una mejor condición de productividad (53% de una empresa grande, según el censo económico del 2008 del INEI) para afrontar los costos de la formalidad.

Para lograrlo, el SIS debería convertirse en un seguro válido para la formalidad en este segmento empresarial a través de la modificación del Decreto Legislativo 1086. Esto es importante si se considera que, de 800.000 trabajadores informales de la pequeña empresa en el 2019, el 43% ya tenía acceso al SIS y el 46% no tenía seguro. Además, el Gobierno emitió el D.U. 017-2019, por lo que ese 46% obtendría automáticamente cobertura gratuita por parte del SIS.

Finalmente, un ‘matching contribution’ del Estado al aporte previsional de los trabajadores de 18-29 años durante los primeros cuatro años (con tope de 1,5 veces la RMV) complementaría la medida anterior para hacer más atractivo este régimen laboral para los jóvenes.

Sobre la RMV, desde el 2007, tanto empleadores como trabajadores firmaron un acuerdo en el Consejo Nacional del Trabajo para institucionalizar la metodología de actualización. Dicha metodología incluía cuatro indicadores que, de activarse, no darían lugar a la actualización. Los indicadores gatillo son recesión y aumento excesivo de la tasa de desempleo, de la tasa de informalidad y de la relación RMV/salario promedio.

Es importante considerar que, ya desde el 2019 partíamos de una situación desventajosa frente a otros países de la Alianza del Pacífico, debido a que registrábamos uno de los ratios RMV/salario promedio más altos de este grupo y la productividad por trabajador más baja.

Es necesario, entonces, que el Estado, los trabajadores y los empleadores se pongan de acuerdo en las variables para construir estos indicadores, los umbrales que gatillen su activación y un criterio estadístico sólido.

La informalidad laboral es unos de los males que enfrentamos desde hace muchos años y que trajo consecuencias negativas a los peruanos durante la pandemia; es así que apremia implementar medidas que fomenten el empleo formal en el país. La crisis impactó significativamente sobre el mercado de trabajo, y se prevé una recuperación más lenta del empleo formal frente al informal. Resulta vital la ejecución de medidas que eviten el crecimiento de la informalidad en los próximos años y que aporten a la reactivación económica del Perú.

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